La vía al Llano continúa con un futuro incierto

La incertidumbre sobre la principal carretera de la Orinoquia es constante. Esta semana volvió a presentar derrumbes en diferentes puntos.

Por: Luissa Fernanda Pérez

El tema de la vía al Llano es más complejo de lo que parece. La problemática del kilómetro 44 al 70, debido a la inestabilidad de una montaña joven agravada por la ola invernal, y los recientes temblores, hace que la solución no pase simplemente por hacer una obra, sino que involucre muchos distintos elementos y coordinación entre Gobierno y la concesionaria Coviandina en una armonía que parece no existir.

El pasado 7 de septiembre, el Ministerio de Transporte, Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estuvieron en Villavicencio para explicar la problemática y las posibles soluciones de la crisis de la carretera. Sin embargo, la no presencia de la concesionaria vial Coviandina, firma que administra la vía y el hecho de no dar respuestas y un sinsabor de respuestas inconcretas.

“Cuando el Ministro presentó su exposición y explicó todo lo que ha significado abordar algunos puntos con una inversión de 238.000 millones de pesos y la necesidad de obtener 1.2 billones de pesos que deben tramitarse ante el Gobierno Nacional, el Ministro de Hacienda, en el presupuesto del año entrante 2024, que está en trámite en el Congreso, se evidenció lo grande que es este desafío”, indicó Néstor Ányelo Martínez, director Ejecutivo del Comité Intergremial del Meta.

Por esta razón, es casi imposible que la gente tenga expectativas sobre respuestas concretas en cuanto a la apertura definitiva de la vía. Rehabilitarla podría demorarse tres años, teniendo en cuenta la larga lista de inconvenientes que enfrenta, como puntos críticos, cambio climático, los túneles, Chirajara, el viaducto del kilómetro 58, entre otros.

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“Lo concreto es que, si no se aprueba en el presupuesto de la Nación los 1.2 billones de pesos requeridos para su rehabilitación, no habrá suficiente financiamiento para llevar a cabo las reparaciones. En resumen, la pelota está ahora en el Congreso”, afirmó el director.

Respecto a la ausencia de Coviandina, adujo a una razón táctica. Básicamente, la Veeduría ha observado que, al excluir los puntos críticos del contrato, la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, que debe decidir si otorga o no el contrato con la concesionaria.

Sin embargo, otras fuentes han dicho que el distanciamiento que hay entre el gobierno Petro y el Grupo Luis Carlos Sarmiento, por el caso Corficolombiana, accionista de Coviandina, habría influido en que pocas veces se hayan reunido directamente el gobierno y el operador de la vía.

“¿Qué ha ocurrido en otras partes? Por ejemplo, en la Ruta del Sol, donde se canceló el contrato con la concesionaria y quedó abandonada, el Gobierno no destinó fondos para su mantenimiento. Además, es importante destacar que Coviandina no es la misma entidad que Coviandes en términos legales. Coviandes se encuentra actualmente involucrada en un litigio a través de un proceso de tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo fallo se espera para el 20 de octubre“, explicó el profesional.

Por lo tanto, la discusión con los concesionarios dependerá de a quién se le asigne el contrato. A menudo, las personas tienden a creer que ambas entidades son iguales debido a la responsabilidad de Corficolombiana. “No se puede terminar el contrato debido a lo que ocurrió en la bolsa de Nueva York y al acuerdo que hizo Corficolombiana. Esto no afectará a Colombia”, aclaró el director.

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Aunque algunas personas han expresado esta preocupación, el director enfatizó que no existe un fundamento jurídico sólido para ello. “Es una idea que surgió en algún momento, pero no hay una nada que lo respalde. Si bien existe una regulación que establece la inhabilitación por soborno en contratos nacionales, esto no aplicaría en este caso porque la situación de Corficolombiana es diferente a la de otras empresas”.

Concluyó que, dado que el tema involucra principalmente al Ministerio, la ANI y el INVIAS, ellos son los responsables actuales de recuperar la vía, ya sea a través del concesionario actual o con otros contratistas. “Participamos en el debate del Congreso, y la posición del Comité de la Veeduría fue que, en última instancia, el Gobierno Nacional es el responsable, tanto desde el punto de vista jurídico como desde las perspectivas de ingeniería, financiera y de adaptación a los cambios climáticos en la infraestructura”.

Finalmente, destacó que los concesionarios se han basado en las obligaciones establecidas en el contrato con la vía. “Coviandina se encarga de la construcción del tramo 3 y de la operación y mantenimiento, es decir, de garantizar el flujo de tráfico, pero no tiene responsabilidad en los puntos críticos. El otro concesionario, Coviandes, fue excluido en una concesión de primera generación y actualmente está involucrado en un conflicto arbitral, tanto en el caso de Chirajara como en el de los túneles”.

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