Defensora del Pueblo pide priorizar investigaciones por denuncia contra Gustavo Petro sobre presuntos favores sexuales

La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que solicitará la priorización inmediata de las investigaciones relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, a quien señaló de presuntamente haber utilizado contratos estatales como pago por servicios sexuales.

“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó Marín en una publicación en su cuenta de X, el domingo 25 de octubre. La funcionaria indicó que pedirá a las autoridades competentes avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

La solicitud estará dirigida a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación.

“Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, señaló la defensora.

Marín también insistió en que las investigaciones deben adelantarse con autonomía e independencia, y que se debe garantizar la protección de las posibles víctimas, sin importar la posición o dignidad de las personas señaladas.

Le puede interesar: Mancuso dice que funcionarios de Petro habrían pedido inculpar a Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras

¿Qué denunció Deicy Jiménez?

Las declaraciones de Jiménez se conocieron a través de una entrevista con la revista Semana, publicada el 25 de octubre. La mujer aseguró que durante el Gobierno de Petro habría existido una presunta red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante contratos estatales que, según su versión, estarían relacionados con encuentros sexuales.

Jiménez también afirmó que habría mantenido una relación con Petro desde cuando él era senador y que, durante ese periodo, él le habría solicitado comprar y transportar droga. Estos señalamientos forman parte de su testimonio y deberán ser contrastados por las autoridades.

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la denunciante tuvo diez contratos con entidades estatales: siete con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La existencia de esos contratos, por sí sola, no demuestra que se hayan celebrado a cambio de favores sexuales.