Villavicencio: El limbo de las ‘zonas azules’

En el 2014, Villavicencio tuvo 87 zonas autorizadas para operar como Zonas de Permitido Parqueo (ZPP), según el acuerdo municipal de ese año. Sin embargo, en el 2023, año de la última etapa de operación, solo funcionaron 40 zonas, con cerca de 1.200 espacios para motocicletas y 700 para vehículos. Hoy, el sistema permanece en pausa y sin un modelo de cobro definido.

De acuerdo con fuentes de la administración municipal, el esquema bajo el cual se implementaron las ZPP, conocidas como zonas azules, no logró ser sostenible ni financiera ni operativamente. Y es que, el modelo, basado en contratos interinstitucionales, terminó generando más costos que ingresos para el municipio.

Según explicó Jaime Alberto Rodríguez Arias, gerente de la Empresa de Tecnología y Servicios Alborada (EICE), “el municipio destinaba unos recursos, contrataba a Alborada, pero todos los gastos administrativos y operativos eran mayores que lo que se lograba recaudar”, señaló.

Entre esos costos estaban el pago de personal en calle, equipos, impresoras, riesgos laborales, accidentes y pérdidas por robos. “Todos esos gastos valían esto y el recaudo era esto”, resumió, al explicar que el esquema terminó siendo financieramente inviable.

Como consecuencia de ese fracaso, desde hace dos años el municipio no ha contratado nuevamente a Alborada para operar las ZPP. El gerente aclaró que este proceso es competencia de la Secretaría de Movilidad y que, al no existir contrato vigente, la empresa no puede ejecutar la operación. “Nosotros no somos los competentes, somos contratistas”, precisó.

Desde la Secretaría de Movilidad, Luis Fernando Ramírez explicó que el origen del problema se remonta al cierre de la antigua concesión del sistema, que operó entre 2014 y 2021. Tras finalizar ese contrato, la administración de entonces decidió no prorrogar la concesión y cambiar el modelo, trasladando la operación a Alborada mediante contratos interadministrativos.

Según Ramírez, la trazabilidad financiera más reciente evidencia las fallas del esquema. Entre 2023 y 2024, el municipio invirtió cerca de 4.000 millones de pesos, pero solo logró recaudar 2.800 millones, lo que dejó un déficit de aproximadamente 1.200 millones.

“La génesis del aprovechamiento del espacio público es que le remunere al municipio, no que le genere pérdidas o déficit presupuestal, porque así se vuelve inviable”.

Ramírez explicó que el problema no es técnico, sino financiero y jurídico. Ya que, las zonas, tarifas y limitaciones están definidas. Los contratos interadministrativos implican cargas tributarias, costos adicionales y subcontrataciones, lo que desestimula a posibles operadores privados y hace que el modelo no cierre económicamente.

Ante este panorama, la administración municipal comenzó a evaluar un cambio estructural del modelo, orientado a una operación basada en tecnología, con pagos digitales y control automatizado, que requeriría una nueva autorización del Concejo Municipal.

En este esquema, el usuario estaciona, escanea el código QR y paga desde su celular. En caso de no hacerlo, el sistema permitiría aplicar un “cepo virtual”, que no inmoviliza físicamente el vehículo, pero sí genera restricciones administrativas ante el municipio.

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El control se realizaría mediante personal que recorre las zonas tomando registros fotográficos con georreferenciación, lo que permite verificar si el pago fue efectuado.

Mientras tanto, las zonas siguen permitidas, pero sin cobro ni sanción, lo que ha incrementado el desorden en el uso del espacio público.

Para Jimena Rivera, experta en movilidad sostenible y seguridad vial, las ZPP pueden ser una herramienta eficaz en ciudades intermedias como Villavicencio, siempre que su objetivo principal sea gestionar la demanda y la rotación, y no limitarse al recaudo.

Rivera advierte que uno de los errores más frecuentes es no definir objetivos claros ni indicadores de seguimiento, “cuando las tarifas se definen por cálculo político y no por criterios técnicos de ocupación, cuando el control es débil y se tolera el parqueo informal, el resultado es la frustración ciudadana, saturación permanente y la sensación de que ‘nada cambió, solo ahora toca pagar’” expresó.

Asimismo, explicó que, “las ocupaciones no deberían superar el 90 o 95 %. Siempre debe haber cupo, de lo contrario, se generan congestión, vueltas innecesarias y saturación”.

Sobre la propuesta de un sistema de pago por código QR, la experta considera que puede ser viable, pero solo si se garantiza accesibilidad, continuidad operativa y alternativas de pago, especialmente en contextos donde hay baja conectividad digital o usuarios que no manejan banca electrónica.

Además, insiste en que cualquier sistema debe integrarse con estrategias de movilidad activa y transporte público, algo que hoy no ocurre en la ciudad, y que la falta de continuidad en las políticas ha generado desconfianza ciudadana.

Mientras el municipio define el rumbo financiero y tecnológico de las ZPP, Villavicencio continúa con zonas de parqueo permitidas, pero sin control ni recaudo.