Villavicencios: Barrios legalizados esperan obras y servicios públicos

Aunque cuentan con resolución de legalización desde la administración 2020–2023, los barrios La Antonia y Villa Marina, ubicados en la comuna 10 de Villavicencio, continúan enfrentando dificultades para acceder a inversión pública y a la ejecución de obras básicas, situación que mantiene en incertidumbre a decenas de familias.

Por Mariana González // Especial para Periódico del Meta

Estos sectores fueron formalizados durante el mandato del entonces alcalde Felipe Harman mediante actos administrativos que reconocieron oficialmente su existencia jurídica. Sin embargo, líderes comunitarios aseguran que, en la práctica, los proyectos de infraestructura y servicios públicos no han avanzado.

“Yo tengo el documento donde me niegan porque según la Alcaldía el barrio no está legalizado, pero nosotros ya tenemos la resolución que nos dejó Felipe Harman”, afirmó Harold Rivera, quien participó en la creación de la Junta de Acción Comunal.

De acuerdo con la comunidad, antes del proceso de legalización, varios de estos barrios enfrentaban cuestionamientos por parte de la autoridad ambiental, Cormacarena, debido a su cercanía con humedales o áreas consideradas de protección. Con el paso del tiempo, se consolidaron como asentamientos permanentes, aunque arrastran problemas estructurales que aún no han sido resueltos.

Actualmente, pese al reconocimiento administrativo, los barrios presentan precariedad en servicios públicos esenciales. Sus representantes aseguran que han adelantado gestiones ante empresas prestadoras para buscar soluciones en alcantarillado, manejo de residuos e infraestructura básica.

“Se han venido radicando documentos para titulación y para el alcantarillado, aunque aún no se han hecho estudios para ejecutar la titulación y la escrituración de las propiedades”, explicó Rivera.

La situación también se repite en otros sectores de la ciudad que atravesaron procesos similares de legalización. Según líderes comunitarios, los avances han sido mínimos.

“Avances no ha habido. Solo mesas de trabajo, reuniones y más mesas de trabajo”, aseguró José del Carmen Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Marina.

De acuerdo con el líder, desde la legalización únicamente se ha realizado una intervención puntual. “No hay obras en ninguno de esos barrios. Lo único que se hizo fue instalar un alumbrado público en El Brillante, pero de resto no se ha ejecutado nada”, señaló.

Desde la Dirección de Formalización de la Secretaría de Planeación reconocen que estos barrios fueron legalizados durante el gobierno anterior, pero señalan que existen dificultades técnicas y jurídicas que han frenado la ejecución de proyectos.

“En el año 2023 la administración tomó la decisión, mediante resolución administrativa, de legalizar varios barrios, entre esos La Antonia, Villa Marina y El Brillante”, explicó la directora de Formalización, Claudia Ballesteros.

La funcionaria indicó que la ubicación y la situación jurídica de los terrenos han dificultado avanzar en obras de infraestructura. “Para la administración municipal ha sido muy complejo atender las necesidades de la comunidad, principalmente por la ubicación del predio. Es un suelo al que no alcanzan a llegar las redes de los servicios públicos y además el predio tiene problemas jurídicos respecto a su propiedad”, afirmó.

Según la entidad, el terreno donde se ubican algunos de estos barrios perteneció al Fondo Ganadero del Meta y su situación jurídica aún está en discusión, lo que limita los procesos de escrituración y titulación para los habitantes.

“La comunidad no tiene la calidad de propietaria y por eso se dificulta adelantar varios de los trámites que siguen después de la legalización”, agregó.

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Frente a los argumentos de algunos líderes sobre la posibilidad de acceder a la propiedad de los predios mediante la legislación vigente, la funcionaria aclaró que la normativa no permite que la administración entregue títulos sobre terrenos privados.

“La Ley 2044 en ningún momento faculta ni a la comunidad ni a la administración para quitarle un predio a un privado. En muchos casos la comunidad debe acudir a procesos judiciales para obtener la propiedad”, explicó.

Mientras tanto, la Alcaldía asegura que continúa adelantando diagnósticos y mesas de trabajo para identificar posibles intervenciones que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes mientras se resuelven los problemas jurídicos del suelo.

Sin embargo, para las comunidades la expectativa sigue siendo que la legalización se traduzca en obras concretas y en soluciones estructurales que permitan superar años de rezago en infraestructura y servicios públicos.