¿Tiene solución la vía al Llano? Estas son las propuestas que llegan al debate político

A pocas semanas de las elecciones al Congreso de la República, el debate regional vuelve a girar en torno a los problemas que históricamente han marcado a la Orinoquia. Entre promesas, discursos y nuevas candidaturas, la conectividad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. La vía Bogotá–Villavicencio no solo es un corredor estratégico para el Meta, sino la arteria que conecta a la media Colombia con el centro del país. Su inestabilidad, cierres recurrentes y emergencias naturales han convertido la infraestructura vial en un tema inevitable dentro de la discusión política.

Por Melissa Céspedes

Más allá de los discursos, la vía al Llano arrastra un historial de eventos que han dejado pérdidas humanas, económicas y profundas afectaciones sociales. En julio de 2023, una avalancha torrencial en la vereda El Naranjal, en Quetame (Cundinamarca), provocó una de las tragedias más dolorosas recientes. Las fuertes lluvias generaron crecientes súbitas que ocasionaron la muerte de 10 personas y la desaparición de al menos 20 más. La emergencia también produjo el colapso del puente Naranjal I, una estructura clave en el sentido Villavicencio–Bogotá.

Posteriormente, los puentes fueron instalados por la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional. De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares, al menos 39 uniformados participaron en su instalación para restablecer la movilidad en este corredor estratégico.

Los cierres no solo han estado asociados a fenómenos naturales. En julio de 2025, el corredor volvió a ser escenario de tensión por cuenta del paro arrocero. Los productores, bloquearon importantes puntos de la vía como mecanismo de presión ante la crisis de precios y el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional. La situación volvió a evidenciar la fragilidad de una carretera que, además de los riesgos geológicos, enfrenta interrupciones por conflictos sociales y económicos.

Meses después, en septiembre de 2025, un nuevo deslizamiento de tierra provocó el cierre total del corredor vial, especialmente en el kilómetro 18, considerado uno de los puntos más sensibles de la vía Bogotá–Villavicencio. Este tramo, habilitado de manera provisional, registra un tráfico cercano a los 10.000 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente 4.000 corresponden al transporte de carga. Tras un mes de restricciones y trabajos de evaluación, el Ministerio de Transporte anunció la habilitación de un carril en este sector, como medida transitoria mientras se avanza en una solución definitiva, dada la complejidad técnica de la zona.

Ante este contexto, Periódico del Meta consultó a algunos candidatos al Senado sobre las medidas concretas que impulsarían para garantizar una vía al Llano segura y estable.

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Henry Ladino por Cambio Radical:

Planteó que la herramienta más poderosa del Congreso es el control político. Señaló que, mediante debates sólidos y una bancada regional fuerte, se pueden direccionar recursos para la conectividad de la media Colombia. Insistió en que el problema no solo involucra al Meta, sino a departamentos como Arauca, Casanare, Vichada y Guaviare, además del oriente de Cundinamarca. También mencionó la necesidad de fortalecer alternativas como la navegabilidad del río Meta y la infraestructura aeroportuaria.

Alejandro Vega por Partido Liberal Colombiano:

Destacó la inclusión del Tramo I de la vía Bogotá–Villavicencio en el Plan Nacional de Desarrollo y la existencia de estudios de factibilidad para 32 kilómetros entre Bogotá y El Tablón. Reconoció que los estudios representan un avance significativo, pero subrayó que la prioridad debe ser la ejecución de obras. Anunció la intención de radicar un proyecto de ley para declarar los puntos críticos como de interés nacional, buscando garantizar financiación estable y evitar que las soluciones dependan de decisiones políticas coyunturales.

Amalia Salgado con Centro Democratico:

Indicó que la solución requiere liderazgo y decisiones estructurales, independientemente de la figura jurídica que se adopte. Consideró viable evaluar esquemas como concesiones, alianzas público-privadas u obras por impuestos. Señaló que, para la ciudadanía, lo fundamental es contar con una vía funcional, segura y sin cierres permanentes. También enfatizó la necesidad de intervenir los puntos críticos y los tramos faltantes de la doble calzada.

Rodrigo Cortés con Partido Dignidad y Compromiso:

Propuso fortalecer la gestión presupuestal desde el Congreso y garantizar rubros específicos para infraestructura estratégica. Advirtió sobre los riesgos del populismo en la discusión vial y defendió la necesidad de planes técnicos y financieros sostenibles. Sugirió trabajar de manera articulada con gobernaciones y alcaldías, además de explorar corredores alternos y fortalecer la infraestructura aeroportuaria como respaldo ante contingencias.

Alan Jara con Alianza Verde:

Señaló que la acción prioritaria es definir la doble calzada entre El Tablón, Cáqueza y Bogotá. Propuso implementar el mecanismo de obras por impuestos para resolver las limitaciones financieras sin generar nuevas cargas para los usuarios. Consideró que este modelo permitiría a los concesionarios invertir directamente, garantizando beneficios tanto para la comunidad como para los inversionistas.