Imputados tres contratistas por presuntas irregularidades en construcción de internados en Meta

Se trata de internados que tenían como objetivo favorecer a población en estado de vulnerabilidad. Por estos dos contratos el detrimento patrimonial sería cercano a los 4.000 millones de pesos.  Un alcalde y varios de sus funcionarios también son investigados por los mismos hechos. 

Víctor Julio Agudelo Santander, de la unión temporal Awaliva y Tillavá, Raúl Gonzalo Ávila Vásquez, representante de la unión temporal Alto Tillava y Mauricio García Sanz del consorcio Ingeotec, que hace parte de unión temporal Awaliva, son investigados por la Fiscalía, por presuntas irregularidades en las obras para la construcción de varios internados en el municipio Puerto Gaitán, sur del Meta.

En la primera fase de la investigación que se adelanta por estos hechos, el ente acusador vinculó a los tres contratistas quienes, presuntamente, habrían incurrido en conductas punibles, entre las que se hallan: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Fiscalía, los implicados estarían relacionadas con supuestas irregularidades en dos contratos que tenía como objetivo la construcción de los internados de los resguardos Awaliva y Alto Tillavá, asentadas en dicho municipio, cuya construcción tendría un costo superior a los 8.500 millones de pesos.  El aparente detrimento ha sido calculado en cerca de 4.000 millones de pesos.

Los tres contratistas se presentaron ante un juez de control de garantías para la respectiva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En contra de Agudelo Santander, Ávila Vásquez y García Sanz, el juez impuso medida de aseguramiento no privativa de libertad consistente en el cumplimiento de los procesos de contratación, la prohibición de salir del país, y la suscripción de compromiso de observar buena conducta social, familiar, laboral e individual.

Por hechos relacionadas  con los seis internados, el ente investigador también analiza las conductas en las que presuntamente habrían incurrido el alcalde del Puerto Gaitán que ostentó el cargo para el periodo 2008-2011, al igual que varios funcionarios de dicha administración y varios contratistas quienes serían imputados en los próximos días.

Irregularidades que son investigadas:

Según el ente investigador, los internados fueron construidos en 2011, y a 2018 no habían sido puestos en funcionamiento, incumpliendo los servicios de alimentación, de estudio y/o dormitorio.

Adicional a ello, la Fiscalía señala que algunos de estos establecimientos fueron construidos proyectándose de manera sobredimensionada. La capacidad fue dispuesta para atender a 300 indígenas estudiantes- internos, pero la población a beneficiar no alcanzaba esta cifra.

Además, las construcciones no tienen licencia de funcionamiento como internados.

Por otro lado, la Contraloría Departamental del Meta (CDM), realizó auditoria a ocho contratos suscritos (liquidados y ejecutados) por el municipio de San Martín de los Llanos entre los años 2015 y 2016, por un valor de $2.532.464 miles (equivalente al 59.6% frente al valor total de la inversión ejecutada).

En dicha auditoria, el ente de control estableció 10 hallazgos administrativos, de los cuales 1 fue de alcance disciplinario y 9 con alcance fiscal por valor de $135.202.573.

Según la Contraloría, en el convenio  77/2016 suscrito con la Corporación para el Desarrollo Social y el Bienestar  Familiar,  se evidenció gestión ineficaz del supervisor al autorizar el pago total del convenio por $62.598.683 con facturas que no reunían los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

Adicional a ello, el ente de control evidenció presunto detrimento patrimonial por $25.649.609 al no tener el soporte de gastos en que incurrió la Corporación para la ejecución de actividades tales como: hidroterapia, encuentro intergeneracional,  jornadas de belleza, celebración del día del padre y celebración del día de la madre, pese a que el Municipio pagó la totalidad de la ejecución de las mismas.

Así mismo, hubo posible detrimento patrimonial  por $1.921.478  en la adquisición de kits de aseo, pues el valor de la factura fue inferior al valor pagado por el Municipio a la Corporación.

En el contrato 232/2015 suscrito con el Consorcio La Floresta, la Contraloría halló presunto detrimento patrimonial en $24.653.989, por una gestión ineficiente del Secretario de Obras Públicas del municipio, por haber elaborado los estudios previos con precios superiores, en algunos ítems, a los establecidos por resolución la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM).

Así mismo, conforme con informe de control físico de la CDM, el organismo de control halló deficiencias constructivas por $2.493.079  en el ítem placa concreto del contrato de obra 191/2015 suscrito con la Unión Temporal Vial SM para ejecutar “Construcción, mejoramiento  y pavimentación  de vías urbanas  del barrio Girasoles…”.

En el convenio de asociación suscrito con la Corporación para el Desarrollo Social  y el Bienestar  Familia Nº 198/2016: se presentó una diferencia de $1.788.116 entre lo contratado y facturado en la entrega de 28.320 raciones alimentarias preparada servidas; así como, luego de las retenciones de ley se dejó de entregar $829.771 en kit de aseo,  $2.824.624 en kit de deportivos y el desarrollo de 12 actividades para adulto mayor por valor  $12.444.224.

En Granada, la CDM también realizó hallazgos fiscales en cuatro contratos por un valor de $ 1.028.478.976,  que superan los $149 MILLONES.

De acuerdo con la auditoría adelantada, se consideró que la gestión en el proceso de contratación era deficiente de acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de evaluación de gestión de auditorias especiales, debido a las siguientes inconsistencias:

• Los estudios previos evidencian falencias como la no justificación de la modalidad de contratación, valor estimado del contrato, la justificación del mismo y los rubros que lo componen. Tampoco se determinó el perfil de la persona natural o jurídica que se requiere contratar y se evidenció deficiencias en la descripción de la necesidad a satisfacer.

• Persisten deficiencias en la supervisión de contratos, pues no se realizó un seguimiento acucioso por parte de la administración en dos de los cuatro contratos seleccionados.

Así mismo,  el organismo de control estableció cuatro  hallazgos administrativos, de los cuales cuatro  fueron de alcance disciplinario y administrativo y 1 con alcance fiscal por valor de $149.357.971. Éste último, debido a que en el contrato de obra Nº 210.29.03.15 de 2017 se presume una gestión fiscal antieconómica cuantificada al construir con recursos públicos un vox culvert en un predio privado denominado El Delirio, obra que no beneficia a la comunidad

Por otro lado, se observó que el municipio de Granada cuenta con el mapa de riesgos para el proceso contractual, no obstante, no se han tomado las medidas pertinentes para evitar la ocurrencia de algunos de los riesgos, principalmente la elaboración de estudios y documentos previos, estudios de mercado y adecuado seguimiento a la ejecución contractual. La entidad cuenta con manual de contratación, pero no se encuentra  actualizado.

Finalmente, respecto a las funciones de control interno, se evidenció que durante las vigencia 2017 se practicó auditoría al proceso contractual, pero no se solicitó la suscripción de un plan de mejoramiento.