La ruta de un nuevo servicio de transporte

Periódico del Meta revisó cómo han solucionado los problemas de movilidad del transporte público en otras ciudades. Es crucial abordar las tensiones existentes en el sistema para evitar problemas adicionales que afecten a los usuarios y a los operadores del servicio.

Por: Luissa Fernanda Pérez

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, ha tomado la decisión de no adoptar el Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Seguro debido a su desfinanciamiento. A pesar de esta situación, se plantea la necesidad de organizar el sistema público de transporte existente.

Las diferencias entre las empresas de transporte y los propietarios de los buses han generado conflictos, dando lugar a paros que podrían perjudicar gravemente a estos últimos. Esto refuerza la preocupación sobre la posibilidad de que los usuarios recurran a la informalidad en el servicio de transporte, empeorando la situación.

La importancia de implementar un sistema organizado de transporte público en la ciudad es urgente. Aunque se podrían considerar tecnologías más costosas como trenes ligeros o cables aéreos, la solución estructural más efectiva sigue siendo la operación adecuada del sistema de buses existente. Por lo pronto, Baquero ha asegurado que el próximo 5 de junio presentará el nuevo modelo de transporte que funcionará en Villavicencio.

Darío Hidalgo, profesor de movilidad de la Universidad Javeriana, señaló a PDM que Ciudad León, en México, logró mejoras en el transporte público mediante un acuerdo público-privado con los transportadores existentes. Agregó que, en Colombia, se mencionan casos similares como en Medellín, donde se han hecho convenios empresariales para mejorar la flota y la tecnología de recaudo, aunque aún no se ha logrado una completa consolidación. Se destaca que los reemplazos totales de transportadores existentes no suelen ser exitosos, y se aboga por acuerdos que beneficien tanto a la ciudad como a los operadores privados.

“Tal vez el camino es un acuerdo, lograr una consolidación y buscar un ‘gana, gana’. Uno para la ciudad y mejorar el servicio de transporte público para los usuarios y otro para los operadores privados que hoy prestan ese servicio de manera desorganizada, informal y precario”, explicó Hidalgo.

En Armenia, que empezó hace más de 14 años con la Unión Temporal Tinto, que agrupa a tres empresas de servicio público de buses, tiene paralizado al 30 por ciento de la flota de buses por falta de conductores, un mal que sigue desde la pandemia. Su inicio fue complejo porque la administración municipal no logró controlar el mototaxismo al inicio y casi quiebra a los colectivos, que tenían quejas de mal servicio.

En otros ejemplos, como el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar (SIVA), que opera aproximadamente hace dos años, dispone de buses de bajas emisiones de gas, están climatizados, aptos para personas con discapacidad, validador de pago electrónico, cámaras de vigilancia y adicional, una app que el usuario podrá descargar desde su celular para saber las rutas y sus respectivos horarios.

Sin embargo, es claro que, aunque son varios lo usuarios que recurrieron a este sistema de transporte, según las cifras del programa ‘Valledupar cómo vamos’ quien se lleva la delantera siguen siento los mototaxistas.

“Aquí hay un problema grande de mototaxismo. Cuando se presentó el SIVA, uno de los problemas que hubo fue sacar a los buses que había, en ese momento, el mercado lo captó el transporte ilegal. La gente tiene que movilizarse ya sea legal o ilegalmente, hoy la gente que usa ese transporte esta conforme, entonces devolver a esas personas al transporte formal, va a ser complicado. Al preguntar: ¿qué medio de transporte utiliza usted para desplazarse a sus actividades habituales, el 42% usa el transporte particular. el 12,2% transporte ilegal y solamente el 10% el Sistema Integrado de Transporte, entonces, tratar de cambiar a ese 12% para que cambie su medio de transporte, es complicado”, dice Miguel Villazón, director del programa ‘Valledupar como vamos’.

Empresarios deben evolucionar: Hidalgo

Darío Hidalgo, experto en movilidad, explicó que, según la ley, los prestadores de servicios de transporte público en Colombia deben ser empresarios. Sin embargo, en la práctica, los empresarios suelen actuar como intermediarios entre el Estado, que otorga los permisos, y los propietarios de vehículos.

El objetivo es que estas empresas evolucionen para convertirse en verdaderas empresas de transporte, asumiendo la propiedad de la flota, contratando directamente a los conductores y proporcionándoles todas las condiciones laborales necesarias, incluyendo seguridad social, horas de trabajo, así como una remuneración justa por sus servicios. Actualmente, los conductores suelen recibir ingresos diarios y pagan una cantidad fija al propietario del vehículo como arrendamiento, quedándose con el resto como su ingreso personal.

Se espera que esta transición hacia un modelo más organizado y respetuoso con los derechos laborales de los conductores se dé en el futuro. Sin embargo, en Colombia, los casos exitosos de organización suelen ser liderados por las empresas y no por los propietarios individuales de los buses o los conductores. En el caso específico de Villavicencio, parece haber una desconexión entre las empresas que reciben los permisos del estado y los propietarios de vehículos y conductores, lo que dificulta la implementación de este cambio.

Finalmente, opinó Hidalgo, hacer paro de buses y quitar de manera indefinida el servicio no es legal, ya que es un servicio público esencial, una responsabilidad social con la comunidad y tiene una consecuencia inmediata. El riesgo de esto es dejar que el ‘mototaxismo’, crezca de en una manera muy fuerte ya que en este vehículo transita de manera rápida a un costo que no es excesivo; puede ser más alto que el transporte público, pero no es tan alto como un taxi o tener el vehículo propio.

Debido a este fenómeno, en Sincelejo desapareció el transporte público. Han caído en ese riesgo, ciudades como Riohacha, Montería, Neiva o Ibagué, “el lío es que es muy difícil devolverse de esas prácticas porque está mucha gente asociada en la prestación del servicio y las personas igual necesitan la movilidad. Esto puede convertirse en una situación aún más insostenible”, aseguró el investigador de la Universidad del Rosario.