Seguridad social para taxistas: avanzan diálogos

A partir de junio del año 2014 y gracias al Decreto 1047  expedido por el Ministerio de Trabajo se hizo realidad que el gremio de taxistas, cuyos  miembros exponen su vida de forma cotidiana, deberían  contar con una afiliación a seguridad social: salud, pensiones y riesgos laborales o ARL.

Sin embargo, a la fecha aún no hay claridad de quién debe asumir esta obligación, ya que en el decreto expedido no quedó especificado   si son las empresas de transporte público individual, los propietarios o los conductores quienes deben hacer los aportes.

Ante esta nueva obligaci ón, el gremio de los amarillos en Villavicencio y el país  ha mostrado inconformismo desde que se dio a conocer la  buena noticia, pues, según los conductores,  la medida ha recaído  en sus bolsillos y ha permitido que las empresas transportadoras y propietarios de estos vehículos se abstengan de los pagos.

 Por ahora, y con el propósito de buscar soluciones al tema del pago de la seguridad social al que está obligado este gremio, se programó una nueva reunión entre los representantes de los conductores de taxis, los propietarios y empresas que agrupan a estos vehículos,  delegados del Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.

A ese acuerdo se llegó ayer (martes) al término de una reunión convocada por la Secretaría de Movilidad con todas las partes, en la que también se decidió cancelar el paro que estaba anunciado para hoy por parte de los taxistas, para protestar por ese tema que los afecta.

Carlos Fernando Ladino, conductor de taxi y representante de Asotaxmeta ante la mesa de concertación, dijo que en conjunto con los propietarios de taxis esperan encontrar alternativas que les permitan cumplir con ésta obligación establecida por el Gobierno nacional, sin que se afecten grandemente en su labor diaria de generar ingresos.

Por su parte, Iván Baquero Susa, secretario de Movilidad municipal, dijo que a pesar que el tema no es competencia directa de su dependencia, el propósito es concertar entre las partes, llegar a una solución y evitar ceses de actividades que impacten negativamente en el servicio y la movilidad en la ciudad.