Los palmeros le exigieron al Estado más presencia en Tumaco

Un llamado con carácter urgente al Gobierno Nacional hace nuevamente  Fedepalma, orientado a la búsqueda de un manejo integral del orden público y seguridad que requieren los habitantes de Tumaco, Nariño, ante la ola de violencia que azota a esta región y que cobró recientemente la vida de siete campesinos, -en hechos que aún necesitan esclarecerse por cuenta de la Fiscalía General de la Nación-, mientras un grupo de cocaleros se enfrentaba a la Policía para evitar un operativo de erradicación forzosa de sus cultivos.

Como lo ha venido reiterando Fedepalma, desde hace varios meses, la delicada situación de alteración del orden público que vive actualmente el municipio de Tumaco, Nariño, no permite trabajar ni producir normalmente, toda vez que el sector productivo se ha frenado ante la disparada que han registrado los cultivos de coca en la zona, lo cual aumenta la cultura del dinero fácil, de la ilegalidad y limita la operación de actividades lícitas como la pesca artesanal, la camaronicultura, el turismo y cultivos como el cacao y la palma de aceite, entre otros.

Tumaco, en sus inicios en el agro, no registró actividad cocalera, aunque sí fue evidente que sus tierras fértiles llamaron la atención de empresarios agropecuarios organizados, y así mismo de otros actores desplazados de otras regiones como Putumayo, por ejemplo, que buscaron en esta región oportunidades de desarrollo y lamentablemente vieron en el cultivo de coca un negocio con alta rentabilidad y proyección.

El gremio señala que la problemática social actual que se ha derivado de cultivo de coca y la inseguridad que éste genera en la región, debe tener como respuesta, por parte del Gobierno, un paquete de políticas robustas que le permitan ofrecer a los tumaqueños claras oportunidades de desarrollo laboral y de empresarización, lideradas por los diferentes Ministerios y entidades adscritas, conjuntamente con la empresa privada, en el camino de brindar efectivas opciones de progreso que puedan ponerle coto a la ilegalidad.

El sector palmero en Colombia tiene una trayectoria aproximada de 60 años y durante su presencia en Tumaco se ha preocupado por generar oportunidades de ingreso digno y de desarrollo sostenible, a través de una actividad lícita, que genera puestos de trabajo formales, a pesar de la escasa presencia del Estado y de la precaria situación que ha vivido esta región y que hoy continúa, por causa de los cultivos ilícitos, del narcotráfico y del microtráfico y de los actores armados que persisten en la zona como paramilitares y bacrim e incluso reductos de la guerrilla desmovilizada de las FARC.

Fedepalma ratifica el compromiso del sector palmero colombiano con el desarrollo de Tumaco, Nariño, toda vez que en esta región han tenido presencia empresarios grandes, medianos y pequeños que en 2010 perdieron un alto porcentaje de sus inversiones por la enfermedad de la Pudrición del cogollo (PC) y sin embargo, siguieron apostándole al cultivo de la palma de aceite y no abandonaron la zona, cuando -en muchos casos- parecía que irse era la mejor opción económica.

Los pequeños palmicultores, en su esquema de asociatividad, también han sido muy valientes porque han persistido y ya en Tumaco de las 35.000 hectáreas que se perdieron en su momento por la PC, se ha recuperado la siembra de 18.000 hectáreas aproximadamente. Los productores, aún en medio de las dificultades, no abandonan sus fincas y representan una población trabajadora que prefiere una actividad legal con la cual sacar adelante a sus familias y empleados y no tener que esconderse de la ley.

Fedepalma ha propuesto, de tiempo atrás, un “Plan Marshall” que con una visión integral de la región Pacífica y sus numerosas ventajas  de la promueva la inversión, modernización y progreso sostenible y pide una acción decidida de todas las instancias del Estado, que permita recuperar las garantías de seguridad para vivir con tranquilidad y adelantar en forma debida las actividades empresariales en Tumaco, entre ellos la palmicultura.

El gremio plantea que se requieren medidas estructuradas para superar esa problemática a través de una mayor presencia del Estado y provisión de bienes públicos que restablezcan el tejido social, restituyan la confianza, garanticen la convivencia y cambien contundentemente la dinámica de pobreza e informalidad en la cual está sumida dicha población del Pacifico nariñense y que atraiga inversión productiva, local y extranjera y todo ello se traduzca en motor de progreso, bienestar y paz para los habitantes de esta región, que tanto lo necesitan.