Confianza peligrosa | Editorial
- Publicado en Ene 21, 2024
- Sección Columnistas
En 2020, los colombianos reportaron 8.188 casos de extorsión; durante 2021, 8.342; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871. Es clara la manera en que ha venido en aumento, en más de 20 por ciento, en los últimos cuatro años este delito, que llena de temor a la ciudadanía y frena la inversión privada.
Lo triste es que un gran porcentaje de estas extorsiones se hace desde las cárceles, demostrando de manera flagrante que los delincuentes tienen acceso y el poder para seguir actuando impunemente contra la población, bajo la mirada de las autoridades.
Por este tipo de situaciones es que, ahora cuando la estabilidad del gobierno en Ecuador está amenazada por narcotraficantes y sus sicarios, es que pocos dudan de que la mano dura contra el delito es lo que pone a raya a estos delincuentes.
En una sociedad que valora la justicia y la seguridad, es fundamental que se aborde eficazmente el delito. Sin embargo, cuando se dan ventajas a los delincuentes en lugar de combatir los delitos de manera efectiva, las consecuencias pueden ser perjudiciales para la sociedad en su conjunto.
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En Colombia hay varios casos: hace pocos días las autoridades tuvieron que trasladar a alias ‘Satanas’ porque con todo el descaro, desde su celular, se atrevió a amenazar a comerciantes y policías en diferentes ciudades. Vinculado con el Tren de Aragua, los sicarios del delincuente torturan a sus víctimas, graban sus vejámenes y con estos videos quiebran la voluntad de sus familiares que corren a pagar lo que sea.
Aunque hace una semana Periódico del Meta alertó sobre la amenaza que comunidades y exagentes de inteligencia han advertido sobre la llegada de esa banda delincuencial al Meta, las autoridades niegan que haya presencia de ese grupo.
Dar ventajas a los delincuentes como pasa en Colombia, lleva a un aumento en la tasa de criminalidad, como lo demuestran las estadísticas. Si los delincuentes sienten que pueden cometer delitos sin enfrentar consecuencias significativas, se sienten incentivados a continuar con su comportamiento delictivo.
Esto puede llevar a ciclos de delincuencia como el que trajo la impunidad de los Acuerdos de Paz del 2016, que son difíciles de romper.
Los gobiernos y la Fuerza Pública tienen la misión de evitar que se erosione la confianza en el sistema de justicia. Si los ciudadanos sienten que los delincuentes no están siendo castigados adecuadamente, pueden perder la fe en el sistema de justicia y en las instituciones. Esto puede llevar a un sentimiento de desesperanza y a la creencia de que el sistema está sesgado o roto.
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