Preocupación por quejas en la atención del Caivas

Por Valentina Mejía

Son varias las denuncias recogidas en redes sociales e incluso por personas que han estado trabajando de cerca este fenómeno social, que ponen en evidencia la poca celeridad en los casos de investigación de abusos sexuales contra menores en el departamento del Meta y el riesgo latente al que están expuestas las niñas en Villavicencio.

“Aquí hay un abusador en serie que sectoriza a sus víctimas, por el INEM en un lote baldío, se esconde, las amenaza con un revólver, las golpea y las abusa. En Porfía asecha con la misma modalidad, aunque ya se sabe quién es el agresor, el caso sigue archivado porque no hay quién lo adelante”, detalló un investigador judicial.

Aunque Caivas se creó bajo un convenio estipulado entre la Gobernación del Meta, Alcaldía de Villavicencio, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Hospital Departamental y Policía Metropolitana de Villavicencio en el año 2008, en estos momentos se encuentra pasando por una difícil situación, así lo manifestó Diana Sarmiento, líder y defensora de los derechos de los niños y niñas en la capital del Meta.

“Llevamos varios años tratando de visibilizar la problemática que hay en la atención de estos delitos, pero no ha pasado nada. Dentro del esquema que manejan no ha habido forma de presionar para que pongan las herramientas indicadas con el objetivo de que estos procesos no queden a medio camino”, dijo Sarmiento.

Este tema se puso en conocimiento el año pasado en el mes de noviembre, cuando Diana estuvo acompañando un caso de una menor que fue víctima de abuso. Indicó Sarmiento que, durante la denuncia, las herramientas de atención fueron casi nulas.

“En ese momento la cámara Gessel, que es un cuarto que permite entrevistar a los niños y niñas abusados de una manera más tranquila, segura y cómoda, no estaba funcionando. La menor tuvo que dar su testimonio varias veces, la enviaron a Medicina Legal pero no había psicólogo, entonces es la acumulación de muchas cosas que hacen que los casos no tengan vocación de éxito de ninguna manera y se caigan fácilmente”.

A su vez, la activista indicó que son muchas las víctimas de este flagelo que están sin justicia, cuestionando la poca protección que las entidades correspondientes les prestan a los menores en el departamento, “lo único que hacen es responsabilizar al otro, pero no dan soluciones”.

Otro factor que se suma a esta denuncia, es la inoperancia que tiene, al parecer, la unidad de delitos sexuales por parte de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Según lo manifestado por Sarmiento a este medio de comunicación, dentro de la institución solo hay un investigador para atender los casos de violencia sexual en Caivas a nivel metropolitana. “Acá en Villavicencio es más importante apoyar y tener más policías atendiendo temas de hurto, que abusos a menores de edad”, enfatizó.

Además, señaló que el CTI de la Fiscalía tiene más o menos 7 u 8 funcionarios atendiendo todo el Meta. “Lo increíble es que solo hay una psicología forense que se encarga de realizar los peritajes para obtener material probatorio, esa misma que cada tres meses debe estar renovando contrato y que, durante el proceso de renovación, no atiende más casos”.

De acuerdo con lo anterior, se habla de denuncias que sin esa prueba se atrasan meses y que en ese lapso de tiempo, los niños pueden seguir siendo abusados porque como no se tienen todas las herramientas completas, hay que darle espera para que el agresor no vaya a saber que está siendo investigado.

“Hay gente muy comprometida, pero se necesita urgente el apoyo interinstitucional. La policía tiene que comprometerse con el sistema judicial en cuanto a delitos sexuales contra menores y darle la importancia que merece”, concluyó Sarmiento.

No obstante, Periódico del Meta consultó con Zorayda Gómez, trabajadora social, funcionaria de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, y quien se encuentra actualmente vinculada al Caivas, para hablar de la atención en estos procesos, que según lo dio a conocer Sarmiento, no son eficaces.

“Es importante resaltar que son varias las instituciones funcionando alrededor de un solo flagelo que es el abuso sexual. Caivas es un convenio Interinstitucional donde se desprende Caivas ICBF y Caivas Fiscalía, es decir, cada institución maneja sus procesos de forma diferente. Yo no podría entrar a dar un señalamiento con respecto al trabajo que hace Fiscalía o Policía Judicial, porque mal haría yo”, precisó Gómez.

Sin embargo, con respecto a las denuncias, argumentó que Caivas ICBF tiene dos equipos perfectamente especializados en abuso sexual que se encargan de mantener en control los casos que le competen, hacen verificación de derechos y seguimiento. “Muchas veces los casos en ICBF se cierran por cumplimiento de derechos, pero el asunto penal continúa”.

A pesar de que, cada institución es autónoma en sus procesos, Zorayda Gómez señaló que el cuello de botella radica muchas veces en que el menor no recibe la atención integral completa, es decir, tanto la penal, como en la salud, lo que genera que se abandone el proceso y los niños, niñas, sigan siendo víctimas de abuso.