jueves, 18 de abril de 2024
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Medida de aseguramiento a ex funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio


Medida de aseguramiento a ex funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio 1
RP
Redacción PDM

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La Fiscalía Seccional de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, solicitó medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria contra dos ex funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio, investigados por peculado y otros, en el suministro de combustible a la administración local.

La  medida de aseguramiento no privativa de la libertad cobijará  a Juan Mario Florez  Salcedo,  jefe de la oficina de contratación de la Alcaldía y Astrid Soraya Herrera Ariza,  supervisora de contrato,  exservidores públicos durante la administración de Juan Guillermo Zuluaga entre los años 2012 – 2015.

En el proceso también fueron vinculados el contratista Gerardo Antonio Alvarado Parra y su administradora Lina Melisa Hernández Bedoya. Estas personas son investigadas por supuestas irregularidades en la realización del contrato 1937 de 2015, que tiene que ver con el suministro de combustible al parque automotor de la Alcaldía de Villavicencio (Meta).

Este es el segundo escándalo de corrupción que afronta el departamento del Meta en menos de dos semanas. Lea aquí capturan ex funcionarios de la Gobernación del Meta

En previa audiencia que había sido suspendida, la Fiscalía Seccional de delitos contra la Administración pública, imputó cargos a los  ex servidores y contratista por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautores.

La administradora de la Estación de Servicio Móvilgas Catama fue acusada por cometer falsedad en documento privado.

El Juzgado 6o Penal Municipal, con función de control de garantías, ante quien fueron presentados los investigados, suspendió la audiencia para tomar la decisión sobre la medida de aseguramiento.

La decisión del Juzgado se dará a conocer el 9 de junio a las 8:00 am.

De ser encontrados responsables de los delitos endilgados,  los investigados tendrían una pena entre 5  y 18 años de prisión.


RP
Redacción PDM

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