Aún no hay plata para puntos críticos

Este año se conmemora medio siglo del derrumbe de Quebradablanca que dejó más de 300 personas fallecidas y, aunque parezca increíble, cincuenta años después, la vía sigue sufriendo por derrumbes que cuestan vidas, generan millonarias pérdidas a los productores de los Llanos Orientales, pero nadie responde.

Los llaneros llevamos años haciendo de todo para lograr soluciones reales y definitivas a los constantes cierres de la vía al Llano: se han enviado cartas; organizado plantones y movilizaciones; instaurado demandas de todos los niveles; propuesto la modificación de la normatividad que rigen a las concesiones viales para eliminar abusos; han presentado proyectos de vías alternas; solicitado la revisión y renegociación del contrato de concesión y realizado infinitas mesas técnicas y de compromisos con los gobiernos nacionales de turno, que siempre han incumplido.

A estas acciones de la comunidad afectada no ha sido ajeno el actual gobierno Nacional, el cual se reunió el pasado 7 de febrero en Bogotá, en cabeza del presidente Gustavo Petro, junto a funcionarios del más alto nivel con dirigentes políticos y gremiales de los departamentos del Meta, Cundinamarca y Guaviare.

Las conclusiones públicas de esta reunión fueron dadas a conocer con bombos y platillos por parte de los asistentes, pues en palabras del ministro de Transporte, William Camargo se había acordado, “de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la UNGRD y Ministerio de Hacienda, realizar intervenciones en 16 puntos críticos de la carretera que ya están identificados”, lo que es igual a decir, que el Gobierno se comprometió a asignar como mínimo 383.000 millones de pesos que cuesta la intervención de estos puntos.

Aunque el compromiso del gobierno Nacional es bastante insuficiente para estabilizar la vía, pues como mínimo se deben intervenir los 55 puntos muy críticos, la intervención de 16 puntos es un granito de arena positivo para la región que se debe materializar.

A partir de ahí el camino era sencillo, el gobierno Petro debía asignar los recursos en el nuevo decreto de liquidación del presupuesto y luego firmar el decreto de incorporación de recursos al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el desarrollo de Infraestructura (FIP), como reza el compromiso para poder hacer uso de estos recursos.

Ha pasado un mes y a la fecha, no se ha firmado el decreto de incorporación de recursos y lo más preocupante, es que, ni en el decreto de liquidación del presupuesto 2295 del 29 de diciembre de 2023 ni en su modificación, el decreto 0163 del 14 de febrero de 2024 – una semana después de la gran reunión – aparecen los 383.000 millones de pesos prometidos directamente para el FIP.

En los decretos del presupuesto, solo se nombra la vía al Llano específicamente en el 0163 de 2024 en el programa “construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Buenaventura-Bogotá-Villavicencio-PuertoGaitán-ElPorvenir-PuertoCarreño.TransversalBuenaventura-Villavicencio-PuertoCarreño, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, C/marca, Meta, Vichada” con asignación total de $234.000 millones, el 61% de los recursos necesarios para atender los 16 puntos críticos prometidos, pero ahora dividido en vías importantes de seis departamentos.

Mientras que en el decreto 2295 de 2023 se asignaron $650.000 millones al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para todo el país, ¿Cuánto “arañarán” para la vía al Llano? Me temo que muy poco, porque los recursos prometidos equivalen al 59% del total asignado para el fondo.

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Así las cosas, no es claro de donde saldrán los recursos. Lo más probable es que, ante la falta de voluntad política, Gustavo Petro tenga que seguir “focalizando” puntos críticos, hasta llegar a los “ultra mega super recontra críticos”, lo que sería volver a incumplirle al llano, como cuando dijo que iba a modificar el contrato de concesión o como cuando dijo que iba a nacionalizar la vía, ambas promesas falsas, según respuesta que me dio la ANI el 4 de diciembre de 2023.

¿El dinero de la vía para qué?

Aunque la vía fue de nuevo concesionada en 2015 a Coviandina (concesión del Grupo Aval-Sarmiento Angulo) bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), por valor superior a 5 billones de pesos de la época, para realizar “los estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de una nueva calzada entre Chirajara y la Intersección Fundadores, y el mantenimiento y la operación de todo el corredor Bogotá –Villavicencio de acuerdo con el Apéndice Técnico  de la Minuta del Contrato”, no se incluyeron los puntos críticos, puntos con mayor riesgo de deslizamientos y derrumbes, dentro de las obligaciones del concesionario.

Lo asombroso, es que, al momento de evaluar las propuestas para la adjudicación del contrato de concesión, aparte de la iniciativa por APP se contaba con la Propuesta de Iniciativa Pública adelantada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Fonade que sí incluía la atención de los puntos críticos como evidenció, con hallazgos de orden administrativos y disciplinarios, la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoria de cumplimiento realizada al corredor vial Bogotá – Villavicencio en 2019.

En otras palabras, por decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos, los llaneros perdimos la oportunidad de por fin disfrutar de una vía estable que facilitara el tránsito y el desarrollo regional.

A la fecha, de acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, como inventario entregado por Coviandina a la ANI en 2023, se estiman al menos 170 puntos críticos, de los cuales hay 55 puntos muy críticos y su estabilización costaría más de 1,2 billones de pesos, como reconoció el ministro de Transporte, William Camargo.

De estos puntos muy críticos, hay 21 puntos que es urgente atender, pero su estabilización costaría más de $770.000 millones, según Coviandina. De todos, hay unos 17 puntos que no dan espera y su estabilización costaría $430.000 millones, de acuerdo con la Veeduría Ciudadana Vial del Meta.

Los llaneros debemos estar atentos para exigir que se cumpla el compromiso de los 16 puntos críticos en 2024 y los restantes en los dos años siguientes y, seguir solicitando la revisión de los abusos y posibles incumplimientos de la concesión, se modifiquen las normas de concesiones viales y se arranquen los proyectos de transporte alterno para que el llano pueda escapar de las manos financieras de Sarmiento Angulo, eso sí sería un “cambio”, al menos, en la conexión vial de los llanos con el resto del país.