Confirman condena a responsable de caída de puente colgante en El Carmen

La tragedia del puente colgante en la vereda El Carmen suscitó una polémica por estas estructuras que abundan en todo el departamento del Meta.

En ese accidente murieron cinco adultos y cuatro menores de edad.

La Fiscalía informó este martes que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó, en segunda instancia, el fallo emitido en julio pasado por el Juzgado 4° Penal del Circuito que condenó a Adriana Milena Díaz Jaimes por el delito de homicidio culposo.

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Díaz Jaimes era la administradora del negocio ubicado en la finca La Esmeralda, de la vereda El Carmen de Villavicencio,  que ofrecía entre sus atracciones el paso por puentes colgantes, uno de los cuales debido a su deterioro se cayó el 9 de enero de 2017. Ella fue encontrada responsable tras el colapso de una de las estructuras.

El accidente causó la muerte de cinco adultos y cuatro menores de edad.

Al resolverse el recurso de apelación presentado por la defensa de la procesada, el Tribunal
coincidió con la tesis de la Fiscalía acerca de la obligación de la procesada respecto de la seguridad y mantenimiento que debía tener para evitar accidentes con los turistas que visitaban la zona y que cruzaban por estructuras como la afectada.

Para el magistrado fue claro que la mujer debía garantizar la seguridad de los visitantes pues se demostró que era propietaria y administradora del lugar. En ese sentido se afirmó que la sentenciada omitió su deber de cumplir con el «mantenimiento, lubricación, revisión y verificación de la estructura colgante para evitar su deterioro, dado que estaba expuesto en forma permanente al ambiente sin ningún tipo de protección».

Las otras dos personas procesadas por estos hechos: Manuel Antonio Díaz Ardila, padre de la hoy condenada; y Carlos Eduardo Camargo Tarache, compañero sentimental de ella, fueron absueltos, tal como lo había dispuesto el juez en primera instancia.

Díaz Jaimes fue condena de 4 años y 16 días de prisión (50 meses). La pena deberá cumplirla en su domicilio y deberá pagar una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de acuerdo a las leyes, contra esta decisión aún procede el recurso extraordinario de casación.