A cambiar de casco

En los próximos meses los motociclistas tendrán que pensar más en la seguridad que en el bolsillo. Los precios de los cascos oscilan entre $180.000 y $250.000, según la marca o el modelo. 

Más de 59.000 motociclistas que transitan por las calles de Villavicencio tendrán que desechar el casco que usan actualmente para salir a comprar el que exigirán las autoridades de tránsito en los próximos meses.

La medida es una consecuencia de la nueva resolución que expedirá el Ministerio de Transporte antes de finalizar este año, con la que se busca reglamentar la calidad de los cascos para motociclistas y alinear la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4533 del año 2003 a las normas internacionales, en lo relacionado con el uso de este elemento.

En pocas palabras, la resolución, que terminó la etapa de consulta ciudadana en el mes de agosto, le dirá adiós a los cascos convencionales que se comercializan en diferentes sectores de la capital metense y que no cumplen las exigencias en cuanto a los materiales, forma, diseño y visibilidad que dictan las normas internacionales.  

El proyecto de resolución llega en un momento coyuntural si se tiene en cuenta que más del 50 por ciento de la accidentalidad vial en el Meta ha dejado como víctimas fatales a motociclistas y peatones, lo anterior sin contar que Villavicencio se encuentra entre las ciudades con más alta tasa de accidentes en el país.

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y agosto de este año se registraron 48 personas muertas en accidentes de tránsito.

Aunque  en el 2017 se ha logrado una disminución del 28,4 por ciento en muertes en accidentes de tránsito, la capital del Meta es una de las ciudades que genera mayor preocupación en materia de accidentalidad, pues según los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue la segunda en Colombia con la mayor tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, registrando en el 2015 una tasa de 24,15 muertos, muy por encima del promedio nacional (14.28); y fue la cuarta ciudad con el mayor número de muertes en accidentes de tránsito con 117 víctimas fatales.

No obstante, y pese a las cifras, el parque automotor de este tipo de vehículos ha tenido un aumento del 7 por ciento en comparación al 2016.

 Periódico del Meta hizo un recorrido y evidenció que la mayoría de motociclistas consultados que circulan en las calles de Villavicencio no cumplen con los requisitos técnicos que exige la ley y son comprados porque les parecen baratos.  Algunos de estos elementos se consiguen en el mercado por $15.000.

Tatiana Buitrago, asesora comercial de un reconocido punto de venta del centro de Villavicencio, admitió que algunos de los cascos que se comercializan en la ciudad permite a los motociclistas evitar una multa de tránsito pero que no representan ninguna seguridad a la hora de afrontar un accidente.

“En Villavicencio, como en otras ciudades del país, se comercializan cascos  que no cuentan con las normas técnicas adecuadas para su uso. Sin embargo, como se consiguen a muy bajos precios, las personas los adquieren sin preguntar si están o no reglamentados o si los van a proteger en caso de accidente. Es importante que los motoristas al igual que los parrilleros tomen conciencia de la importancia de adquirir un casco que esté certificado por la norma internacional”, recalcó la vendedora.  

Teniendo en cuenta el incierto nivel de protección de los cascos que se comercializan en el Meta y otras partes del país y con el fin de mejorar la seguridad de los motoristas, la nueva norma exigirá que los cascos importados o fabricados en el país, utilizados para transitar por las carreteras y vías públicas deben cumplir con los estándares de calidad europeo (UNECE R22-05) y americano (FMVSS 218), que protegen más la cabeza de los golpes, que los cascos de uso habitual.

Estas normas establecen unas exigencias en cuanto a material en el que están elaborados los cascos, la visibilidad, sujeción, el tamaño y forma. Debe haber pasado pruebas de arrastre, impactos y caídas.

Estos elementos, en el mercado nacional, pueden valer hasta cinco millones de pesos. Sin embargo, los que tendrán que usar los motociclistas obligatoriamente, a más tardar en el 2020, costarían unos $200.000. No Obstante, los precios podrían variar entre $180.000 y $250.000, según sus características. Así lo indicó el diario Portafolio en su más reciente informe.  

La nueva resolución implicaría un aumento del 10 por ciento en el valor del casco para quienes utilizan moto como medio de transporte.  Y como era de esperarse, la medida, que se tendría lista en diciembre, ha generado polémica en los hogares de estratos 1, 2 y 3, que serían los más afectados con esta nueva regla.  

Uno de los perjudicados con el proyecto sería Duvan Díaz, quien no sólo utiliza su motocicleta para transportarse, sino que trabaja con ella.

“Mi hijo y yo laboramos haciendo domicilios.  Estoy de acuerdo con la medida, sin embargo, no podría costear un accesorio tan costoso, a pesar de saber que nos podría salvar la vida. Sería bueno que, si se reglamenta esta ley, estos elementos fueran más accesibles al bolsillo de hogares de bajos recursos como el mío”, aseguró.

Este proyecto no solo ha generado inquietudes en los hogares sino en la industria llanera que comercializa, elabora e importa estos elementos.

La historia es  que hoy este accesorio, vital para  salvaguardar la vida de muchos,  está en cientos de locales de Villavicencio y tiene los días contados, por razones de seguridad. Las perdidas, según los comerciantes serán millonarias.

“En diez años no se ha hecho un cambio a la actual norma (NTC 4533) y un tiempo “prudencial”, como lo expone el Gobierno, no podremos recuperar la inversión hecha. Los pequeños empresarios vamos a quebrar. Esta es otra de las formas del Gobierno de eliminar las fuentes de trabajo del colombiano de a pie”, comentó uno de los comerciantes ubicados en el sector del 20 de Julio, en el que se comercializan por día entre 20 y 30 cascos.  

Luego de que el Ministerio de Transporte expida esta nueva reglamentación, las industrias tendrán seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias. Los ciudadanos por su parte, tendrán dos años de plazo para adquirir el nuevo casco.