Exjefes de las Farc aceptan ante la JEP crímenes contra niños y niñas reclutados
- Publicado en Mar 02, 2026
- Sección Nacional
Los antiguos integrantes del último secretariado de las extintas Farc-EP reconocieron públicamente su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas durante el conflicto armado, en el marco del Caso 07 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo presentaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad un video en el que, de viva voz, aceptan la ocurrencia de estos hechos, asumen su responsabilidad como máximos dirigentes y expresan manifestaciones de perdón a las víctimas y a la sociedad colombiana.
El pronunciamiento se da luego de que, en noviembre de 2024, la Sala llamara a seis antiguos miembros del secretariado a responder por cinco patrones macrocriminales: el reclutamiento y utilización de menores —incluidos niños y niñas menores de 15 años—; malos tratos, torturas y homicidios contra menores reclutados; violencias reproductivas, especialmente contra niñas; violencias sexuales; y violencias basadas en prejuicio contra menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
La Sala documentó que estas conductas ocurrieron de manera sistemática y a gran escala entre 1971 y 2016, estableciendo un universo de 18.677 víctimas. El tribunal también evidenció que, pese a la magnitud de los hechos, el Estado había adelantado apenas 387 investigaciones y proferido 45 sentencias, cinco de ellas absolutorias.
En su mensaje, los comparecientes reiteraron su voluntad de avanzar en la ruta dialógica y restaurativa, reconocer los daños profundos y duraderos causados y abrir espacios de encuentro con las víctimas acreditadas. Además, hicieron un llamado a la no repetición de estos crímenes y a que la sociedad, incluidas nuevas estructuras armadas, proteja a la niñez de cualquier forma de vinculación a la guerra.
La Sala de Reconocimiento señaló que estas manifestaciones constituyen un punto de partida y no de llegada. En el modelo de justicia restaurativa que orienta a la JEP, corresponde ahora a las víctimas y a sus representantes valorar el alcance de este reconocimiento y decidir qué significado tiene para sus procesos personales y colectivos de verdad y reconciliación.
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El Caso 07 cuenta con más de 11.000 víctimas individuales y colectivas acreditadas, entre ellas 2.000 personas que hoy son adultas y fueron reclutadas cuando eran menores de edad. También incluye familiares de niños y niñas que permanecen desaparecidos. De manera articulada con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se busca establecer el paradero de 485 menores que no regresaron a sus hogares.
La Sala también recuerda que en el Caso 07 participan más de 9.000 personas agrupadas en seis colectivos étnicos raciales, que incluyen a los Koreguaje en Caquetá, a los Hitnü en Arauca, a los Barí en Norte de Santander, a los Sikuani en Guaviare, a los Cubeo en el Vaupés y al Consejo Comunitario El Nuevo Futuro de Los Grandes Luchadores de Santa Rosa Cauca (Consafro) en Valle del Cauca, para quienes estas violencias significó la agravación del riesgo de su extinción física y cultural, y quienes tienen cosmovisiones y formas de organización propia que deben ser respetadas por la JEP, por lo que también se deben diseñar rutas especiales de diálogo.
La Sala estudia actualmente las observaciones presentadas por víctimas, Ministerio Público y comparecientes frente a las imputaciones. En los próximos meses definirá la ruta metodológica para iniciar los encuentros restaurativos y continuará determinando responsabilidades individuales de otros exmandos regionales.
La JEP reiteró que el objetivo es garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, bajo el principio de justicia restaurativa. El reconocimiento de estos hechos, subrayó la Sala, busca que los crímenes cometidos contra niños y niñas no queden en la impunidad ni se repitan en el futuro.
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