Lluvias en Villavicencio: ¿Por qué cada temporada invernal se convierte en una emergencia?

Las recientes emergencias por lluvias en Villavicencio no son hechos aislados ni impredecibles. Años de crecimiento urbano desordenado, ocupaciones en zonas de riesgo y falta de coordinación institucional han convertido cada temporada invernal en una amenaza latente para miles de habitantes.

Por Lina Herrera

Las recientes calamidades ocurridas en Villavicencio a causa de las fuertes lluvias impactaron, más no sorprendieron, ya que el municipio tiene un extenso historial de inundaciones al llegar la temporada invernal.

Por ejemplo, en julio de 2020, las veredas Las Mercedes y La Cuncia quedaron aisladas tras el desbordamiento del río Guayuriba, que incluso trasvasó al río Negrito, provocando una alerta roja en varios afluentes. Posteriormente, en abril de 2021, una fuerte temporada de lluvias causó crecientes súbitas en los caños Maizaro, Parrado y Buque, afectando a más de 200 familias en barrios como Popular, La Vainilla, Simón Bolívar, Villa Julia, Las Colinas y El Rodeo, con daños estructurales y deslizamientos.

En mayo de 2022, una creciente del río Guatiquía desbordó el dique de la vereda Vanguardia —pese a advertencias comunitarias previas sobre su mal estado—, generando inundaciones en al menos 20 puntos de la ciudad, con más de 1.200 familias afectadas, evacuaciones masivas y suspensión de operaciones en el aeropuerto local.

Estos tres episodios, junto a otros ocurridos en años anteriores, reflejan una constante: la vulnerabilidad estructural de Villavicencio frente a eventos climáticos extremos, algo que ha pasado de administración en administración sin una solución definitiva.

Periódico del Meta consultó a Diego Barbosa, director de Obras Civiles de la Secretaría de Infraestructura de Villavicencio, para saber si la ciudad realmente ha crecido de forma ordenada y con criterios de riesgo climático.

De acuerdo con Barbosa, “la respuesta es: no. Una de las principales debilidades de Villavicencio ha sido el crecimiento urbano desordenado, con un alto grado de informalidad. Además, se identifica que hay ocupaciones indebidas en las franjas de protección hídrica, en las zonas verdes y en espacios ambientalmente estratégicos”.

El funcionario pone como ejemplo el caso de Puente Caído, ubicado sobre el río Ocoa, donde un establecimiento industrial, al parecer, ha estado alterando el cauce del afluente: “lo que ha contribuido recientemente a la socavación de parte del apoyo o pilar del puente durante las lluvias que se presentaron esta semana. Esto evidencia la escasa incorporación de criterios de riesgo climático dentro de la planificación urbana y, al mismo tiempo, del control urbano, que debe estar pendiente de ese tipo de sucesos”.

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Para Javier Ruíz Acosta, experto en planeación de ciudad, la gestión del riesgo se encuentra integrada dentro del instrumento de planificación urbana, mediante acciones para la mitigación del cambio climático. Esto, a manera de enunciado.

“Sin embargo, esas disposiciones aún no se ven reflejadas en las acciones concretas sobre el municipio, las cuales deberían desarrollarse conforme a lo que se plantea en el instrumento de planificación”, expone Ruíz.

Respecto a la expansión urbana informal, conocida como ‘invasión’, el experto señala algunas consecuencias que recaen sobre la ciudad al permitir, o no controlar, la construcción en las rondas de caños, quebradas o humedales.

“Se traducen en afectaciones al patrimonio, la vida económica e incluso a la integridad de las personas. Esto tiende a incrementarse, ya que, en los últimos años, los periodos de lluvias han sido más fuertes y, al no existir una política de vivienda que ofrezca una opción a la población de menor poder adquisitivo, la gente termina ocupando estas áreas de rondas hídricas y humedales porque se queda sin alternativas”.

Fuera de las viviendas ubicadas cerca de rondas hídricas, es notable que algunas construcciones, como conjuntos residenciales, se encuentran próximas a humedales y caños, lo que ha ocasionado que se vean afectadas en más de una ocasión por inundaciones.

Según Barbosa, esto ocurre por fallas estructurales en la planificación y el control urbanístico.

“Aunque existen estudios que identifican zonas inundables, estos no siempre se integran a los procesos de licenciamiento ni a la toma de decisiones urbanísticas. Esa ha sido la falencia de la ciudad. Al inicio del POT 2015, no se contaba con esos estudios; empezaron a licenciarse urbanizaciones que posiblemente están en zonas de calificación media y alta de riesgo de amenaza inundable —en este caso—”, comentó el funcionario.

Barbosa menciona que, posterior a la adopción del POT del 2015, se realizó un estudio básico contratado con el IGAC, además estudios de detalles en ciertos puntos específicos de la ciudad, realizados en el 2022. Sin embargo, estos no han sido adoptados.

“No se han incorporado a la planificación urbana, ellos se debieron haber adoptado por decreto, para que los futuros licenciamientos los tuvieran en cuenta, y así no sucedieran cosas como lo de Pacandé, que, por el hecho de ser formales, fueron licenciados en zonas vulnerables (…) estos estudios lo que nos dicen es ‘acá no se puede ocupar/urbanizar, porqué allí se inunda’ o ‘acá se desliza la montaña’…”.

Sumado a lo anterior, el funcionario también señala los vacíos en la coordinación entre las autoridades respecto al cumplimiento de las normas.

“En algunos casos, hasta la misma presión del mercado que prioriza la rentabilidad sobre la seguridad. El reciente evento demuestra que el riesgo no solo afecta asentamientos informales, sino también a proyectos formales construidos en zonas vulnerables al carecer de esos estudios de amenazas y vulnerabilidad de riesgo, lo que se evidencia es la urgente necesidad de aplicar todos los estudios en todo el ciclo de desarrollo urbano”.