Gobierno expide nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado: así funcionará y a quién impacta

El Gobierno Nacional presentó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia, una regulación que redefine la forma en que se calculan y cobran las tarifas a los usuarios de grandes prestadores en el país.

La medida, adoptada mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, fue diseñada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico tras un proceso técnico de cinco años que incluyó estudios especializados, mesas de trabajo y una participación ciudadana con más de 1.600 aportes de usuarios, empresas, academia y entidades territoriales.

Lea: “Usuarios deben pagar solo por la calidad del servicio que reciben” Ruth Quevedo; CRA | Entrevista

¿Qué cambia con el nuevo marco tarifario?

El nuevo esquema sustituye el modelo vigente desde 2014 y establece una metodología más detallada para calcular las tarifas. A partir de ahora, los usuarios podrán ver en sus facturas todos los componentes del cobro, como costos de operación, inversión, administración, impuestos, tasas ambientales y contribuciones regulatorias, lo que busca mayor transparencia.

Además, la tarifa estará directamente ligada al desempeño de las empresas prestadoras. Es decir, si una empresa no cumple metas de eficiencia como reducir pérdidas de agua no podrá trasladar esos costos al usuario, evitando cobros por ineficiencias.

¿A quién aplica y cuándo inicia?

La regulación aplica a prestadores con más de 5.000 suscriptores, principalmente en zonas urbanas. Aunque solo cobija a 188 empresas, impacta de manera directa a más de 30 millones de colombianos, cerca del 60 % de la población.

Su implementación comenzará el 1 de julio de 2026. Antes de esa fecha, las empresas deberán realizar un proceso de ajuste técnico que incluye estudios de costos, segmentación de usuarios y formulación de planes como reducción de pérdidas, proyección de demanda y sostenibilidad hídrica.

Enfoque en el usuario y el derecho al agua

Uno de los pilares del nuevo marco es la incorporación del enfoque de derecho humano al agua. Esto implica que la regulación no solo busca eficiencia económica, sino garantizar condiciones de acceso, calidad, continuidad y no discriminación en la prestación del servicio.

También introduce mecanismos para tener en cuenta la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio y promueve tarifas diferenciadas según las condiciones territoriales, con especial énfasis en poblaciones vulnerables.

Incentivos y sanciones para mejorar el servicio

El modelo incorpora un sistema de incentivos: las tarifas podrán subir o bajar dependiendo del cumplimiento de indicadores de calidad, cobertura y continuidad. Este seguimiento será anual y permitirá evaluar el desempeño de cada prestador.

Lea: Mario Castro, nuevo gerente EAAV, habla sobre lo que dejó en infraestructura y los retos del acueducto | Entrevista

La vigilancia estará a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de verificar que las empresas cumplan con la normativa y de proteger los derechos de los usuarios.

Cambios ambientales y sostenibilidad

El nuevo esquema también introduce elementos ambientales. Reconoce costos asociados a la protección de fuentes hídricas, tratamiento de aguas residuales y uso eficiente del agua. Además, incentiva inversiones en energías renovables y promueve la economía circular, como el reúso del agua tratada.

¿Subirán las tarifas?

Según el Gobierno, el objetivo no es aumentar tarifas, sino hacerlas más justas. El valor final dependerá de la eficiencia de cada empresa: aquellas que optimicen costos podrían reflejar beneficios para los usuarios, mientras que las ineficiencias no serán trasladadas a la factura.

Un modelo más flexible y adaptado al país

El nuevo marco introduce una segmentación más detallada de los prestadores, pasando de dos a cuatro categorías, lo que permite ajustar las exigencias según el tamaño y las capacidades de cada empresa. Esto busca equilibrar la sostenibilidad financiera con la capacidad operativa y las realidades regionales.

En conjunto, esta regulación busca modernizar el sistema tarifario en Colombia, mejorar la calidad del servicio y responder a desafíos como el cambio climático, el crecimiento urbano y la necesidad de garantizar el acceso equitativo al agua potable en todo el país.