Campesinos del Meta construyen una vida lejos de la coca

La sustitución de cultivos ilícitos sigue siendo una de las principales apuestas de transformación rural en el Meta. En municipios donde durante años la economía estuvo ligada a la coca, miles de familias campesinas buscan consolidar proyectos productivos legales.

Por Melissa Céspedes

Según cifras de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) beneficia actualmente a 7.571 familias en La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Rico, Uribe y Mesetas.

En estos territorios han sido aprobados cerca de 5.000 proyectos productivos y ejecutadas más de 13.500 órdenes de compra por un valor superior a los $59.700 millones, destinadas al fortalecimiento de actividades como ganadería, cacao, aguacate, café y plátano.

La coordinadora de la ART Territorial Meta – Guainía, Gisela Maecha, explicó que el programa, derivado del Acuerdo Final de Paz, atiende actualmente a cultivadores, recolectores y no cultivadores.

De acuerdo con la funcionaria, en los cinco municipios de intervención existen 3.320 titulares cultivadores, 2.240 recolectores y 2.011 no cultivadores, estos últimos, “los no cultivadores son principalmente mujeres que desarrollaban labores como cocina o venta de alimentos. No tenían cultivos, pero sí dependían económicamente de esa actividad”, precisó.

Sin embargo, la implementación del programa ha estado marcada por retrasos. “Los tiempos se alargaron de una manera exagerada, honestamente. Esa es la razón por la que hoy, nueve años después, apenas estamos atendiendo proyectos productivos”, afirmó.

La Defensoría del Pueblo también señaló estas dificultades. Según respondió la entidad a Periódico del Meta, “persiste un serio rezago en la entrega de los componentes derivados de la política de sustitución voluntaria que inició su implementación desde el año 2017”. La entidad también advirtió que continúan las dificultades relacionadas con la asistencia técnica y el acompañamiento a las familias beneficiarias.

Ante ese panorama, la ART renegoció los proyectos productivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo esquema priorizó actividades que ya desarrollaban las familias beneficiarias e incorporó incentivos económicos para cubrir gastos como mano de obra, transporte y adecuación de terrenos.

“Las comunidades nos decían que querían escoger directamente los productos y los comerciantes con los que iban a trabajar. Por eso se crearon las ferias de negocios, donde cada titular puede comparar precios, calidad y garantías antes de tomar una decisión”, respondió Maecha.

Y es que, más de 4.000 familias tienen aprobadas órdenes de compra para la entrega de activos productivos. La mayoría de los proyectos están enfocados en ganadería bovina, seguida de cacao y aguacate.

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Para la coordinadora, uno de los mayores logros del programa ha sido que las comunidades mantengan su decisión de abandonar la coca. “Lo más difícil ha sido recuperar la credibilidad. Después de tantos años muchas personas decían que ya no creían que el Estado les fuera a cumplir”, sostuvo.

Esa transformación también se refleja en historias como la de María Yaneth Reina, campesina de Mesetas. Durante años, su familia dependió de cultivos de coca. Hoy, junto a su familia, desarrolla actividades de ganadería, café y cítricos en una pequeña finca.

Aunque reconoce que el proceso estuvo acompañado de largos periodos de espera, asegura que el principal cambio ha sido la tranquilidad.

“La tranquilidad y la paz son dos cosas que sí se nos han cumplido. Yo nunca había vivido en un territorio con la tranquilidad que tenemos hoy”, afirmó Reina.

La beneficiaria también destacó las nuevas oportunidades económicas que han surgido en municipios como Mesetas tras la reducción de los cultivos ilícitos. “Hoy el turismo es uno de los principales renglones económicos del municipio y muchas organizaciones campesinas hemos recibido apoyo para formalizar nuestros productos y llevarlos al mercado”, expresó.

Desde la Secretaría de Agricultura del Meta, Andrés Pardo aseguró que, “el Meta tiene un ejemplo muy bonito con los sistemas productivos de cacao y café. La mayoría de estos cacaoteros y caficultores vienen de territorios PNIS, de zonas que estuvieron muy inmersas en el conflicto armado y que hoy han sustituido los cultivos ilegales por actividades dentro de la legalidad”.

Pardo señaló que el acompañamiento institucional ha incluido asistencia técnica, fortalecimiento productivo y acceso a mercados. Según la Gobernación, más de 2.000 familias han recibido apoyo mediante maquinaria, esquemas asociativos y subsidios para créditos agropecuarios.

“Hoy trabajamos todos los eslabones de la cadena: desde la producción básica hasta la transformación y la comercialización. No solo revisamos los temas agronómicos, sino también el contexto social, cultural y familiar que rodea a las comunidades rurales”, mencionó Pardo.

No obstante, la Defensoría del Pueblo advierte que la consolidación de estos procesos aún enfrenta riesgos estructurales. Además de los retrasos institucionales, la entidad alertó sobre amenazas contra líderes sociales y beneficiarios vinculados a la sustitución voluntaria en algunas regiones del país.

“Quienes ejercen liderazgos para impulsar la implementación del PNIS y defienden la transformación de las condiciones de vida de las comunidades cocaleras enfrentan un riesgo desproporcionado”, recalcó el organismo.

Pese a esas dificultades, tanto las entidades responsables como las comunidades coinciden en que el desafío actual va más allá de erradicar cultivos ilícitos. Para la ART, el siguiente paso consiste en consolidar economías rurales capaces de sostenerse mediante procesos de transformación, comercialización y acceso a mercados.

“Yo siempre digo que el PNIS fue el programa escuela. Fue el primero y de ahí surgieron muchos aprendizajes que hoy están siendo incorporados en Renacemos”, afirmó Maecha al referirse a la nueva estrategia impulsada por el Gobierno Nacional.