Villavicencio seguirá recibiendo apoyo de la USPEC para alimentar a detenidos

La Corte Constitucional de Colombia emitió un auto mediante el cual ordena a las autoridades nacionales garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación en los centros de detención transitoria del país, ante el riesgo de que personas privadas de la libertad (PPL) queden sin acceso a una alimentación adecuada.

A través del documento, el alto tribunal ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) continuar con la prestación del servicio de alimentación donde actualmente tiene competencia, hasta que las entidades territoriales correspondientes estén en capacidad de asumir esta responsabilidad bajo condiciones de continuidad, suficiencia, calidad y adecuación.

En este sentido, Villavicencio se vería acobijado, ya que, a pesar de tener un plan de alimentación para las PPL, no puede ejecutarlo. Así lo explicó Yanid Jara, secretaria de Gobierno del municipio.

«Si bien presentamos el plan de alimentación, hicimos gestión con la Gobernación del Meta, realizamos el traslado presupuestal; pero el proceso con el gobierno departamental se cayó, por lo que el plan se desarmó (…) cómo no hay certeza, la USPEC también tiene que atender en Villavicencio«, explicó la funcionaria.

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Asimismo, hasta que la Alcaldía no vuelva a definir totalmente el sostenimiento de su plan, la USPEC tendría que continuar brindando la alimentación de las PPL, según indicó Jara.

De igual manera, se le ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, con carácter prioritario y urgente, asegure los recursos presupuestales necesarios para mantener este servicio sin interrupciones.

La Corte también exhortó al Gobierno Nacional a que expida, a la mayor brevedad, la reglamentación necesaria para implementar lo dispuesto en la Ley 2346 de 2024, que establece lineamientos sobre el manejo de estas responsabilidades. Al Congreso de la República se le reiteró el llamado a legislar en la materia, tal como lo ordena la Sentencia SU-122 de 2022.

El auto destaca que el cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y recuerda que el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones con esta población, independientemente de su situación jurídica.