Organizaciones sociales piden reestructuración de la política de Paz Total en Colombia

Un informe reciente titulado “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los Derechos Humanos y la Democracia”, elaborado por más de 500 organizaciones sociales, pone en evidencia un balance mixto en cuanto a los Derechos Humanos durante los dos primeros años del Gobierno de Gustavo Petro.

Aunque el informe reconoce esfuerzos en la implementación de reformas basadas en derechos y mejoras en políticas sociales, los avances han sido limitados debido a la fuerte oposición política, el recrudecimiento de la violencia y los bloqueos legislativos y judiciales.

Entre los aspectos destacados, el informe subraya que la pobreza monetaria se redujo en un 6,7% entre 2021 y 2023, pero los niveles de desigualdad siguen siendo altos. Además, se reconocen esfuerzos del Gobierno para reformar el Sistema de Seguridad Social y mejorar el acceso a la salud, aunque iniciativas clave, como la reforma de la Ley 100 de 1993, fueron archivadas en el Congreso. A pesar de estos obstáculos, el informe señala una reducción en la mortalidad materna y una leve disminución en los actos de violencia contra la población LGBTIQ+.}

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Sin embargo, la violencia continúa siendo un reto crítico, especialmente en regiones como el Cauca, donde 25 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en 2023. También se ha observado un estancamiento en los procesos de paz, con dificultades para avanzar en las negociaciones con grupos armados.

“Solo seis de las leyes aprobadas tienen un impacto directo en la protección de los Derechos Humanos, entre ellas la reforma pensional, la ley de matrícula cero en la educación superior y la ley de pasivos ambientales”, dice el documento.

Las organizaciones firmantes del informe hacen un llamado al Gobierno Nacional para reestructurar la política de Paz Total, sugiriendo un Acuerdo Nacional que consolide la paz como una política de Estado. Asimismo, solicitan avanzar en una reforma integral del sector seguridad y fortalecer las instituciones encargadas de la protección de los Derechos Humanos.

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Advierten que la falta de un marco jurídico para el sometimiento de estructuras criminales y la inacción de instancias clave, como las Regiones de Paz y los Comisionados Regionales, han generado incertidumbre y limitado los avances en la implementación de la paz en los territorios más afectados por la violencia.

Mientras que las intenciones del Gobierno Petro de priorizar los Derechos Humanos son claras, los resultados siguen siendo limitados y enfrentan desafíos significativos.

Este informa fue realizado en colaboración de organizaciones sociales vinculadas a la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU) y la Alianza, Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), quienes desde hace 21 años, realizan balances periódicos y presentan recomendaciones a instituciones del Estado para la protección, implementación y garantías del ejercicio de los Derechos Humanos a nivel nacional.