Víctima en el extranjero recuperó predio en el Meta

Ni la distancia o el miedo vencieron el tesón puesto por una mujer residente en Estados Unidos para lograr recuperar su predio de la que lo despojó en Santa Helena, una vereda del Meta, un comprobado narcoparamilitar que llegó a estar incluido en la Lista Clinton.

 A miles de kilómetros, desde el exilio en Estados Unidos a que la llevó la intimidación verbal y armada por el despojo de un predio de su propiedad, hoy Cristina Urrego*, una víctima más del conflicto armado que durante años golpeó el departamento del Meta, celebra la decisión que la reconoce como dueña de la tierra y le otorga el derecho a recuperarla a partir de este momento.  

 El calvario para esta mujer al que la justicia impartida a través de la Ley 1448 acaba de poner freno, comenzó en el año 2009, cuando, tras enviudar y encontrar difícil seguir por su cuenta la producción agrícola y ganadera del terreno de 327 hectáreas, lo arrendó a un hombre de manera verbal durante un año. Transcurrido el tiempo pactado, Cristina regresó al lugar, encontrando para su sorpresa que las casas de habitación, los corrales y la pesebrera habían sido destruidos como consecuencia de que allí se halló un pozo petrolero para cuya explotación Ecopetrol adelantaba trabajos en medio de negociaciones con el supuesto dueño, simple arrendatario.

 Conocida la real propiedad del terreno, la empresa de hidrocarburos se abstuvo del negocio. Fue entonces que el hombre formuló sin éxito ofertas de compra a Cristina por la tierra, pero ella desde un principio se mostró renuente de llevar a cabo el negocio. Entre los reparos que la mujer tuvo para rechazar las propuestas del oferante, estuvo descubrir posteriormente, a través de medios de comunicación, que aquél integraba nada menos que la llamada Lista Clinton y era, por si fuera poco, testaferro de los narcoparamilitares alias ‘Loco Barrera’ y Cuchillo, cabecillas del Ejército Revolucionario Antisubversivo Popular de Colombia (Erpac), temida banda criminal de por entonces amplia presencia en los Llanos Orientales. De inmediato comenzaron para ella y su familia una serie de amenazas en que la conminaban a desistir de la propiedad.

 A tal punto llegaron las artimañas usadas por el victimario y sus hombres para que Cristina abandonara el predio, que hacia el año 2012, residiendo ya en el extranjero para intentar garantizar su seguridad, se instauró de manera sorpresiva contra ella una querella policiva por perturbación a la posesión, de la cual, ante su incredulidad, resultó finalmente despojada, pasando desde entonces el terreno a manos de quien la asediaba valiéndose además de autoridades fraudulentas de la región en ese periodo.

 Aferrada a la confianza entregada al proceso de restitución de tierras que hoy comprueba la razón de su reclamo, esta valerosa mujer, madre de dos hijas, supo desenmascarar uno a uno los engaños tramados por el hombre y sus nexos con reconocidas organizaciones armadas de la época en la zona en que se ubica el predio. 

 Así, por ejemplo, pese a las afirmaciones del opositor, quien mediante su defensa manifestaba haber pagado a la solicitante por el predio una millonaria suma más un apartamento, esta persona no pudo demostrar estos hechos. Por el contrario, el proceso dejó a la luz que dicho inmueble fue adquirido por él sin documentación y de manos de Diego Rodolfo y Jacinto Baez Baez, hermanos sujetos de extradición a los Estados Unidos por comprobarse su participación en actividades de narcotráfico.

 Más aún, el contunde fallo proferido señala que “no puede menos que conducir a confirmar el hecho de que el opositor de este proceso: de un lado, tenía la capacidad para intimidar y amenazar a la solicitante aduciendo que estaba relacionado con «personas peligrosas»; y de otro, para hacerle dudar sobre las circunstancias y condiciones de la pretendida compra de sus predios, en tanto se ofreció pagarlos con un inmueble respecto del cual no es claro su origen o procedencia”.

“Esta sentencia constituye un logro más para la Unidad de Restitución de Tierras en nombre de todas las víctimas, pues en este caso logramos  hacer justicia con una familia que no sólo fue vulnerada en sus derechos, sino que, además, se vio obligada al exilio por la persecución de toda una organización criminal que buscaba a través de un proceso de despojo adquirir de manera indebida un bien y beneficiarse así de todo un patrimonio. Pone además en evidencia de toda la población que la Unidad cuenta con la capacidad para enfrentarse a opositores de diversa índole. Estamos preparados para perseguir y desarticular las estructuras financieras de estos grupos delincuenciales”, declaró Diana Esmeralda Herrera, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Meta.