Se define el futuro de los vendedores en el Parque del Hacha

La remodelación del Parque del Hacha avanza en medio de expectativas ciudadanas y retos sociales asociados al uso histórico del espacio público. Tras el anuncio realizado en noviembre del pasado 2025 por el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, la Administración municipal confirmó que la obra ya se encuentra contratada y en ejecución, con el objetivo de modernizar la iluminación, embellecer el entorno y recuperar este punto emblemático del centro de la ciudad para el disfrute de la comunidad.

Por Daniel Jiménez

El director de Espacio Público de Villavicencio, Carlos Javier López Salazar, explicó que la intervención no se limita a una transformación física del parque, sino que implica decisiones complejas sobre el ordenamiento y uso del espacio. “Es una mentira decir que a los vendedores informales simplemente los vamos a sacar de un espacio”, afirmó el funcionario, al referirse a las inquietudes que han surgido entre comerciantes y ciudadanos frente al futuro del parque tras su entrega.

López Salazar señaló que cualquier estrategia debe ajustarse al marco jurídico vigente, en particular a la Sentencia C-211 de 2017 de la Corte Constitucional. “Esa sentencia nos dice que debemos reubicarlos, pero en un lugar de iguales o similares condiciones”, explicó, al tiempo que reconoció que el centro de Villavicencio presenta una ocupación “caóticamente densa”, lo que limita las opciones de reubicación inmediata. Según el director, esto obliga a evaluar alternativas dentro de la misma zona y a planificar con cuidado las decisiones que se adopten.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, una de las opciones que se estudia es concentrar a los comerciantes en un solo punto del parque, evitando que ocupen la totalidad del espacio y permitiendo su uso libre por parte de peatones y visitantes.

Sobre las casetas que tradicionalmente han funcionado en el sector, López Salazar precisó que se trata de bienes muebles que pertenecen al municipio. “No hay una directriz aún de qué se va a hacer con ellas”, explicó, aunque reiteró que la intención es organizar el espacio de manera que no se afecte la movilidad ni la funcionalidad del parque como escenario público.

Uno de los factores que incidirá directamente en el ordenamiento del parque es la construcción de un CAI de la Policía en el sector. Al respecto, el director de Espacio Público señaló que la cercanía a una estación policial implica restricciones claras. “Cerca al CAI no puede haber vendedores informales”, sostuvo, lo que obligará a definir ubicaciones alejadas de esta infraestructura de seguridad o a replantear la presencia comercial en el lugar.

Otro tema recurrente en el Parque del Hacha ha sido su uso como zona de parqueo informal para motocicletas y vehículos. Frente a esta situación, López Salazar indicó, añadiendo que podrían evaluarse estrategias como zonas reguladas de estacionamiento, en articulación con otras secretarías del municipio.

La situación de los trabajadores informales de este espacio refleja una problemática social que va más allá de la intervención física del espacio. Para quienes han desarrollado allí su actividad económica durante años, la disminución de las ventas, los problemas de seguridad y los costos asociados al uso de las casetas han deteriorado de manera significativa sus condiciones de vida y su sustento diario, generando incertidumbre frente al futuro del sector tras la remodelación.

“La situación aquí se volvió muy difícil. Hay consumo de droga, problemas de seguridad y las ventas ya no dan. Además, mantener la caseta es costoso y desde antes de la pandemia no he podido recuperarme”, manifestó Norma Agudelo, trabajadora informal del sector del parque del Hacha.

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La Sentencia C-211 de 2017, citada por el director de Espacio Público, estableció que el Estado puede proteger el espacio público, pero sin aplicar sanciones de manera automática o desproporcionada contra poblaciones vulnerables. El fallo condiciona medidas como multas o decomisos a la oferta previa de alternativas reales de reubicación o trabajo formal, con el fin de salvaguardar derechos fundamentales como el trabajo, la dignidad humana y el mínimo vital.

Mientras se acerca la entrega del parque renovado, el debate continúa abierto. Desde Periódico del Meta intentamos obtener una posición oficial de la Alta Consejería para la Seguridad frente al impacto de la obra y las medidas de control que se implementarán en el sector, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Entre tanto, la Administración municipal insiste en que las decisiones se tomarán de manera gradual, buscando un equilibrio entre la recuperación del espacio público, la seguridad ciudadana y la realidad social de quienes históricamente han hecho del Parque del Hacha su lugar de trabajo.