En el año 2017 se registraron 310 ataques a la libertad de prensa en Colombia

Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión. La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas; la violencia estatal y letal contra periodistas; las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

Y es que el diagnóstico que ha hecho el Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la FLIP, hasta el momento, no arroja un mapa alentador: Caquetá: 44% de la población vive en zonas en silencio1. Nariño: 37% de la población en silencio. Cauca: 40%, Sucre 33%, Vichada: 78%, Antioquia: 31%, la tendencia se mantiene en los 21 departamentos que ha mapeado la Fundación para la Libertad de Prensa con el proyecto Cartografías de la Información.

En promedio, el 29 por ciento de la población que vive en estos territorios no tiene acceso a suficientes medios de comunicación que le informen sobre asuntos locales. Esto es un diagnóstico en el que ha trabajado la FLIP por más de 2 años, pero los síntomas, reflejados en cada uno de los capítulos de este Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia en 2017, son aún más ilustrativos de las distintas formas de silencio que están enfrentando los periodistas en el país.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en enfrentamientos entre los indígenas y el Esmad. Los detalles de estos310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo.

 Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Atrás quedaron los años en que el principal riesgo para la prensa eran las guerrillas, los narcotraficantes o los grupos paramilitares). Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Los ataques son diversos. Comentarios ligeros, que insultan o estigmatizan señalando de opositores o de tener agendas ocultas a los medios y sus trabajadores. También están los señalamientos peligrosos, que vinculan sin pruebas a los medios o periodistas con actividades delictivas, con grupos ilegales o actores políticos. Incluso los acusan de violadores. Finalmente llegan hasta los estrados judiciales, donde jueces y fiscales ignoran las garantías constitucionales para el periodismo y exigen revelar fuentes o emiten órdenes de arresto contra los periodistas que expresan su opinión dentro de los estándares internacionales de libertad de expresión.

 Al final, muchos reporteros prefieren callar o retractarse ante la presión de un funcionario que pone a la institucionalidad de su lado. Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada. Tras muchos años en silencio, periodistas como Claudia Morales y Claudia Julieta Duque contaron sus casos al público. Pero como lo ha mostrado Jineth Bedoya Lima con la campaña No Es Hora De Callar, denunciar no es fácil, implica muchos sacrificios, señalamientos y consecuencias no siempre positivas para las víctimas. Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

Pero en esta fauna de predadores de la prensa hay otras especies que sobresalen. En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos. De hecho, el Esmad de la policía es uno de los posibles responsables de la muerte de Efigenia Vásquez. En el 2017, la FLIP remitió 23 quejas a la Policía Nacional, según la institución, hay 9 investigaciones vigentes, 5 casos cerrados y archivados y 3 en investigación preliminar. En 6 casos, la Policía envió comunicaciones en la que se justificaban las acciones sin iniciar ningún tipo de investigación disciplinaria. Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos. Solo en ese departamento, 7 de las 11 emisoras indí- genas padecen el sistema de vigilancia y control del Ministerio de las TIC, lo que las deja en riesgo de cierre. Esto pasa desde hace años pero el Estado Depredador no solo daña cuando muerde, también cuando ve un problema y poco hace para resolverlo.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

Este informe ve el paisaje de medios del país como un terreno escabroso en el que se asoman muchos predadores, los más voraces vienen del Estado y uno de los más nocivos ha sido su principal representante, el presidente Juan Manuel Santos. En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”, prometió cambios histó- ricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata, para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto. Al menos mil millones de pesos ($ 1.018.137.518) se fueron en una política pública de libertad de expresión que encomendó al Ministerio del Interior y que fue sepultada por un tuit del Ministro Rivera. Al menos tres mil millones se invirtieron en la reparación colectiva a periodistas que después de cinco años no tiene nada que mostrarle al país. Y mientras tanto, como se puede observar en otros apartados de esta investigación, los periodistas en riesgo siguen esperando que el mecanismo de protección estatal les ofrezca seguridad, justicia y atención eficaz para que no tengan que huir de sus regiones o trabajar en medio de la amenaza de sus atacantes. Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

 En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.