Comunidad indígena de Kanalitojo Vichada recupera tierras

Foto: Unidad de Victimas

Se trata de la primera sentencia étnica que beneficia a comunidades étnicas de la orinoquía colombiana. El fallo del Tribunal es claro y ordena la devolución material de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Curazao, Fortaleza y Fortaleza 2, a la comunidad representada por el gobernador del cabildo.

La medida cautelar a favor de la comunidad indígena de Kanalitojo, ubicada en zona rural del municipio de Puerto Carreño, Vichada y compuesta por los pueblos Sikuani, Sáliva y Amorúa, fue promulgada el 10 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

De acuerdo con el cuarto informe al congreso de la contraloría ‘Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Ley de Comunidades Étnicas Víctimas del Conflicto’, la URT solicitó la protección urgente de los derechos territoriales de esta población indígena, pues ésta se encontraba a punto de ser desalojada de su territorio ancestral debido a una querella policiva interpuesta por un colono, que habría comprado en el año 2008 las mejoras a otro colono. De acuerdo a lo planteado por la Unidad de Tierras, este colono habría llegado al territorio en el año 1995 a desconocer los linderos establecidos entre la comunidad y el señor Pablo Pava, ciudadano venezolano con quien los indígenas habían establecido acuerdos verbales con relación a la tenencia, uso y aprovechamiento del predio Curazao. 

En el desarrollo de las acciones realizadas por la comunidad Kanalijoto, y sus líderes para la protección y recuperación de sus derechos territoriales, surgieron amenazas de grupos paramilitares con el fin de que esta comunidad indígena abandonara su territorio ancestral, lo que ocasiono el desplazamiento de varios indígenas hacia Venezuela y al basurero municipal de Puerto Carreño.

A su vez, en el año 2013 fueron quemados los cultivos de la comunidad y de acuerdo al testimonio de varios de sus miembros, hombres armados entraron al territorio diciéndoles que, de no dejar la zona, serian asesinados. 

Dada la situación de urgencia y la gravedad de los hechos, cinco años después; la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, declaró víctima de la violencia a la comunidad indígena de Kanalitojo, integrada por 141 personas que son miembros de 32 familias.

“El proceso de restitución tiene una virtud, es que no va dirigido contra personas determinadas, simplemente está haciendo un reconocimiento, en este caso una reparación de carácter integral para estas comunidades” explicó Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras.

Dicha decisión representa un caso emblemático, debido a que se reafirman los derechos territoriales de la comunidad Kanalitojo, sobre 573 hectáreas reclamadas y el aumento de su área, que le permitirá recibir un total de 1.274 hectáreas, es decir 701 hectáreas más. 

Además, el fallo enfatiza que la Unidad de Restitución de Tierras debe proceder a efectuar la entrega material del terreno y actualizar el área total restituida que se destinará para la constitución del resguardo indígena de Kanalitojo. 

Hace 9 meses, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro y la directora de la Unidad en Meta, Viviana Beltrán, visitaron el resguardo indígena y se comprometieron a trabajar para lograr que la comunidad étnica recuperara su tierra, hecho que hoy es una realidad con la sentencia que incluye medidas de reparación integral, que van desde la atención psicosocial hasta la implementación de un plan de vida sostenible.

“Haremos próximamente presencia en ese territorio para hacer entrega material de territorio y todo el acompañamiento que el estado va a brindar para conservar su cultura y pervivencia, así como acompañamiento en salud, educación, proyectos productivos y también temas de seguridad” aseguró Andrés Castro.