Una medida contracíclica por el cierre de la vía / Análisis

El restablecimiento del tránsito en la carretera Bogotá–Villavicencio no ha logrado revertir el deterioro económico que dejaron los cierres recurrentes. Con pérdidas multimillonarias, cadenas productivas fracturadas y ausencia de medidas fiscales, la región enfrenta un escenario de histéresis que amenaza con prolongarse durante años si no se adoptan soluciones de fondo.

Por Mario Romero // Especial para Periódico del Meta

Desde hace varios años existe en la región una confusión recurrente en la gestión de crisis económicas regionales causadas por problemas en su infraestructura: asumir que restaurar la infraestructura física equivale a recuperar la economía. La vía Bogotá–Villavicencio opera nuevamente con soluciones parciales, lo que ha llevado a las autoridades a declarar el problema resuelto. La realidad es distinta: lo que se reabrió fue la carretera, no la economía del Meta.

Los cierres en 2019, 2023 y 2025 generaron pérdidas entre $20.000 y $60.000 millones diarios, según reportes de distintos gremios regionales. El sector hotelero es el principal afectado, los costos de transporte aumentan y se presentan incrementos en la carga pesada. El sector transportador reportó pérdidas millonarias. Esta realidad representa comercios cerrados, empresas quebradas y algo que queda fuera del radar: cadenas de valor destruidas que no se recuperan automáticamente.

La pregunta es: si la vía está operativa, ¿por qué la economía regional no ha retomado su senda de crecimiento? La respuesta está en el concepto de histéresis económica. Cuando un choque económico supera ciertos umbrales, sus efectos persisten incluso después de que la causa original desaparece. El desempleo prolongado deteriora el capital humano. Las empresas quebradas pierden capital organizacional acumulado durante años. Las cadenas comerciales rotas no se reconstruyen espontáneamente.

La realidad es que la economía del Meta presenta características de un equilibrio de baja actividad: se normalizó el cierre periódico de la principal conexión estratégica de la región. Esperar que el mercado corrija esta situación sin intervención implica aceptar una recuperación que podría extenderse por años. Mientras tanto, el golpe estructural en el mercado laboral persiste, las empresas operan con márgenes reducidos y el poder adquisitivo de los hogares permanece deprimido, cerrando un círculo vicioso autosostenido.

La institucionalidad muestra una actitud pasiva: solo reacciona en los momentos de cierre, sin propuestas profundas o contracíclicas. El problema sigue a pesar de que la vía se reabra, las brechas regionales se profundizan y el tejido empresarial se erosiona. ¿Quién actúa? ¿Quién propone soluciones técnicamente sólidas? Como me temo, el diagnóstico institucional no incluye el concepto de que una crisis de demanda agregada requiere una respuesta de política fiscal, no solo reparación vial.

Con la situación actual, en vez de implementar instrumentos de estabilización económica probados, las autoridades se limitan a monitorear indicadores mientras la economía regional languidece, sin importar que existan precedentes normativos claros y fundamentación técnica sólida para actuar.

Además de lo anterior, es alarmante que, durante estos varios años de crisis recurrentes, no se haya diseñado ni implementado una sola medida de política fiscal contracíclica, de largo alcance y de impacto general para la región. Con qué desinterés el Gobierno nacional —el actual y los pasados—, después de pérdidas documentadas, se ha negado a considerar instrumentos de política fiscal para recuperar la economía de la región. En el Gobierno nacional tiene silla una ministra villavicense, un director de la ANT llanero, viceministros y varios directivos que vienen de la región, así como un senador y representantes a la Cámara. Es más, creo que nunca antes se había presentado un bloque de presencia regional tan amplio. Por lo cual dejo una propuesta necesaria y viable como herramienta contracíclica para recuperar la economía regional: la exclusión temporal del IVA.

Existe un precedente normativo: la Ley 2010 de 2019 estableció exclusión del IVA para compensar sobrecostos estructurales en departamentos como el Guaviare. Si el legislador consideró válido compensar aislamiento geográfico permanente, entre otros argumentos, existe una fundamentación análoga para aplicar el mismo instrumento al Meta por aislamiento funcional recurrente. El problema de la infraestructura inestable no tiene una solución de fondo; la medida también responde a posibles nuevos cierres.

La propuesta técnica es eliminar el IVA del 19 % sobre bienes de primera necesidad durante tres años. Esto puede generar una proyección de incremento del consumo regional cercano a los $106.000 millones anuales. Con un multiplicador fiscal de 1,21, el efecto total sobre el PIB departamental sería un monto superior a $128.000 millones anuales, equivalente al 1,04 % del PIB regional. El costo fiscal neto sería un aproximado de $213.000 millones anuales, apenas el 0,112 % de los ingresos tributarios nacionales.

El Meta no solicita privilegios permanentes; exige una respuesta integral a un problema estructural. La solicitud es aplicar el mismo principio de equidad territorial que se aplicó en ocasiones pasadas, reconociendo que tres años de crisis recurrentes no se superan con tres meses de vía operativa. Esta es una propuesta de política fiscal contracíclica temporal, evaluable y transparente, con precedente normativo verificable.

Los argumentos están sobre la mesa. Los precedentes existen. El análisis costo–beneficio justifica la intervención. La decisión queda en cabeza del Congreso, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Con tantas voces de la región en el Gobierno nacional, su silencio será aún más notorio si no actúan con responsabilidad para recuperar la economía del Meta.