miércoles, 13 de noviembre de 2024
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“La paz no es al costo de la seguridad” – director en Colombia del Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP),


“La paz no es al costo de la seguridad” - director en Colombia del Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP), 1
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Redacción PDM

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Steven Hege, director en Colombia del Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP), explica que la estrategia del actual gobierno de negociar con un solo grupo armado no es suficiente para abordar la compleja conflictividad en Colombia.

Sostiene que aunque algunos beneficiarios del proceso de paz puedan aprovecharlo, el Gobierno Nacional también debe hacerlo para generar beneficios en el contexto de la negociación.

Por Luissa Fernanda Pérez

El Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP) es una agencia autónoma del gobierno norteamericano, fundada por el Congreso estadounidense en 1984, con el objetivo de ayudar a prevenir, mitigar y resolver conflictos violentos en el extranjero. Por lo tanto, en Colombia es independiente de la Embajada de Estados Unidos.

Recientemente fue invitado a participar del foro con las cinco gobernadoras del país, quienes se reunieron en Villavicencio para discutir temas relacionados con la situación de orden público en cada uno de los cinco departamentos. Steven Hege (S.H.), director de la oficina en Colombia de la USIP, acompañó la jornada y habló con Periódico del Meta (PDM) sobre el panorama de seguridad en el país.

PDM: ¿Cómo ve la seguridad en el país, teniendo en cuenta las declaraciones de las gobernadoras desde sus territorios?

S.H: Creo que las gobernadoras plantearon muchos mensajes importantes. La paz no se logra a costa de la seguridad, y no ha habido ningún proceso de paz en el mundo, en mi experiencia internacional, que haya sido exitoso sin una estrategia fuerte de seguridad que acompañe tanto en lo operativo como en lo técnico de la fuerza pública. Creo que hay grandes oportunidades para seguir generando esas dinámicas y construir sobre las lecciones y buenas prácticas.

PDM: Dentro del proceso de paz se plantea el cese al fuego. ¿Realmente esa es una alternativa para esta situación de conflicto en la que se encuentra el país?

S.H: Los ceses al fuego generan condiciones para crear un entorno más propicio para la negociación política. Responden a la urgencia de las comunidades de no esperar hasta un acuerdo final para obtener un alivio del impacto de la confrontación armada. Es una herramienta que también puede generar confianza en la mesa, pero de ninguna manera es una luz verde para la expansión territorial ni la confrontación con otros grupos armados. Estos elementos han sido estipulados en varios protocolos de los ceses que han existido en los últimos años. Hay un reto enorme en asegurar la articulación con el accionar de la fuerza pública, para que actúen como garantes de la paz, no como meros observadores o acompañantes. Deben garantizar que no haya expansión territorial ni confrontación, y que se proteja de inmediato a las comunidades afectadas por los conflictos entre grupos.

PDM: Aunque existen diálogos con un solo grupo armado, ¿cómo se puede manejar al resto?

S.H: Esta fue parte de la ambiciosa estrategia del gobierno actual: negociar con un solo grupo no ha podido generar la estabilidad necesaria para enfrentar la dinámica de conflictividad con varios

grupos. Colombia enfrenta un solo conflicto armado con muchas manifestaciones regionales, que deben ser abordadas de manera integral como un fenómeno nacional, e incluso binacional en algunas fronteras. Cualquier acción hacia un grupo debe estar pensada para evitar impactos negativos en los otros. Es un reto enorme.

PDM: La percepción del cese es que es entre los ilegales y la Fuerza Pública, pero los civiles siguen siendo afectados…

S.H: Por eso es fundamental que la Fuerza Pública, como garante, tenga la obligación, incentivos y reglas claras de enfrentamiento, definidas por el Ministerio de Defensa, para intervenir de manera oportuna y proteger a las comunidades cuando sufran abusos que claramente violen el cese al fuego. Ningún comandante de la fuerza pública puede eximirse de esa responsabilidad por una suspensión de operaciones ofensivas.

PDM: ¿Qué hacer con aquellas personas que, siendo gestores de paz, siguen cometiendo delitos? ¿Deberían ser sancionados?

S.H: Por supuesto, ese es un criterio clave en cualquier proceso de paz. Ciertos miembros de la contraparte deben tener mayor libertad de desplazamiento e interlocución; es un requisito para el proceso. No se puede hacer la paz sin interlocutores. Sin embargo, el gobierno también debe aprovechar el proceso, plantear estrategias para ganar terreno y retirar beneficios si es necesario.

PDM: Después del proceso de paz de 2016, la inseguridad y el secuestro disminuyeron considerablemente, pero en el gobierno pasado aumentaron. ¿Cree que con la implementación de la Paz Total esos índices han cambiado?

S.H: No, no han aumentado más allá de la tendencia que había cuando no había negociaciones. La negociación es una herramienta clave que permite entablar un diálogo con la contraparte y ofrecer una salida digna al conflicto. La experiencia colombiana muestra que ningún grupo armado ha sido destruido ni desmantelado por la fuerza pública en 60 años de conflicto, a pesar de las enormes inversiones de miles de millones de dólares, incluida la cooperación de mi propio país.

PDM: Se mencionó que quienes reincidieran no podrían ser parte de un nuevo proceso de paz. ¿Qué piensa sobre la posibilidad de reincorporar a Márquez?

S.H: Si existiera una solución bélica para derrotar a las disidencias, muchos la apoyarían. Pero si hubiera otra opción, las comunidades la pedirían para que esta gente se retire de manera pacífica. Nadie quiere más operaciones contrainsurgentes que solo causan desplazamiento y sufrimiento en las comunidades. Bajo el marco actual, no hay una solución que permita que estos individuos accedan a la justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz. En caso de que lleguemos a eso, tendría que ser un proceso más riguroso, punitivo y, al mismo tiempo, más restaurativo.

PDM: ¿Y con quienes incumplieron el proceso de paz?

S.H: Debería crearse un nuevo marco, más exigente pero también más profundo en términos de justicia restaurativa, tomando en cuenta las lecciones que hemos aprendido. No se les puede pedir más a los firmantes actuales del acuerdo, pero es claro que la sociedad no tolera ni quiere premiar a quienes abandonan los procesos para obtener mayores beneficios.

PDM: Si mañana firman, no los comandantes, sino los que están abajo y crean sus propios grupos… ¿qué estamos haciendo?

S.H: Esa ha sido la historia de muchos grupos armados en Colombia. Se desmovilizan, pero luego surgen disidencias. Desmantelar la mayor cantidad posible de miembros de un grupo armado es clave, pero no se ha logrado ni con los paramilitares ni con las Farc. Todo el mundo sabe que esa es la única forma de lograr la paz. Sin embargo, nunca se ha implementado una desmovilización que ofrezca incentivos diferenciados para los mandos medios, algo que se ha discutido desde hace 20 años.

PDM: ¿Estamos condenados?

S.H: No, creo que las fórmulas, ideas y posibilidades están ahí. Solo falta ponerlas en práctica, dejar de lado los egos y protagonismos, y trabajar conjuntamente, desde las instancias departamentales hasta el nivel nacional. La buena fe es el ingrediente clave.


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