Lo que piensan los defensores de la naturaleza

Para conocer cuáles deberían ser las pautas del próximo presidente para frenar la depredación de las selvas, Periódico del Meta consultó a Martha Lucía Ortiz-Moreno, Bióloga y Doctora en Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de los Llanos.

Según la experta en Colombia los procesos de deforestación más impactantes están asociados al acaparamiento de tierras vía titulación irregular de “baldíos” que en general corresponden a áreas destinadas a la conservación por sus características ambientales y que son de propiedad de la Nación; por otra parte, está la deforestación selectiva relacionada con la remoción de los árboles para uso maderero sin afectar el resto de vegetación que lleva a un empobrecimiento local del hábitat para las especies.

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“Invito a reflexionar a los candidatos presidenciales sobre la necesidad de transparencia sobre el manejo de las coberturas en el territorio nacional, a través del fortalecimiento del SIPRA (Sistema Para la Planificación Rural Agropecuaria) que permita integrar la información catastral del IGAC con la información suministrada por los propietarios geoespacializada”, dijo Ortiz-Moreno.

De acuerdo a la académica, de esta manera sería posible monitorear el uso del suelo, el área destinada a cada actividad económica y a la conservación, generando incentivos (mediante reducción tributaria o generando convocatorias de financiamiento blando) para los propietarios que realizan conservación de la biodiversidad voluntaria, más a allá de lo normado por la ley.

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Un factor clave que ha favorecido la deforestación en nuestro país es la falta de transparencia en los procesos de registro y titulación de tierras, el bajo monitoreo y planeación de las actividades económicas, además de una escaza presencia estatal en muchas regiones.

La situación precaria de las comunidades rurales por la dificultad de comercializar de forma justa sus productos ha determinado que exista una baja inversión para aumentar la eficiencia de la producción a través de la adopción tecnológica.

Las economías ilegales involucran a los campesinos en acciones de deforestación, a pesar de los esfuerzos normativos gubernamentales, los programas de reforestación y los subsidios económicos llevados a dichas comunidades.

La solución para la situación del campo colombiano no está en más pie de fuerza o asistencialismo, se encuentra en el apoyo de las comunidades rurales para que puedan alcanzar el bienestar socio económico conservando el medio ambiente, a través de la producción eficiente y acorde a los estándares de las buenas prácticas agropecuarias.