Villavicencio busca redención con su nuevo catastro

Para facilitar el proceso, el municipio ha fortalecido su capacidad operativa con herramientas tecnológicas como sensores terrestres y aéreos, que permitirán levantar información topográfica y cartográfica precisa. 

Por Lina Herrera

La Alcaldía de Villavicencio, a través de la secretaría de Catastro y Espacio Público, inició un nuevo proceso de actualización catastral urbana y rural que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

 Esta acción, de acuerdo con la dependencia, busca corregir las fallas del proceso anterior, realizado en 2020, y garantizar un avalúo acorde con la realidad física, jurídica y ambiental de los predios en el municipio.

El proceso será realizado directamente por el municipio, con el apoyo de más de 200 profesionales calificados en arquitectura, avalúos, geografía y otras disciplinas. Según la directora de Conservación Catastral, Ginna Fernanda Marín Rivera, el equipo recorrerá todos los sectores de la ciudad con el acompañamiento de líderes comunitarios, para asegurar una ejecución transparente y equitativa.

Por su parte, Carlos Cárdenas, secretario de Catastro, explicó que esta actualización no se enfocará únicamente en el componente económico, sino que también incluirá validaciones físicas (como la morfología del terreno), jurídicas (relacionadas con la propiedad) y factores ambientales definidos en el ordenamiento territorial.

“El equipo municipal será el encargado de hacer los estudios de mercado, determinar valores de suelo y construcción, y aplicar controles de calidad para garantizar la fiabilidad del proceso”, indicó.

Uno de los aspectos clave será la inclusión de predios ubicados en barrios informales. Estos serán tenidos en cuenta con base en los diagnósticos realizados por la Secretaría de Planeación y los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con el fin de incorporar al catastro predial a aquellos que cumplan con los criterios definidos.

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Actualización catastral de 2020: un proceso truncado que derivó en protestas y acciones legales

Según lo expuesto por la administración municipal, la necesidad de esta nueva actualización responde a los múltiples errores del proceso parcial realizado en 2020, que cubrió apenas el 40 % del territorio de Villavicencio (85.000 predios) y generó un alto volumen de reclamos. Entre 2024 y lo corrido de 2025, el municipio ha debido responder cerca de 33.000 derechos de petición y acciones de tutela por inconsistencias en los avalúos.

La actualización catastral que se intentó implementar a partir del año 2020, fue un proceso marcado por cambios imprevistos y fallas metodológicas. Así lo explicó Mario Romero, exsecretario de Planeación del municipio y uno de los funcionarios que estuvo al frente de las primeras fases del proceso.

Según Romero, la actualización catastral se inició con un contrato directo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el objetivo de actualizar la información física, jurídica y económica de los predios del municipio. “En Villavicencio la gente suele asociar el catastro solo con el impuesto predial, pero hay muchas otras variables que se deben tener en cuenta, como linderos, mejoras no reconocidas o errores jurídicos”, afirmó.

La primera fase del proceso se adelantó mediante la metodología de zonas homogéneas, en un sector concentrado de la ciudad. Esta etapa permitió corregir errores estructurales del catastro, lo que sirvió de base para liquidar el impuesto predial del año siguiente. Sin embargo, el avance logrado se vería afectado por un cambio inesperado.

Con el ingreso de una nueva dirección al IGAC, el equipo técnico fue reemplazado y se modificó la metodología del proceso, pasando de zonas homogéneas a un modelo econométrico. Esta decisión, según Romero, tomada sin consultar al municipio, marcó un punto de quiebre en la relación entre las partes.

“Empezamos a hacer seguimiento, enviamos solicitudes formales, advertimos de las fallas, pero el IGAC no atendió los requerimientos. Emitieron la Resolución 047, actualizando el catastro sin que el municipio conociera o validara los resultados”, denunció.

El problema estalló en 2022, cuando en los primeros meses del año el municipio aún no había recibido la nueva base catastral, pero el cobro del impuesto predial ya se había disparado, afectando a miles de ciudadanos. En respuesta, la administración municipal inició acciones legales y administrativas contra el IGAC.

“El municipio declaró el incumplimiento del contrato, activó el trámite para hacer efectiva la póliza de cumplimiento, y además iniciamos una acción popular. Aunque el juez reconoció todo el trabajo de supervisión que hicimos, señaló que existían otros mecanismos para corregir la gestión catastral”, explicó Romero.

Este antecedente se convirtió en uno de los principales desafíos que recibió la actual administración al inicio de su mandato, al tener que enfrentar las consecuencias de un proceso inconcluso y ampliamente cuestionado.