Alimentar a detenidos compromete el Plan de Desarrollo de Villavicencio

Por mandato de la Corte Constitucional, la Alcaldía de Villavicencio tuvo que redirigir $2.000 millones de su presupuesto para alimentar a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.

Por Lina Herrera

La Alcaldía de Villavicencio anunció la reasignación de $2.000 millones para cubrir los gastos de alimentación de personas privadas de la libertad (PPL) en centros de detención transitoria, una medida que, aunque responde a disposiciones legales, impacta de forma significativa el presupuesto municipal y limita la ejecución de proyectos sociales clave.

Actualmente, en la ciudad hay tres centros de detención transitoria: la Unidad de Reacción Inmediata (URI), el Distrito de Policía y el centro conocido como CP3. 

Cabe mencionar que, este gasto no hacía parte de las responsabilidades de la administración municipal, hasta que, en el 2022, una orden de la Corte Constitucional determinó que, desde el 1 de julio la responsabilidad de la alimentación de las PPL, pasa de estar en manos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a las de los municipios y departamentos.

De acuerdo con Yanid Jara, secretaria de Gobierno de Villavicencio, este ajuste financiero fue posible gracias a “un buen ejercicio de ahorro en los gastos crediticios del 2024”. Sin embargo, los recursos estaban originalmente destinados a fortalecer la oferta institucional en sectores vulnerables. La reasignación obligada compromete, por tanto, las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal.

“Estaban dispuestos para ampliar la oferta institucional en sectores vulnerables como la primera infancia, la población educativa, proyectos de vivienda, la generación de actividades que dinamicen la economía local y demás servicios que exigen una actuación inmediata de la entidad territorial”, manifestó la funcionaria.

Se estima que el municipio deberá destinar un total de $4.117 millones para cubrir la alimentación de los internos en estos espacios, de los cuales solo $2.000 millones han sido asegurados mediante traslado presupuestal aprobado por el Concejo Municipal.

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“Este recurso no resulta suficiente pues el estimado total para cubrir este compromiso desde el 01 de julio de 2025, hasta diciembre 31 de 2025 es de $4.117.000.000”, añadió Jara.

Según la funcionaria, ante este panorama, el gobierno municipal ha manifestado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Justicia su voluntad de cumplir con lo estipulado por la Corte Constitucional respecto a la atención de personas privadas de la libertad. Sin embargo, también ha hecho énfasis en las limitaciones presupuestales que enfrentan los entes territoriales para asumir este tipo de cargas sin apoyo del Gobierno Nacional.

El alcalde de Villavicencio, a través de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), llevó esta preocupación tanto al Ministerio de Justicia como a la Corte Constitucional y al Ministerio Público, insistiendo en la necesidad de que, en virtud del principio de subsidiariedad, la Nación aporte recursos que permitan a los municipios cumplir con esta responsabilidad sin sacrificar otras áreas esenciales del desarrollo local.

La Gobernación del Meta se habría comprometido con la entrega de 500 millones, equivalentes a 35 días de alimentación, sin embargo, al parecer por procesos contractuales, este recurso aún no ha podido ser asignado. 

“No nos han dicho si no lo han podido garantizar, es posible que tengan un plan B y cumplan con ello. Sin embargo, le compartimos al Ministerio para poner en conocimiento la situación y que este asuma. Eso es una orden de la Corte, que los municipios que no tengan completo el recurso, la USPEC junto al MinInterior continúe atendiendo, pero no puede haber un solo día sin alimentación”, puntualizó Jara.