República señorial | Opinión

El pensador colombiano, Antonio García Nossa, acuñó el término “república señorial” para referirse a la persistencia, aún después del fin de la época colonial y de la instauración de la república, de un sistema de dominación política basado en el uso y abuso del poder, con fines de conservar el status de ciertos grupos sociales. Se trata de una forma de dominio fundamentado en el prestigio de “grandes familias” y apalancado en aparatos de fuerza, la fragmentación política, el clientelismo y la corrupción de los endebles órganos de defensa social del Estado.

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La inequitativa distribución de la tierra en Colombia es consustancial a la existencia de ese orden social heredado de la conquista española y que, cual rezago feudal, posicionó la tierra como un valor simbólico especial que no desapareció con la consolidación de la república y, en cambio, se fortaleció a través de una de las contrarreformas agrarias más sangrientas ocurridas en el hemisferio occidental en la historia contemporánea.

Venerable en su apariencia y con preocupación por las maneras, esa “república señorial” ha sido, sin embargo, cruel y despiadada. Por eso reacciona con soberbia ante cualquier indicio de transformación social. Que el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, entregue a comunidades marginadas cientos de hectáreas en formato de baldíos, incautaciones o extinciones de dominio es asumido como un desafío por políticos, empresarios y mafias, que no se niegan recurso alguno para impedir que las cosas cambien.

De esos sectores, precisamente, provienen las amenazas de muerte de que ha sido objeto el director de la ANT, Felipe Harman, hecho que devela los golpes propinados a un poder tradicional que aún conserva la capacidad de ejercer violencia sobre quienes tienen la gallardía de desafiar sus posesiones mal habidas.

La superación de la “república señorial”, advertía García Nossa, debe abrir paso a una «república real» que beneficie a todos los ciudadanos. Colombia necesita transitar de un sistema de privilegios a uno de igualdad de oportunidades para todos. Que así sea depende de la acción consciente de sus pobladores. La suerte de la continuidad de la reforma agraria está, especialmente, en manos de las organizaciones campesinas del país.