El eco de un nuevo peaje retumba en la vía Bogotá–Villavicencio

Durante la visita de seguimiento de la Contraloría General al Meta, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo advirtió que entre las alternativas de financiamiento del tramo Boquerón–El Tablón podría contemplarse la creación de un nuevo peaje. La afirmación encendió las alarmas entre transportadores, autoridades regionales y sectores económicos, que rechazaron de plano la posibilidad.

Por Daniel Jiménez

La posibilidad de que un nuevo peaje sea considerado dentro del esquema financiero de la vía al Llano abrió un debate regional sobre la sostenibilidad de las concesiones viales y la carga económica que estas representan para los usuarios.

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El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo, explicó que la propuesta surge de la necesidad de redefinir el alcance de la actual concesión para asegurar la financiación de los 32 kilómetros que conforman el primer tercio del corredor vial, entre Boquerón y El Tablón.

“Esa consultoría busca establecer los diseños definitivos, pero también requiere un nuevo cierre financiero que podría incluir un peaje, o el uso de los recursos del peaje actual. Es necesario evaluar el esfuerzo que deberá hacer el Gobierno Nacional para garantizar la estabilidad y calidad de la obra”, señaló Zuluaga.

La declaración, realizada durante una sesión de seguimiento a las obras en el Meta, fue interpretada por distintos sectores como una advertencia sobre los retos fiscales del proyecto. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por su parte, confirmó que la consultoría del Consorcio Corredor B–T ya completó su segunda fase, enfocada en la estructuración técnica y financiera del nuevo trazado.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, pidió prudencia frente al tema. “No alertemos sin antes revisar. Es una situación compleja, pero el camino es la concertación. Que la Contraloría siga liderando el seguimiento, pero con espacios de diálogo entre el Gobierno y las regiones”, enfatizó.

Desde el sector transporte, la reacción fue inmediata. El líder intergremial Carlos Salazar rechazó la idea: “No puede ser que la financiación de las obras siga recayendo sobre los transportadores. Es injusto y va en contravía de lo prometido por el propio presidente, quien aseguró que se reducirían los peajes en el país”.

El gremio argumenta que los altos costos de operación y el deterioro de las vías afectan la competitividad, y un nuevo cobro agravaría aún más la situación.

La inquietud también llegó a los sectores comerciales. Maritza Reyes Tunjano, administradora de la Central de Abastos de Villavicencio, advirtió sobre las consecuencias que un nuevo peaje tendría para la economía regional.

“Afectaría directamente los precios de la canasta familiar. Somos el principal centro de acopio del oriente colombiano, y cualquier incremento en transporte se traduce en inflación y pérdida de empleos”, afirmó.

La ANI precisó que la estructuración del nuevo tramo contempla cuatro fases: desde la debida diligencia y estudios de factibilidad hasta el cierre financiero de la Asociación Público–Privada (APP). Actualmente, el proyecto se encuentra en revisión técnica y jurídica, tras la entrega de los productos de la Fase II.

El objetivo es construir una vía nueva de 32 kilómetros, calzada sencilla sentido Villavicencio–Bogotá, que complemente la infraestructura existente y garantice movilidad segura y continua en uno de los corredores más estratégicos del país.

Finalmente, el planteamiento de la Contraloría revive una discusión estructural sobre cómo se financian las grandes obras viales.