‘Considero que la JEP está a tiempo de reencaminar cosas’: abogado de la SAAD

- Publicado en Mar 30, 2025
- Sección Entrevistas, Lo Mas Reciente
La Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en coordinación con la oficina de Derechos Humanos y Paz del Meta, convocó al conversatorio ‘Retos para la implementación de iniciativas, planes, programas y proyectos restaurativos’.
La Ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria de la JEP) reglamentó el funcionamiento del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir que el Estado ofrece un sistema de asesoría y defensa gratuita para los destinatarios de esta ley que demuestren no tener los recursos para una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas en ella.
El SAAD es integrado por abogados defensores cualificados y con capacidad de asistencia legal especializada.
Periódico del Meta (PDM) dialogó con Gustavo Adolfo Cuellar (G.C.) uno de los abogados del SAAD y quien ante la JEP hace parte de la bancada de defensa del extinto bloque Oriental de las Farc, uno de los grupos guerrilleros que más atacó a la población civil en el Meta. Cuellar representa judicialmente a cerca de 100 firmantes, muchos de ellos comparecientes.
El defensor, como ya lo han hecho otros actores, critica la demora en los fallos y que se acabe el tiempo para implementar los procesos restaurativos, así como la situación de los firmantes del Acuerdo de Paz.
La justicia restaurativa se enfoca en que los responsables puedan resarcir los daños que causaron, teniendo en cuenta el sufrimiento, las necesidades y las exigencias de las víctimas.
PDM: ¿Cuáles son las amenazas que tienen los firmantes?
G.C.: Sin duda, el conflicto armado. Hay situaciones de violencia que están escalando, en especial en zonas rurales, que ha llevado a 4 desplazamientos colectivos de firmantes en el Meta. Esto es un reto para el Estado y para el Gobierno ya que es su responsabilidad determinar en dónde llevar a cabo esos procesos de restauración en los que ya están trabajando. Hay que entender que cuando estaban en la guerra eran unas personas y ahora, como firmantes, son población vulnerable, que tienen niños, familias y proyectos de vida. Para el desarrollo de este sistema restaurativo es fundamental entender esto.
PDM: ¿Es por esta causa que firmantes han vuelto a las armas?
G.C.: No podría asegurar eso, pero sí considero que esas dilaciones pueden influir en otras personas, es decir que en un futuro aquellas organizaciones que quieran hacer parte de un acuerdo de paz y vean que no hay seguridad jurídica; o que no se les resuelva a los firmantes su situación; que sean estigmatizados o desplazados, haría que quienes desearan entrar a un acuerdo de paz con el Estado, tengan sus reservas.
PDM: ¿Cree que así nacen nuevos ciclos de violencia?
G.C.: Sí, claro, ahora es real, se ve que hay nuevos ciclos de violencia.
PDM: ¿Cuál es la función suya con lo que fue el Bloque Oriental de las Farc?
G.C.: Brindamos asesoría jurídica a los firmantes que pertenecieron a esa estructura, un acompañamiento profesional frente a sus procesos de reincorporación, algunos de los cuales no llegan necesariamente a la JEP, pero sí tienen que ver con el conflicto armado.
PDM: ¿Cuál es la crítica que le hace a la JEP?
G.C.: Son varias, entre ellas que no hay una claridad de cómo van a ser las sanciones. Nos dicen que hay sanciones y también medidas restaurativas para quienes no estén inmersos en delitos graves o no sean máximos responsables, pero no logra diferenciarse muy bien en cuáles son las sanciones y cuáles las medidas restaurativas; pareciera que las medidas restaurativas son sanciones de facto.
PDM: ¿Han hecho esas observaciones a la JEP?
G.C.: Claro. Hemos sentado varias posiciones, pero no se ha constituido un consenso entre las partes. La JEP pasó a ser la protagonista del sistema, pero quienes dieron su palabra al firmar el acuerdo y las víctimas han pasado a un segundo plano. Para la JEP hay víctimas de primero y segundo nivel y nos han dado a entender que las víctimas que cuentan son solo las que están inscritas o acreditadas dentro de la JEP.
PDM: ¿Pero los firmantes sí tienen proyectos restaurativos?
C.G.: Claro, pero nos preocupa que hay demasiados requisitos que hacen casi imposible que los firmantes puedan cumplir. Se complejiza porque tiene demasiados enfoques: región, genero, discapacidad, étnicos, etc. Aquí lideramos varios en el Meta, ya registrados, pero tememos que ese trabajo se pierda.
PDM: ¿Hay posibilidades de hacer cambios al sistema restaurativo después de tantos años de haberse constituido?
G.C.: Consideramos que sí es posible, claro. Pero es necesario permitir el debate y no solo que las cosas se queden allí, sino que se puedan llevar a la práctica. Aunque se han hecho debates, que han sido álgidos, de alguna manera la JEP impone sus condiciones. Si bien es una magistratura, debe hacerlo desde el sistema restaurativo y salir de esa imposición porque esta es una justicia que es alternativa y que se debe plantear desde las partes: víctimas, firmantes y quien opera la justicia, pero dentro de la lógica del Acuerdo Final de Paz.
PDM: ¿Cuál es la preocupación?
G.C.: Que se extienda la responsabilidad a tantas personas como se ha venido haciendo, que se vaya al caso a caso y que eso conlleve un sin número de sanciones y medidas restaurativas y que no se pueda cumplir en el tiempo legal estipulado por la JEP. Se puede desbordar el tema sancionatorio porque hay 11 macrocasos y aún no se conoce la primera sanción de la JEP, que pueda dar un horizonte al tema de sanciones. Hay una cantidad de preocupaciones cruciales como la extemporaneidad de la JEP, la seguridad jurídica y que como la JEP tiene un margen muy amplio para entregar sus decisiones, nos da la impresión de que legisla dentro de ese margen que le dio la Corte Constitucional.
PDM: ¿Se han apoyado los procesos productivos?
G.C.: Hay un desconocimiento muy grande desde la parte institucional frente al acuerdo de paz. Partiendo de que no hay voluntad de las instituciones y las autoridades locales y nacionales para destinar presupuestos y generar iniciativas. Entendemos que es algo nuevo y que se ha venido incorporado en los planes de desarrollo y los sistemas territoriales, pero debe haber una discusión más abierta y que si se delega a las autoridades sin un control por parte del Estado no llegaremos a nada; podrían venir actores privados y terminar cumpliendo lo que no puede el Estado y se privatice el sistema.
PDM: ¿Cómo es eso de “privatizar el sistema”?
G.C.: Esto mueve presupuesto y eso atrae a quienes puede ejecutarlo y pensamos que si somos un grupo de firmantes que tiene una iniciativa tiene instituciones que no logran cumplir, debe haber un operador privado que tenga la capacidad instalada y pueda cumplir los requisitos como operadores que asumen los procesos y convertirse en un alianzas público-privada, para que los firmantes se conviertan solo en mano de obra para cumplir los proyectos.
PDM: ¿No cree que hay muchas presiones sobre la JEP?
G.C.: Considero que está a tiempo de reencaminar ciertas cosas. Esperaríamos que pueda haber ciertos cambios que mejore su desempeño. Creo que más allá de cualquier crítica, tiene la posibilidad de transformarse pero que garantice los derechos de los firmantes y de víctimas. Considero que es un tema de pedagogía y que aprendamos a hacer la paz.
PDM: ¿Hay comandantes dentro de sus defendidos?
G.C.: No. Ni siquiera un mando medio hay dentro de los que represento. En especial son comunidades de firmantes.
PDM: El Bloque Oriental fue uno de los que causó más daño al Meta, ¿cómo sanar esas heridas?, porque eso también es restauración.
G.C.: Una de las formas es por medio del trabajo comunitario que hagan los firmantes; los encuentros simbólicos que se han hecho y el reconocimiento de las responsabilidades y afectaciones son importantes. Pero es necesario generar espacios de diálogo. El perdón es muy difícil de alcanzar, no es fácil medirlo, pero sí se pueden buscar alternativa para limar asperezas y superar la estigmatizaciones. Que los firmantes puedan entrar a las sociedades con obras de beneficio a la población.
