ANT admitió desfalcos hallados por la Contraloría General

Mediante un comunicado, el exalcalde de Villavicencio y ahora director de la ANT, Felipe Harman, acepta que hubo irregularidades, pero no detalla, por ejemplo, si ya se entablaron demandas contra la anterior administración de la Agencia.   

Por Jhon Moreno

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el exalcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, admitió los hallazgos fiscales por $160.000 millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia, “específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI)”.

Esta semana, la entidad de control publicó los resultados de una auditoría realizada en el segundo semestre de 2024 en la que se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, “se solicitó una apertura de indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, por incongruencias en la información presentada por la entidad”.

La ANT respondió mediante un comunicado que “la Contraloría General de la República confirmó que Harman tuvo la razón al encender las alarmas tras su llegada a la Agencia Nacional de Tierras”, pero en realidad el comunicado de auditoría no le otorga la razón a nadie y en cambio sí advierte que “las irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos comprometen la eficacia de la Reforma Rural Integral”.

La auditoría comprende entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024, es decir, dos meses después de que Harman llegara a la entidad, en febrero de 2024. Esta es precisamente la defensa del actual gerente de la ANT para deslindarse de cualquier responsabilidad en los resultados de la auditoría, pues afirma que solicitó “el acompañamiento de los entes de control”, para evitar una afectación aún mayor y “abrió la posibilidad de subsanar”.

Sin embargo, el tema es más de fondo y la defensa de Harman, al menos en lo manifestado en el comunicado oficial de la ANT, tiene vacíos.

Veamos: la Contraloría reportó que se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones. Estos suelos representan más del 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII.

La ANT dice que la Mesa de Seguimiento a Casos Críticos conformada por Harman, impidió una afectación mayor, pero no explica, por ejemplo, cuál es el balance al cabo de un año de trabajo para resolver atrasos y reclamaciones en la compra de tierras.

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Entregas simbólicas

Es que uno de los hallazgos que confirma la Contraloría y que vienen denunciando los líderes campesinos es que se siguen haciendo entregas simbólicas de tierras en las comunidades, pero no se concretan en documentos: “en varios casos, los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales. Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula”, reportó la Contraloría.

En enero pasado, por ejemplo, el director de la ANT llegó a predios del municipio de San Antonio de Palmito (Sucre), los cuales estaban en posesión de la minga de la etnia Zenú, que los reclama para ponerlos a producir tal como se lo prometieron en marzo de 2024, entregados ya en la administración de Harman.

Si bien la ANT dice que la Dirección de Acceso a Tierras “elaboró un plan de mejoramiento que ya fue comunicado al ente de control, y que contiene acciones factibles de cumplirse en corto tiempo”, no hay resultados públicos de estos avances.

Como lo ha advertido Periódico del Meta, uno de los obstáculos grandes que tiene la implementación de la Reforma Agraria, en cabeza de la ANT, es el atraso que hay en la implementación del catastro multipropósito en el país, donde si bien el Instituto Geográfico Agustín Codazzi avanza con sus capacidades, en la Orinoquia hay atrasos.

Sin esa herramienta actualizada, se pueden alargar las confusiones en los derechos de propiedad y los conflictos por la tierra.

En relación con los sobrecostos en la compra de predios, la ANT dice que “el hallazgo o la advertencia por parte de la Contraloría obedece a una inviabilidad técnica, es decir, la administración de ese entonces viabilizó la compra sin que se cumplieran las condiciones mínimas”, dice la ANT.

La entidad evita mencionar si se tomaron acciones jurídicas contra el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, antecesor de Felipe Harman.

El comunicado de la ANT tampoco menciona cómo se han subsanado la invasión de varios predios comprados para las comunidades campesinas, ante la falta de control y custodia adecuada.