De la Espriella desata debate por cambios en la política de paz

El presidente electo Abelardo de la Espriella presentó este martes el primer paquete de medidas con el que busca reducir el tamaño del Estado a partir del 7 de agosto.

La propuesta contempla la eliminación de 229 cargos, varias consejerías, agencias y oficinas de la Presidencia que, según lo informado, duplican funciones, con el fin de tener un ahorro estimado de $10.000 millones de pesos anuales.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, aseguró que transformará la Presidencia en una estructura «austera, eficiente y enfocada en resultados», eliminando dependencias cuyas funciones serán asumidas por ministerios y entidades con competencias legales.

Entre las oficinas que desaparecerán están la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la Consejería para la Reconciliación Nacional.

Por otro lado, la Consejería para las Regiones pasará a llamarse ‘Gerencia de las Regiones’ y estará encargada de coordinar la relación entre el Gobierno nacional y los entes territoriales.

Además de este anuncio, una de las decisiones que que más generó controversia fue la relacionada con la política de paz.  De la Espriella informó que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz, y que sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. También, reiteró que en su gobierno «no habrá más procesos de falsa paz» y afirmó sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas como la del senador electo, Enrique Gómez, quien respaldó la reducción del Estado y aseguró que los recursos ahorrados se podrán destinar a otras necesidades del país. Sin embargo, varios sectores cuestionaron la decisión de desmontar parte de la institucionalidad creada para implementar el Acuerdo de Paz.

Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), afirmó que el 85 % de los firmantes del acuerdo continúa comprometido con la paz y expresó su preocupación por el impacto que podrían tener estos cambios.

Asimismo, estas críticas fueron respaldadas por el senador y líder de oposición, Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro, pues aseguran que eliminar estas entidades sería un retroceso en la implementación del Acuerdo de Paz.

Por parte de los integrantes del último secretariado de las extintas Farc también dieron a conocer su opinión y enviaron una carta a De la Espriella manifestando su disposición a dialogar con el nuevo Gobierno, pese a las diferencias ideológicas. En el documento recordaron las obligaciones del Estado frente al Acuerdo Final de 2016 y reiteraron su compromiso con su implementación: “Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado, con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos. En ese sentido, le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016”.

La organización Defendamos la Paz también hizo un llamado a respaldar el Acuerdo de Paz, y pidió a De la Espriella respetar los compromisos adquiridos por el Estado y el mandato constitucional que reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.