‘Es supervivencia, o no habrá un planeta para vivir’: activista ambiental

Aunque Colombia aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, pues está en revisión en la Corte Constitucional, un joven activista llanero representó esta semana al país en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, en Santiago de Chile, en donde se reconoció el progreso en el involucramiento de la sociedad civil temas ambientales.

Juan David Amaya (D.A.), de 17 años, es un joven activista ambiental nacido en el municipio de San Carlos de Guaroa, caracterizado por ser un defensor incansable de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.

Es miembro cofundador de Life of Pachamama, una destacada organización no gubernamental con sede en Colombia y por la que fue invitado para participar en la tercera sesión de la Conferencia de las Partes para el Acuerdo de Escazú, en Santiago de Chile. Amaya habló con Periódico del Meta (PDM) sobre su participación en este importante evento, como un testimonio de su compromiso continuo con la causa y su capacidad para generar un impacto significativo local, nacional e internacional para preservar el planeta.

PDM: ¿Cómo se volvió activista político a tan temprana edad? ¿Cómo fue eso?

D.A.: Inicié en el municipio de San Carlos de Guaroa, cuando tenía 14 años, generando espacios de agricultura urbana, educación ambiental y soberanía alimentaria, con madres, cabezas de familia, jóvenes y niños del territorio del municipio, esencialmente en la vereda de la inspección La Palmera, que fue la tierra que me vio crecer, que vio mi niñez, mi adolescencia y una parte de mi juventud.

PDM: ¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

D.A.: El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo a nivel global que habla abiertamente sobre la necesidad de generar acciones para la protección de aquellos que están defendiendo el territorio y la vida en las comunidades.

PDM: ¿De qué se compone?

D.A.: El acuerdo tiene tres pilares claves que enmarcan para la región de América Latina y el Caribe: el derecho de acceso a la información ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Busca luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable. Es un acuerdo que está enmarcado por la Secretaría de la Cepal, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

PDM: ¿Cuándo Colombia suscribe ese acuerdo?

D.A.: El Congreso de Colombia aprueba el acuerdo en el año 2022, pero hasta la fecha el acuerdo se encuentra ante la Corte Constitucional, justamente en procesos de revisión para observar que el mismo cumpla de alguna manera con la Constitución de 1991.

PDM: Hay algunos críticos del acuerdo que dicen que va en detrimento, por ejemplo, de la exploración de hidrocarburos, del desarrollo en las regiones. ¿Cómo interpreta esas críticas?

D.A.: El mundo, de alguna manera, está avanzando. Las personas siguen avanzando, los problemas siguen en crecimiento, pero como estos lo hacen, las soluciones también. Necesitamos crear estrategias y acciones plenas que nos permitan abandonar este sistema capitalista, este sistema extractivista que, por muchos años, ha sido un sistema que ha estado en nuestros territorios para hacer esa transición hacia un futuro más justo y resiliente para todos.

PDM: ¿Cuál fue el objetivo de la cumbre en Chile?

D.A.: El objetivo de Conferencia de las Partes, fue sentar a los diferentes estados y a la sociedad civil a dialogar. Justamente este viernes (26 de abril) hay una consulta pública con la Corte Constitucional para la sociedad civil y, bueno, las partes en general, pero Colombia durante las negociaciones del acuerdo no tiene voto debido a que no lo ha ratificado. En un contexto más latinoamericano y caribeño, reconocemos el trabajo arduo y la apertura del diálogo en esta Corte Constitucional, que es complejo, urgente y necesario. Es uno de los pocos espacios donde se ha visto de forma significativa el avance y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Sin embargo, resalto la relevante participación de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los afrodescendientes, como lo había mencionado anteriormente, además de aquellas experiencias que han existido previamente, como encuentros de jóvenes, encuentros de la sociedad civil y encuentros de las partes para dialogar, quizás de ser narrativas que nos permitan a nosotros poder tener un mayor alcance.

PDM: ¿Qué retos podría enfrentar el acuerdo?

D.A.: Es importante reconocer que el Acuerdo de Escazú no tendrá un éxito total si no cuenta con el apoyo y el compromiso de todos. Durante las sesiones nos preocupa la falta de ambición para la discusión y la adopción de un plan de género que reduzca las desigualdades desde una mirada interseccional y la falta de avances significativos en la equidad intergeneracional, que son factores claves que no se están mencionando durante las negociaciones. Es importante hacer un llamado a conocer a las infancias, a las adolescencias y a las juventudes, como personas defensoras de los derechos humanos y sus implicaciones en la protección legal, que son actores claves de forma significativa para la implementación y el monitoreo de este Acuerdo, reconociéndolos a su vez como personas sujetas de derechos.

PDM: Usted viene de un municipio donde la producción de palma es importante. ¿Cómo cree usted que el Acuerdo de Escazú sería aplicado a un municipio como San Carlos de Guaroa?

D.A.: El acceso a la participación ciudadana. Dentro del sector privado empresarial que se encuentra en mi municipio, no hay acceso directo a la información ambiental de lo que sucede con el territorio. El Acuerdo permitiría, exigiría a estas mismas, que, de alguna manera significativa, puedan hacer resultados mucho más amplios, informes mucho más amplios, sobre las implicaciones que ha venido trayendo este cultivo en el territorio y a su vez reconocería la necesidad de hacer una transición para los mismos durante los próximos años, reconociendo la necesidad de transformar el sistema actual, aún de una manera más justa y resiliente para todos.

PDM: ¿Cómo hacer que ese acuerdo se cumpla en medio de un conflicto social, como el que vive el Meta?

D.A.: En Colombia es pertinente que el gobierno o el Estado, empiece a crear planes de acción directa a través del cual la sociedad civil pueda acceder a una justicia directa y plena hacia esas problemáticas que se vienen presentando. El acuerdo implicaría la creación de procesos claros y concisos que le permitan a la sociedad civil acceder a una justicia en temas ambientales, sociales, para aquellos defensores de la tierra, para aquellos defensores de la vida en el municipio, en el departamento del Meta y en las demás regiones que conciben el territorio nacional colombiano.

PDM: ¿El Acuerdo de Escazú va en contra del desarrollo?

D.A.: No. Lo que contempla es que haya una transición del modelo económico actual pero esto no significa que se deba detener el desarrollo de un país que como Colombia es potencia de vida y de biodiversidad. Lo que el acuerdo impulsa es que haya un cambio del modelo capitalista que permita más justicia. Sabeos que es difícil, que complejo porque llevamos siglos sufriendo, pero es necesario cambiarlo si queremos sobrevivir como especie humana, sino trabajamos desde ahora no habrá planeta en el cual podamos vivir.