Desplazamiento de comunidad Jiw de Mapiripán a Guaviare: exigen plan de retorno urgente

La crisis humanitaria que rodea a la comunidad indígena Jiw del resguardo Zaragoza (Mapiripán, Meta) sigue sumando tensiones en el vecino departamento del Guaviare.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, hizo un llamado de atención a la Gobernación del Meta, a la Alcaldía de Mapiripán y al Ministerio del Interior, exigiendo que asuman con corresponsabilidad y seriedad una problemática que ya completa más de dos años sin soluciones definitivas.

De acuerdo con el mandatario, cerca de 168 personas pertenecientes a este resguardo se encuentran desplazadas en la capital del Guaviare. Según sus propias palabras, «el fenómeno comenzó en 2024 con la llegada de unos 40 integrantes de la etnia, quienes fueron ubicados provisionalmente en el Coliseo Azul, un escenario deportivo clave para los habitantes de San José que hoy acumula dos años de afectación en su uso público».

Expectativas  y fracturas internas

Rodríguez Rojas aclaró que este desplazamiento no obedece a confrontaciones armadas recientes, sino a complejas divisiones internas entre los mismos miembros del resguardo de Zaragoza. Sin embargo, el panorama se complica por la desinformación: los líderes indígenas han llegado a San José con la falsa expectativa de que la administración local les otorgará subsidios económicos y soluciones de vivienda, compromisos que desbordan la capacidad y la competencia de ese municipio.

Le puede interesar: 8.308 familias damnificadas: el balance de la emergencia por lluvias en Casanare

«Requerimos de la Gobernación del Meta el compromiso, la asistencia y el acompañamiento, y a la Alcaldía de Mapiripán que, a través de sus enlaces y secretarías, ayuden en la prevención y verificación para evitar que estos desplazamientos continúen hacia el Guaviare«, señaló el alcalde de San José, enfatizando en que la prioridad debe ser el retorno seguro o la reubicación de estas familias dentro de su territorio de origen.

La respuesta del Meta y del Gobierno Nacional

Frente a estos reclamos, la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano, aseguró a Periódico del Meta que la administración departamental no ha sido ajena a la situación y que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Gerencia de Asuntos Étnicos, se coordina la atención desde el enfoque humanitario.

En materia de orden público, Lizcano precisó que el último consejo de seguridad departamental se enfocó precisamente en la situación de Mapiripán, y que el Ejército Nacional no reporta enfrentamientos armados en la zona del resguardo.

No obstante, la complejidad del caso obligó a la intervención del Gobierno Nacional. El Ministerio del Interior convocó a una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) —el mecanismo estatal diseñado para reaccionar ante los llamados de la Defensoría del Pueblo—. Como principal conclusión de este encuentro, se acordó el envío de una delegación oficial que visitará tanto San José del Guaviare como Mapiripán para evaluar el terreno.

Fuentes cercanas al proceso coincidieron en que la resolución de este conflicto pasa necesariamente por resolver los pleitos de gobernabilidad interna que fracturan a las familias Jiw, un factor que hasta ahora ha bloqueado la efectividad de las ayudas y el diseño de un plan de retorno viable.