JEP, Presidencia y gobiernos locales analizan situación de excombatientes en el Meta

Tras la rendición de cuentas que realizó la semana pasada la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en Villavicencio, nuevamente el consejero Emilio Archila tendrá que ofrecer respuestas, esta vez en una audiencia territorial de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de esa instancia de justicia transicional escuchará, a las autoridades encargadas de velar por la seguridad integral de los comparecientes de las antiguas Farc-EP, dadas las graves condiciones que continúan afectando a esta población en el Meta.

De acuerdo con la información allegada por los comparecientes a la JEP, las disidencias  amenazan y conminan a los integrantes de las Farc a abandonar los territorios, a través de “extorsiones, intenciones de atentar contra la integridad de los miembros del colectivo» e incluso mediante dos tentativas de homicidio”, informaron los exguerrilleros de las Farc.

Según la JEP, han sido reportados unos 28 homicidios y 4 amenazas en el Meta desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

Es un deber de la JEP prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación.

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No obstante, la Presidencia, mediante la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación informó que el 80% de homicidios y agresiones a excombatientes es perpetrado por disidencias y narcotráfico, según datos de la fiscalía General de la Nación.

Según se anticipó, Archila mencionará que se brindan garantías de seguridad a 1.426 personas en reincorporación, tanto a las 389 que habitan en los tres antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), La Reforma en Vistahermosa; La Guajira, en Mesetas y Yarí en La Macarena como a las otras 1.037 distribuidas en 27 municipios del departamento.

«En solo el Meta, dijo, se han implementado 15 apoyos de trasteo y 26 de reubicación de personas amenazadas con lo cual se han salvado vidas. Eso refleja nuestra determinación. Además, a 30 de junio del 2021 se han dispuesto 32 esquemas de protección para colectivos de reincorporación distintos a los AETCR, 264 esquemas de protección individuales para personas en reincorporación en todo el país, y en el Meta se han dispuesto 12 esquemas», dijo Archila.

A la audiencia, además del Consejero Presidencial para la Estabilización; el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga y los alcaldes de Vista Hermosa, Mesetas y Uribe, fueron convocados:  los comandantes de la IV División del Ejército y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.