Villavicencio se alista para el regreso de las fotomultas

La reactivación del sistema de fotodetección en Villavicencio avanza en su fase contractual y técnica, según confirmó la secretaría de Movilidad, mientras representantes del gremio motero expresaron preocupación por la falta de socialización del proyecto y solicitaron participación en las decisiones antes de su implementación.

Por Daniel E. Jiménez

De acuerdo con el secretario de Movilidad de Villavicencio, Luis Fernando Ramírez Garzón, el proceso no responde a coyunturas políticas sino a requisitos técnicos y legales exigidos por el Gobierno Nacional.

“El proyecto no depende del tema político. Estamos finiquitando todo el proceso contractual para contar con operadores que permitan la modernización de la red semafórica y posteriormente solicitar la autorización ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, explicó el funcionario en diálogo con Periódico del Meta.

Según indicó, la ciudad debe iniciar prácticamente desde cero luego de que en 2020 la administración anterior suspendiera de manera unilateral la detección electrónica de infracciones, lo que implicó la pérdida de equipos tecnológicos y del proceso que ya se había adelantado desde 2015.

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“La decisión de suspender hizo que se perdiera todo el componente tecnológico. Nos toca volver a empezar con estudios de tránsito, inventarios de señalización y análisis de siniestralidad”, agregó Ramírez.

La Secretaría de Movilidad adelanta actualmente estudios técnicos que permitirán solicitar la autorización oficial ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), trámite que podría tardar al menos tres meses.

De cumplirse los tiempos previstos, las primeras cámaras podrían entrar en funcionamiento entre mayo y junio de este año.

El secretario señaló que la instalación sería progresiva y priorizaría corredores con altos índices de accidentalidad, entre ellos la vía Catama, el Anillo Vial y sectores como el monumento al Coleo y la intersección conocida como la Chevrolet.

“El objetivo es regular la velocidad y reducir la siniestralidad. Hoy la ley establece que en zonas urbanas no se pueden superar los 50 kilómetros por hora, pero ha sido difícil controlar ese límite sin herramientas tecnológicas”, afirmó.

La medida se sustenta en la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, que fija velocidades máximas de 50 km/h en zonas urbanas y de 30 km/h en entornos escolares y residenciales, buscando disminuir los siniestros viales.

Desde el gremio motero, sin embargo, aseguran que aún no han sido convocados a espacios de socialización sobre el funcionamiento del sistema.

Giovanny López, presidente de la Asociación de Motoclubes del Meta y Villavicencio, afirmó que existe incertidumbre frente a la operación de las cámaras y la manera en que se impondrían los comparendos.

“A nosotros no nos han llamado a reunión ni han hecho socialización sobre cómo van a funcionar las fotomultas. Así es difícil saber si estamos o no de acuerdo”, manifestó.

El representante indicó que el gremio respalda los controles cuando estén orientados a sancionar conductas peligrosas, como cruzar semáforos en rojo o circular sin revisión técnico-mecánica o SOAT vigente, pero insiste en que debe garantizarse la identificación plena del conductor.

“Existe un concepto del Congreso que señala que las cámaras deben identificar plenamente al conductor. Si no ocurre, muchos comparendos podrían caerse jurídicamente”, señaló López.

Asimismo, cuestionó la falta de reactivación de mesas técnicas de movilidad que anteriormente permitían concertar medidas con los distintos actores viales.

“Siempre hemos estado dispuestos a aportar ideas para mejorar la movilidad, pero esas mesas no se han vuelto a convocar”, agregó.

De acuerdo con el documento pedagógico elaborado por la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos (SAST) no imponen multas directamente, sino que recopilan evidencia que posteriormente es evaluada por la autoridad de tránsito.

Solo las autoridades pueden emitir comparendos, los cuales deben notificarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su validación, garantizando el derecho a la defensa del ciudadano.}

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Además, la Corte Constitucional eliminó la responsabilidad automática del propietario del vehículo, por lo que la sanción debe recaer sobre quien realmente cometió la infracción.

Desde el ámbito técnico, Jimena Rivera Martínez, investigadora en movilidad sostenible, señaló que los sistemas de fotodetección pueden convertirse en una herramienta efectiva para reducir la gravedad de los siniestros viales si se aplican bajo criterios técnicos y legales. “Instalar un sistema de fotodetección conforme a la Ley 1843 de 2017 sí representa una estrategia efectiva para mitigar la siniestralidad, respaldada por evidencia nacional. En Bogotá, por ejemplo, las cámaras han reducido hasta un 19% los siniestros fatales y un 10% los lesionados en corredores clave”, explicó.