Con acción de nulidad concejal Harman busca tumbar el acuerdo de concesión de las ‘zonas Azules’ en Villavicencio

El concejal Felipe Harman encabeza la demanda ciudadana que fue presentada ante la justicia contenciosa administrativa, sobre el acuerdo municipal 196 de 2013, mediante el cual se autorizó al gobierno del exalcalde Juan Guillermo Zuluaga, para reglamentar, determinar y fijar la tasa por el derecho de parqueo en vía pública de las Zonas de Permitido Parqueo (ZPP), también llamadas ‘zonas azules’, en la capital del Meta.

Esta iniciativa, de la que hacen parte Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes ciudadanos, veedores públicos,  asociaciones  gremiales, entre otras;  busca tumbar el actual modelo, que según lo expresado por el cabildante es un “mal negocio para el municipio de Villavicencio”.

Tras los  señalamientos, el concejal dio a conocer que en el ciclo histórico de venta de las ZPP, tanto de carros, como de motos de enero de 2015 (primer mes de operación) se vendieron 40. 000 tiquetes, y para el mes de septiembre de 2016, se vendieron 115.000 tiquetes para automotores  y 105.000 tiquetes para motocicletas, para un total de 1.000.721.000 tiquetes para carro y 1.000.453.000 tiquetes para moto; esto en términos monetarios indica que hasta el momento se han vendido 5.386 millones de pesos, de los cuales sólo han entrado al municipio 1.077 millones de pesos y el restante, unos 4.200 millones de pesos han quedado en manos del operador privado.

De acuerdo a estas cifras el cabildante manifestó que, el proyecto de acuerdo demandado tiene una falsa motivación en la política pública, ya que este pretendía desestimular el parqueo en vía pública, pero hasta el momento sólo ha servido para triplicar la circulación de vehículos en las vías de la ciudad y generar más tráfico.

 Así mismo, acusó al operador de las Zonas de Permitido Parqueo de no invertir lo suficiente en costos operativos y de hacer una “competencia desleal” a  los parqueaderos, pues a diferencia de éstos, no pagan impuestos prediales ni seguridad social a sus empleados, quienes tienen que trabajar bajo estrictas normas que vulneran sus derechos como trabajadores.

De lograrse un efecto positivo con esta acción de nulidad, quedaría sin efecto el decreto que reglamentó el sistema (el 225 de 2013) y  el contrato de concesión (el 811 de 2014),  al que también le fue imputada una demanda, que encabeza el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, con el que se pretende dejar sin sustento legal al actual operador de las ZPP.