“Usuarios deben pagar solo por la calidad del servicio que reciben” Ruth Quevedo – CRA | Entrevista

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) socializó en Villavicencio dos proyectos de resolución que buscan actualizar el marco tarifario de acueducto, alcantarillado y aseo a partir de 2026. La experta comisionada Ruth Maritza Quevedo Fique, economista de la Universidad Nacional, explica los cambios que se vienen, el impacto en los usuarios y el reto de tratar el agua como un derecho humano, y no como una mercancía.

Por Daniel Jiménez

La economista Ruth Maritza Quevedo Fique (R.Q.), experta comisionada de la Unidad Administrativa Especial – Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (UAE-CRA), visitó Villavicencio en el marco de la socialización de los proyectos de resolución que buscan actualizar las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo en el país. Quevedo, integrante del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la Universidad Nacional de Colombia, y candidata a magíster en Ordenamiento Urbano y Regional, ha dedicado su trayectoria al estudio de la economía popular y al diseño de políticas públicas con enfoque social y ambiental.

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Desde su rol en la CRA, lideró los espacios de participación ciudadana en la capital del Meta, donde explicó los cambios que se avecinan en la regulación: el reconocimiento del agua como un derecho humano, la exigencia de tarifas justas y la promoción de un modelo de aseo orientado a la separación en la fuente, el reciclaje y la inclusión de recicladores de oficio. En diálogo con Periódico del Meta (PDM), Quevedo detalló los principales retos del nuevo marco tarifario y los beneficios que traerá para los usuarios y el medioambiente.

PDM: ¿Cuál es el objetivo central de la visita de la CRA a Villavicencio?

R.Q.: Estamos en consulta pública para presentar dos proyectos de resolución que estarán abiertos a comentarios hasta finales de octubre. La idea es escuchar a todos los actores: usuarios, empresas, alcaldes y organizaciones sociales. Queremos que los nuevos marcos regulatorios garanticen que el agua sea tratada como un bien común y que el servicio de aseo se oriente hacia la política de ‘basura cero’.

PDM: Se habla de cambios importantes en la tarifa de acueducto y aseo. ¿En qué consisten?

R.Q.: Lo primero es que el agua será reconocida como un derecho humano, no como una mercancía. En segundo lugar, buscamos que los usuarios paguen tarifas justas, acordes con la calidad del servicio recibido. También se prohibirá que las empresas incluyan en la tarifa proyectos de inversión que nunca ejecutan, como ocurre hoy. Y, en aseo, habrá incentivos para el reciclaje: quien separe sus residuos pagará menos; quien no lo haga, pagará más.

PDM: ¿Qué problemas han identificado en el modelo tarifario actual?

R.Q.: Hay varios. En primer lugar, los costos de barrido y limpieza se incrementaron de manera exponencial en varias ciudades, sin justificación clara. Segundo, muchos usuarios aún no separan los residuos en la fuente, lo que impide avanzar hacia un sistema integral de aprovechamiento. Tercero, las quejas de los usuarios rara vez derivan en descuentos por incumplimiento de los prestadores. Y cuarto, los municipios pequeños carecen de recursos para cubrir los costos del servicio, lo que genera inequidad.

PDM: ¿Estos cambios podrían traducirse en una reducción del valor de la factura para los ciudadanos?

R.Q.: Estamos haciendo un análisis de impacto tarifario. Lo que vemos es que actividades como la recolección, el transporte, el barrido y la limpieza deberían bajar de costo. En contraste, actividades como el aprovechamiento de residuos y el tratamiento sí subirán, porque antes no se remuneraban adecuadamente. En conjunto, esperamos que el incremento para los usuarios no sea significativo y que, en muchos casos, haya reducciones.

PDM: ¿Qué mecanismos tendrán los ciudadanos para verificar que lo que pagan corresponde a la realidad del servicio?

R.Q.: Hay tres objetivos estructurales. Uno, la inclusión social de los recicladores, quienes tendrán exclusividad por 15 años para operar el servicio de aprovechamiento. Dos, la protección ambiental, pues la basura hoy contamina fuentes hídricas y ecosistemas. Y tres, la reindustrialización: que este sector sea generador de empleo y tecnología. Todo esto se reflejará en tarifas más transparentes, sujetas a control social.

PDM: ¿Cómo impactará esto a los conjuntos residenciales?

R.Q.: Ellos podrán solicitar el aforo de residuos, es decir, calcular cuánto entregan en orgánicos, reciclables y ordinarios. Si logran una gestión adecuada, el conjunto tendrá una disminución importante en el costo de la tarifa, siempre y cuando la asamblea de copropietarios lo apruebe.

PDM: Un punto clave es el agua como derecho humano. ¿Cómo se garantiza que no se convierta en una mercancía?

R.Q.: El Ministerio de Vivienda ya expidió un decreto que establece el mínimo vital de agua, el cual debe ser financiado por las entidades territoriales. La CRA lo reglamentará. Además, se reconocerá la gestión comunitaria del agua en zonas rurales y se prohibirá trasladar a las tarifas inversiones no ejecutadas por los prestadores. También se incluirán obligaciones ambientales adicionales, como la recuperación de ecosistemas degradados.

PDM: ¿Cómo está hoy el mercado del aseo en Colombia y qué retos regulatorios enfrenta?

R.Q.: Actualmente, cinco grandes grupos económicos concentran el 85 % de la operación en el país. Ese nivel de concentración puede traducirse en costos injustificados para los usuarios. Por eso, buscamos abrir el mercado, sobre todo en el tratamiento de residuos orgánicos, para que entren nuevos prestadores. También queremos consolidar el papel de las organizaciones de recicladores, de manera que este sea un modelo redistributivo e incluyente.

PDM: ¿Cree que estas reformas alcanzarán a concretarse en este gobierno?

R.Q.: Sí. Tenemos los equipos técnicos y jurídicos listos. La meta es expedir en diciembre de 2025 los marcos tarifarios para grandes prestadores y, en 2026, avanzar con los de municipios pequeños. Este es un ejercicio legal: cada cinco años la regulación debe actualizarse, y lo que definamos ahora será la política tarifaria vigente desde 2026.

PDM: ¿Qué mensaje les deja a los usuarios del Meta frente a este proceso?

R.Q.: Que participen activamente en la consulta pública. Este es el momento de opinar y proponer mejoras. Los ciudadanos deben saber que separar residuos en sus hogares y exigir calidad en el servicio no solo protege el medioambiente, sino que impacta directamente en el valor de su factura. La regulación es para todos, y, entre más voces participen, más justo y sostenible será el modelo que construiremos.