Aún hay un camino para referendo de adopción

El 4 de noviembre de 2015, la Corte Constitucional tomó una de las decisiones más progresistas desde su nacimiento: dar vía libre a la denominada adopción igualitaria en Colombia. Los magistrados del alto tribunal dieron luz verde por consenso mayoritario para que las parejas integradas por personas del mismo sexo pudieran adoptar.

“La adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”, argumentó entonces el magistrado ponente Jorge Iván Palacio. Casi dos años después, esa postura parece no distanciarse mucho de la que defendieron ayer los congresistas de la Comisión Primera en la Cámara de Representantes.

A esa célula legislativa llegó uno de los debates que más polémica ha generado en los últimos meses en el país, después de la que suscitó el plebiscito por la paz: el referendo promovido por la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, con el que buscaba que los colombianos decidieran si, en efecto, una pareja homosexual es apta para adoptar a niños, niñas y adolescentes, hoy bajo cuidado del Estado. Liberales, la U, la Alianza Verde, el Polo Democrático, 100 % Colombia y hasta algunos conservadores se unieron para decirle no a la iniciativa promovida por la congresista, salvo contadas excepciones en cada una de las colectividades.

Se sumaron 20 votos, de los 18 mínimos requeridos para hundir la propuesta que llegó al Congreso con algo de más de dos millones de firmas, recolectadas por Morales y su esposo, el pastor cristiano Carlos Alonso Lucio. 12 la apoyaron: Miguel Ángel Pinto y Silvio Carrasquilla (liberal); Humphrey Roa (conservador); Carlos Abraham Jiménez y Jorge Enrique Rozo (Cambio Radical); Carlos Edward Osorio (la U); María Fernanda Cabal, Samuel Hoyos, Álvaro Hernán Prada, Edward Rodríguez y Santiago Valencia (Centro Democrático), y Fernando de La Peña (Opción Ciudadana).

De los tres legisladores restantes, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Jaime Buenahora, de la U, no asistieron al debate, mientras que Heriberto Sanabria se salió a la hora de la votación.

Desde que arrancó la discusión era predecible que la iniciativa tomaría un rumbo muy distinto al que adoptó el Senado, que sí la avaló. Comenzando por la postura de la Procuraduría, que, con un aire muy distinto al que siempre mostró Alejandro Ordóñez cuando fue su jefe, hizo una defensa férrea de las parejas homoparentales. “El concepto de familia no lo pueden modificar las mayorías. Decirles a una mujer soltera, a un hombre soltero o a un viudo que no pueden adoptar es desconocer su opción de vida y el derecho que tienen de no generar un vínculo con una pareja, pero sí de conformar una familia”, señaló la delegada del Ministerio Público, Ángela Patricia Téllez.

Y las cifras no mienten. El reporte más reciente, entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, da cuenta de que, entre 2008 y 2016, 172.333 menores fueron declarados en situación de vulneración de derechos. A pesar de ello, de los ocho casos registrados de parejas del mismo sexo que han intentado adoptar, ninguno ha prosperado. “El referendo puesto a consideración no pasa el test de igualdad”, dijo Paula Robledo, delegada por la Defensoría del Pueblo. Palabras a las que se sumó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que previamente había hecho pública la postura del Gobierno, al advertir sobre la presunta inconstitucionalidad del referendo que, en caso de haber logrado la votación mayoritaria, habría ido a examen en la Corte Constitucional.

“Este no es un debate religioso, moral o ético. Es un debate en donde tenemos que poner sobre la balanza conceptos como el de la democracia representativa frente a la participativa y el concepto de los derechos de las minorías”, argumentó el jefe de la cartera política. No en vano, adujo entre otros argumentos que los derechos de los niños y adolescentes, según la legislación colombiana, priman sobre cualquier otro derecho. Ese fue el mismo argumento que tuvo en cuenta la Corte en 2015 para dar vía libre a la adopción igualitaria.

Sin embargo, más allá de los resultados de ayer, y trascendiendo los cálculos políticos que se comienzan a avizorar de cara a las elecciones que se aproximan, el referendo promovido por Morales abrió las puertas a un debate aún sin resolver en una sociedad de valores conservadores, como la colombiana. Especialmente porque no son pocas las voces que le han enrostrado a la legisladora haber irrespetado a su propia hija, que se ha reconocido homosexual, al promover un referendo presuntamente con argumentos religiosos.

Cuestionamiento que tuvo respuesta de la senadora liberal: “¿Cómo podría hacer un referendo discriminatorio, siendo una madre que tiene una hija con una orientación sexual diversa? Lo hago con el respeto y reconocimiento de que durante siglos ha habido discriminación contra los homosexuales, y desde el profundo respeto de la dignidad humana”, aseguró en su intervención ante la Comisión Primera de la Cámara.

En ese sentido enfatizó que el único objetivo que tuvo al salir a las calles para buscar firmas a favor del referendo era defender los derechos de los niños y, eso sí, controvertir una decisión adoptada en el interior de una Corte que, según sus palabras, asumió un rol de extralimitación de funciones. “Esta controversia política, social y cultural no la creó ni Viviane ni Lucio, sino una decisión de la Corte Constitucional al modificar a su antojo la constitución de la familia”, advirtió, a su vez, Carlos Alonso Lucio, principal promotor de la iniciativa.

Argumentos que, no obstante, no fueron la justificación que usó el representante liberal Miguel Ángel Pinto, para explicar el sentido favorable de la ponencia que presentó. “Al Congreso no le corresponde discutir los temas sustanciales sino formales cuando se trata de estudiar un referendo. Los temas sustanciales son para el pueblo colombiano. Yo quiero ver cómo le vamos a explicar al país que es incapaz de tomar decisiones para unas cosas, pero para otras no”, dijo Pinto. A su voz se sumaron los cinco representantes del uribismo que votaron por el sí. Entre ellos Samuel Hoyos, quien había anunciado previamente a este diario que, de avalarse el referendo con su voto, saldría a las calles a hacer campaña negativa.

Pero ¿qué dice la representante Angélica Lozano, también abiertamente homosexual? “A nosotros no nos trae la cigüeña, nos traen un papá y una mamá. Y no es un drama que un hijo sea adoptado por homosexuales. Hay que perderle miedo a ese prejuicio. Si la orientación sexual fuera por transmisión o por imitación, no estaríamos acá discutiendo eso”, señaló la congresista. Y aunque esa posición salió triunfante en la votación de ayer, como varios millones de colombianos que forman parte de la comunidad LGBTI, todavía queda un “as bajo la manga”, del que podrá hacer uso la senadora Morales.

Según la Ley Quinta, que rige a los congresistas, existe el recurso de apelación cuando un proyecto es negado o archivado, al cual, anunció Carlos Alonso Lucio, recurrirán. La norma dice que el autor de la iniciativa, el vocero de sus proponentes e incluso cualquier integrante de la Comisión Primera podrán apelar la decisión ante la Plenaria. Para eso se crearía una comisión accidental que entregará un informe y, por mayoría, se decidirá si acoge o rechaza tal apelación. Si la acoge, el proyecto será estudiado por otra célula legislativa, distinta a la que le dijo no. Sin duda, ese es el único salvavidas que le queda a Viviane Morales para reivindicar su causa.