El Acuerdo de Escazú se socializa en el Meta con jornadas abiertas a la comunidad

Este fin de semana se realizarán en Villavicencio y San Carlos de Guaroa dos jornadas de diálogo sobre el Acuerdo de Escazú, lideradas por activistas ambientales y académicos. El objetivo es socializar con la comunidad los principios, derechos y mecanismos que ofrece este tratado en materia de justicia ambiental y participación ciudadana.

La primera jornada se llevará a cabo hoy, 2 de agosto, en el centro comercial Viva de Villavicencio. La segunda será mañana, 3 de agosto, en el centro de eventos Pavillón de San Carlos de Guaroa, y contará con la participación de activistas ambientales, académicos, comunidades rurales y ciudadanía en general.

Estas iniciativas, que se realizan por primera vez en el departamento, buscan entablar conversaciones con las comunidades afectadas sobre las diversas problemáticas ambientales que enfrentan y fortalecer vínculos con los sectores participantes para discutir posibles soluciones, en línea con los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado por países de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es, además, el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de los derechos humanos en temas ambientales. En Colombia, entró en vigor en 2022.

En este sentido, los encuentros tienen como propósito difundir el contenido del tratado en la región, fomentar el diálogo entre ciudadanos, expertos y académicos, y promover la apropiación de sus principios y mecanismos por parte de las comunidades.

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Juan David Amaya, activista ambiental y líder de estas jornadas, resalta que estos espacios permiten que las personas se familiaricen con el tratado y contribuyan activamente a su implementación:

“Que las personas puedan comprender el Acuerdo de Escazú, que no les resulte ajeno ni lejano, y que podamos tener esas conversaciones que sirvan como insumos reales para transformar las políticas públicas, respondiendo a la urgencia socioambiental con justicia, equidad y participación efectiva”, afirmó el ambientalista.

Amaya también señala que el desconocimiento ciudadano sobre el tratado no obedece necesariamente al desinterés, sino a políticas pasadas que relegaron estas discusiones a espacios cerrados y apartados del conocimiento público, lo que limitó la posibilidad de un debate amplio.

Por ello, insiste en que estos espacios se crean para involucrar activamente a la ciudadanía en los asuntos ambientales y destaca la importancia de que la participación no se limite a las élites o expertos.

“No basta simplemente con firmar estos acuerdos, también es necesario que participe la gente, que el proceso sea abierto, que pueda debatirse y que esté conectado con la realidad cotidiana”, concluyó Amaya.