La Unidad para las Víctimas ha invertido más de $3.000 millones en la reparación de comunidades y organizaciones del Meta

El departamento del Meta es una de las regiones más golpeadas por las dinámicas del conflicto armado en el país. Por eso, el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo
Petro, ha adelantado una importante gestión para implementar medidas de reparación en las comunidades afectadas de forma colectiva. Este esfuerzo representa un avance significativo
en la dignificación y reconstrucción de los proyectos de vida de cientos de familias que sufrieron la violencia en este departamento llanero.

Con una inversión que supera los $3.000 millones, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, ha entregado a diversas comunidades del Meta indemnizaciones, predios, herramientas, insumos agrícolas, dotación de equipos tecnológicos y mobiliario. Asimismo, ha financiado proyectos de memoria histórica, eventos simbólicos conmemorativos, plantas de energía y procesamiento, tanques de agua, semillas y alevines.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran el Resguardo Indígena Ondas del Cafre, el Resguardo Indígena Nasa Villa Lucía, Piñalito, Puerto Lucas, La Albania, Buenos Aires,
La Palestina, Mapiripán, El Dorado, El Castillo y el municipio de Lejanías. Todo esto representa un paso fundamental hacia el reconocimiento de sus derechos y el fortalecimiento de sus
proyectos productivos para alcanzar la autonomía económica.

De forma paralela a la implementación de estos planes de reparación, la entidad ha destinado una inversión adicional superior a los $850 millones, para avanzar en la ruta de reparación
del resto de comunidades con las cuales se están concertando las medidas que estarán destinadas a reparar los daños ocasionados por el conflicto armado.

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Históricamente, el Meta ha vivido disputas por el control territorial entre el Bloque Oriental de las FARC-EP, el Bloque Centauros de las AUC y narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez
Gacha. Esto dejó a casi 300.000 personas como víctimas del conflicto en la región, de las cuales más de 250.000 sufrieron desplazamiento forzado. Esta situación convirtió al Meta en un territorio receptor de familias provenientes del Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare e, incluso, la Amazonía. Actualmente, la Unidad reconoce en este departamento a 37 organizaciones y comunidades como Sujetos de Reparación Colectiva; 22 de ellas pertenecen a grupos étnicos, lo que representa el 59% del total, consolidando a esta región como un territorio clave para la reparación de pueblos indígenas y afrocolombianos.

Uno de los hechos que inmortalizó los horrores del conflicto en Colombia ocurrió en este departamento el 12 de julio de 1997, cuando paramilitares incursionaron en Mapiripán, al sur
del Meta. Durante una semana masacraron a la población, provocando el desplazamiento de cerca del 70% de sus habitantes. Por este lamentable suceso, en 2015 Mapiripán fue reconocido por la Unidad como Sujeto de Reparación Colectiva. Para este municipio se contemplan 30 medidas de reparación que incluyen actos de memoria y dignificación, la construcción de un monumento, parques infantiles, maquinaria agrícola y la dotación tecnológica de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán.

Además, durante el actual Gobierno se alcanzaron dos hitos fundamentales en la reparación étnica. A través de la articulación institucional y con el apoyo de cooperantes internacionales, se logró la protocolización de las medidas de reparación de los pueblos indígenas Nukak y Jiw, con presencia en el Meta y Guaviare, quienes vieron afectados sus usos y costumbres por
las dinámicas de la guerra y hoy se encuentran reconstruyendo sus vidas.

Estas acciones son una muestra del compromiso de la Unidad para las Víctimas con la reparación integral de los colectivos, comunidades y organizaciones del Meta, quienes le apuestan a proyectos productivos y sociales enfocados en la superación del conflicto armado y la consolidación de la paz. La Unidad para las Víctimas ha invertido más de $3.000 millones
en la reparación de comunidades y organizaciones del Meta.