Aseguradas tres personas por delitos contra la administración pública en Meta

Interceptaciones telefónicas evidencian las ‘negociaciones’ entre los implicados para favorecer personas detenidas.

Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 2° Penal Municipal  Ambulante de Villavicencio, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel -con medida de aseguramiento-  a tres personas que al parecer incurrieron en irregularidades dentro de la administración de justicia, ya que habrían acordado otorgar beneficios a capturados por diversos delitos a cambio de dádivas.

De acuerdo con el ente fiscal, los afectados son el exfiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Villavicencio, Óscar Fernando Albán Caicedo; su compañera sentimental, Solandy Parra Gómez, y el abogado Nelson Gómez Hernández, quienes cumplirán la detención intramuros en la capital de Meta.

La decisión del juzgador también contempla la medida no privativa de la libertad condicionada para Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya, las cuales deberán consignar una caución de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, les fue prohibido acercarse al Palacio de Justicia salvo cuando sean requeridas por este caso, no podrán salir del país, deberán tener buena conducta y presentarse cada vez que sean requeridas por las autoridades, así como notificar su lugar de residencia si hubiera cambios. El juez enfatizó en que el incumplimiento de estas condiciones provocará la revocatoria de la medida y se ordenará su detención.

Según las investigaciones y el material probatorio con que cuenta la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2016, incluso en 2018, en Villavicencio(Meta).                                                                          La interceptación de comunicaciones permitió evidenciar que el abogado Nelson Guzmán Hernández se comunica con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Villavicencio, para presuntamente acordar los términos y la cuantía a recibir por otorgar órdenes de libertad y detención domiciliaria a potenciales clientes.