Villavicencio: Una ciudad que crece, pero sin suficientes estaciones de bomberos

En 2021, luego de 30 años, Villavicencio amplió su organización territorial a 10 comunas e incorporó cerca de 70 barrios dentro de la actualización político‑administrativa establecida en el acuerdo 03 de 2021. Esta expansión abre interrogantes sobre si la capital del Meta cuenta con la infraestructura suficiente para responder de manera oportuna a emergencias en una ciudad que continúa extendiéndose.

Por Melissa Céspedes y Daniel E. Jiménez

Un ejemplo de esta situación es la infraestructura del Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con estudios presentados por la institución, la ciudad debería contar al menos con cuatro subestaciones adicionales para garantizar tiempos de respuesta adecuados ante emergencias.

Y es que, esta necesidad se fundamenta en factores como, la presencia de corredores de transporte de hidrocarburos, zonas forestales con riesgo de incendios y sectores urbanos densamente poblados que requieren cobertura para emergencias estructurales.

El capitán del Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Villavicencio, William Álvarez, explicó que, la expansión de barrios y nuevas urbanizaciones no siempre ha estado acompañada por políticas urbanísticas sólidas, lo que ha generado dificultades para que los servicios de emergencia respondan con eficiencia.

En ese sentido, dijo que la estación central, que funciona desde hace más de 40 años, hoy resulta insuficiente para atender a toda la ciudad y señaló que actualmente “Villavicencio ha crecido muy rápido y en muchos casos de manera desordenada, sin una política clara de expansión urbana. Eso ha hecho que una ciudad que durante décadas funcionó con una sola estación de bomberos hoy tenga dificultades para atender de forma oportuna a los sectores más alejados”.

Como ejemplo, indicó que llegar desde el centro hasta zonas como La Madrid o el barrio 13 de Mayo puede tardar entre 30 y 35 minutos, tiempos que también se repiten en sectores poblados como Pompeya, Bella Suiza, La Llanerita, Santa Rosa, La Vigía o Apiay. Frente a este panorama, advirtió que “si un vehículo de bomberos tarda media hora en llegar a una emergencia, el servicio deja de ser oportuno. En ese tiempo un incendio puede crecer, afectar más viviendas o poner en mayor riesgo a las personas”.

Sobre los intentos para avanzar en nuevas estaciones, el sargento Richar Benito, coordinador de emergencias de Bomberos Villavicencio, explicó que años atrás se estructuró un convenio en el que participarían el municipio, la Dirección Nacional de Bomberos y el propio cuerpo de bomberos de la ciudad. En ese acuerdo, la administración debía aportar el terreno, mientras que otras instancias contribuirían con recursos y estudios técnicos. Durante cerca de tres años se adelantaron estudios, planos y diseños técnicos para sacar adelante el proyecto.

No obstante, el proceso no logró consolidarse y el convenio terminó cayéndose. De acuerdo con el uniformado, incluso existía un terreno viable en la comuna 8. “La Dirección Nacional ya tenía listo un monto importante para girar y nosotros como cuerpo de bomberos también habíamos hecho el esfuerzo con estudios y diseños. Pero como el municipio debía garantizar el terreno y el acto administrativo no se concretó, el convenio se venció y el dinero tuvo que devolverse”.

Aun así, el sargento aseguró que la institución continúa buscando alternativas para retomar la iniciativa. En la actualidad se adelantan conversaciones con empresarios que podrían apoyar la consecución de un predio para una nueva estación. Según explicó, “si logramos conseguir un terreno, podemos volver a tocar puertas a nivel nacional e incluso internacional para gestionar recursos y retomar el proyecto de las subestaciones que necesita la ciudad”.

Desde la administración municipal, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, Juan Carlos Guzmán, reconoció que el crecimiento de la ciudad plantea nuevos retos en materia de atención de emergencias. Explicó que la capital del Meta hoy se calcula cercana a los 600.000 habitantes, lo que obliga a analizar estratégicamente dónde ubicar futuras estaciones sin descuidar el centro urbano.

En ese sentido, indicó que sectores como Porfía, La Reliquia o los corredores de expansión urbana hacia el sur de la ciudad deberían considerarse dentro de la planificación futura. Además, reveló que la administración está revisando información relacionada con un convenio planteado años atrás para construir una estación en la comuna diez. Sobre ese proceso explicó que “existió un acuerdo de voluntades donde varias entidades aportarían recursos y el municipio debía entregar el lote. Estamos revisando esa documentación para ver si el proyecto se puede reactivar y encontrar una alternativa para la ciudad”.

Asimismo, consideró que una nueva sede permitiría redistribuir mejor los recursos disponibles, ya que actualmente “lo que se quedó pequeño frente al crecimiento de la ciudad fue la infraestructura de bomberos, no necesariamente su capacidad operativa”.

Desde una perspectiva técnica, el magíster en Ordenamiento Territorial Diego Barbosa explicó que el crecimiento urbano genera nuevas demandas sobre la infraestructura y los servicios de una ciudad.

El especialista señaló que la ubicación de nuevas subestaciones debe responder a criterios técnicos y a la planificación territorial establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto implica anticipar dónde estará la demanda futura y garantizar que la infraestructura acompañe el crecimiento urbano. De lo contrario, advirtió que “la ciudad puede enfrentar cuellos de botella que frenen proyectos, encarezcan el desarrollo urbano y afecten la continuidad de servicios esenciales como salud, agua, movilidad o comunicaciones”.

En los barrios ubicados en zonas de expansión, la preocupación también se percibe desde las comunidades. Libardo Criollo, presidente de la junta de acción comunal del sector de La Madrid, aseguró que en las comunas 8 y 9 aún faltan varias infraestructuras institucionales, entre ellas estaciones de bomberos, centros de salud y presencia policial.

El líder comunitario afirmó que la distancia influye directamente en la atención de emergencias y explicó que los habitantes del sector han manifestado su preocupación por los tiempos de respuesta, “cuando ocurre un accidente o un incendio, los organismos de emergencia tienen que desplazarse desde el centro de la ciudad y eso hace que muchas veces la atención tarde una hora o incluso más en llegar”.

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En este panorama, a medida que avanzan gestiones para subestaciones y fortalecer la infraestructura de emergencias, la ciudad deberá asegurar servicios suficientes para su expansión territorial.

Los posibles vacíos en el cumplimiento de normas contra incendios

Autoridades y organismos de socorro coinciden en que persisten vacíos en la aplicación de leyes nacionales como la Ley 1575 y la NSR-10, fundamentales para prevenir emergencias y proteger a la ciudadanía.

El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad contra incendios y gestión del riesgo en Villavicencio también genera preocupación entre organismos de socorro, autoridades y líderes comunitarios, quienes advierten que aún persisten vacíos en la aplicación de las disposiciones legales que buscan prevenir emergencias y proteger la vida de los ciudadanos.

El capitán William Fernando Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villavicencio, explicó que, una de las principales dificultades radica en el desconocimiento y la falta de aplicación de las normas urbanísticas y de seguridad vigentes.

“Villavicencio ha crecido de manera acelerada y desordenada, debido a que ni desde la ciudadanía ni desde las administraciones ha habido una política clara frente a las normas urbanísticas que deben acatarse”, señaló.

El oficial advirtió que en múltiples inspecciones se han encontrado edificaciones que no cumplen requisitos básicos para la atención de emergencias. “Hemos llegado a urbanizaciones donde sorpresivamente no cabe un carro de bomberos o donde las construcciones no cuentan con red propia contra incendios”, afirmó.

De acuerdo con el comandante, la exigencia de estas condiciones no responde a decisiones institucionales aisladas sino al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012, que regula la actividad bomberil en Colombia.

“No es una norma municipal ni departamental; es una ley de la República. Esa ley impone el servicio bomberil como un servicio público de obligatorio cumplimiento y todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a él”, explicó Álvarez, al insistir en que las condiciones de seguridad deben garantizarse desde la construcción misma de los proyectos.

El cuerpo de Bomberos de Villavicencio también advirtió que algunos escenarios de alta ocupación aún presentan pendientes frente a la normativa nacional vigente.

Según explicó el capitán Álvarez, la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente NSR-10 establece obligaciones específicas en materia de seguridad humana y protección contra incendios.

“Si nos vamos a la NSR-10, los escenarios de gran ocupación deben tener una red autónoma contra incendios con tanque reservorio y bomba propia para responder de manera inmediata. Actualmente hay escenarios que carecen de ese sistema”, indicó.

Agregó que mientras no se cumpla completamente lo establecido por la norma, no es posible emitir certificaciones bomberiles. “Nosotros somos un ente verificador y no podemos proceder a certificar hasta que el ordenamiento legal se cumpla totalmente”.

Desde el Cuerpo de Bomberos también se recordó que la gestión del riesgo en Colombia está organizada bajo la Ley 1523 de 2012, que establece responsabilidades institucionales claras.

Por su parte, el sargento Richard Benito explicó que la normativa define una cadena de obligaciones desde las autoridades municipales y departamentales hasta los organismos operativos.

“Los responsables van por escalas. El responsable del riesgo en la ciudad es el alcalde y desde ahí nacen los deberes de análisis, evaluación y gestión del riesgo para todas las instituciones”, manifestó.

El uniformado añadió que la normativa exige que cada municipio mantenga actualizados sus análisis y planes estratégicos de respuesta a emergencias. “Nosotros cumplimos con hacer el análisis y mostrar el riesgo, porque así lo ordena la ley”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el cumplimiento normativo aún es parcial. “Tristemente, el ciudadano ha perdido la connotación del peligro y entre un 50 y 60 % no está cumpliendo la normatividad de seguridad”.

Ante esto, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, Juan Carlos Guzmán, aclaró que el control directo sobre establecimientos comerciales corresponde a otras dependencias administrativas.

“La parte policiva no la hace Gestión del Riesgo; la hace Secretaría de Gobierno y Salud para los negocios comerciales”, explicó.

El funcionario indicó que los establecimientos deben cumplir requisitos legales específicos. “Los negocios deben tener sus planes de emergencia y para el tema de incendios deben contar con el certificado de bomberos”, afirmó.

Añadió además que las curadurías urbanas tienen un papel clave en la prevención desde la etapa constructiva. “Las construcciones nuevas deben cumplir las normas desde la revisión de los planos; ahí es donde deben exigirse todos los requisitos”, señaló.

Desde la administración municipal, el secretario de Gobierno y Posconflicto de Villavicencio, Germán Eduardo Ayala, precisó que la verificación técnica del cumplimiento normativo no recae directamente en la Secretaría de Gobierno, sino en las entidades especializadas encargadas de emitir los conceptos correspondientes.

“Quienes pasan revista del cumplimiento son los bomberos y la Oficina de Gestión del Riesgo. Nosotros recibimos el concepto positivo de ellos para poder otorgar el permiso pertinente”, señaló.

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El funcionario también confirmó que durante los controles se han detectado incumplimientos normativos en algunos establecimientos, lo que ha derivado en diferentes medidas administrativas. “Se han encontrado novedades en incumplimiento de normas de distinta índole y, dependiendo de la gravedad, algunos sitios han sido requeridos para subsanar, otros han sido cerrados temporalmente y algunos han sido cerrados definitivamente”, concluyó.

Asimismo, indicó que la administración adelanta operativos interinstitucionales orientados a verificar el cumplimiento integral de las normas en establecimientos abiertos al público. “Estamos realizando operativos interinstitucionales en los que participan diferentes entidades. Bomberos revisa el cumplimiento del plan bomberil, Gestión del Riesgo verifica las condiciones de prevención, Planeación evalúa el uso del suelo, Espacio Público revisa la ocupación correspondiente y otras instituciones supervisan aspectos de su competencia”, explicó.

Por su parte, el líder comunal de la comuna 9, José Mario López señaló que incluso se han presentado denuncias sobre construcciones que, según la comunidad, no cumplirían requisitos legales. “Hemos enviado documentos y denuncias porque hay proyectos que no tienen los permisos completos y eso preocupa por el tema sanitario y de seguridad”, afirmó.

Domiciano Vega, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Reliquia, aseguró que la ciudadanía percibe falta de seguimiento institucional. “Nosotros quisiéramos que se cumplieran las normas y que la administración prestara el apoyo que realmente necesita la comunidad”, manifestó.

Bomberos reiteró que el cumplimiento de la normatividad no solo depende de las autoridades, sino también de constructores, comerciantes y ciudadanos.

“El día que ocurra una emergencia es cuando sentimos la importancia de la norma, pero la seguridad debe garantizarse antes”, advirtió el capitán Álvarez, al insistir en la necesidad de generar mayor cultura de prevención y respeto por la legislación vigente.

Desde Periódico del Meta se intentó contactar el director de Gestión del Espacio Público, Carlos Javier López Salazar, para conocer qué acciones se adelantan frente al control y cumplimiento de la normatividad; sin embargo, no fue posible obtener respuesta al cierre de esta edición.