Ecopetrol responde a protestantes en contra de la ubicación del pozo Trogón-1 en Guamal, Meta

Luego de que un grupo de mujeres, pertenecientes al Comité Ambiental por la Defensa del Agua y la Vida de Guamal se encadenaran al exterior de la plataforma de Trogón-1, y se declararan en huelga de hambre en protesta por la presencia de Ecopetrol en la vereda Pio XII (agosto 18), con la premisa que estaba incumpliendo parámetros de la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al proyecto “Área de Perforación Exploratoria CPO9”, Periódico del Meta visitó la locación. Otros manifestantes aseguraron que la compañía no cuenta con la licencia.

Lo que a la comunidad “le hace falta saber”, según Ecopetrol  

Después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entrega el permiso a la Empresa Colombiana de Petróleos para explorar y explotar el recurso natural de determinada área, se acude a la ANLA por la respectiva licencia ambiental que se recibe tras un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Desde 2012, a Ecopetrol se le otorgó una licencia mediante resoluciones 331 del 15 de mayo, 466 del 15 de junio y 514 del 29 de junio de ese año, que delimita un bloque de 208.248 hectáreas, el CPO-9.

Guamal; Acacías; Cubarral; El Dorado; El Castillo; Granada; San Martín; y Castilla la Nueva son los municipios del departamento del Meta que comprenden dicho bloque, que a su vez, se divide en cuatro Áreas de Perforación Exploratoria (APE): las APEs Zocay, Taray, Guarupayo y CPO-9. La última, tiene una extensión de 65.358 hectáreas y es donde se ubican los pozos exploratorios Trogón-1 y Lorito-1, en las veredas Pio XII y Montecristo Alto, respectivamente. Lorito-1 es un caso especial porque hubo que reubicarlo tras demostrar que el EIA presentado por Ecopetrol no fue el apropiado y el proyecto atentaba contra la vida de los usuarios de los acueductos de la vereda Humadea y Castilla la Nueva.

Si bien la licencia autoriza a Ecopetrol tener 10 plataformas exploratorias por APE, no especifica la ubicación de las mismas. La empresa de hidrocarburos, cuando defina el lugar, debe presentar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) específico a la ANLA y a Cormacarena.

El PMA es el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera detallada, establece las acciones a implementar para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que cause el desarrollo del proyecto.

Ecopetrol entregó los respectivos documentos el 23 de junio (Trogón-1). Acto seguido inició la instalación de la plataforma que actualmente avanza en su construcción. Hasta el momento, no se conoce concepto emitido por Cormacarena con intención de suspender el proceso constructivo de la plataforma de exploración petrolera ubicada en el predio ‘La Porfía’.

Otro argumento, exponía que dicho predio, donde se adelantan las obras civiles de Trogón-1, estaba por encima de la cota que la ANLA establece como altura límite para hacer trabajos exploratorios (575 metros sobre el nivel del mar).

El gerente del Bloque CPO-9 de Ecopetrol, Orlando Mauricio Sánchez, aseguró que el predio se encuentro por debajo de la cota, con 552 msnm. “De Trogón a la 575 estamos a 800 metros en distancia horizontal y 23 metros debajo de la cota limitante”, dijo. Periódico del Meta encontró en el Plan de Manejo Ambiental específico de ese proyecto que la cota del predio ‘La Porfía’ es 556 msnm, es decir, se encuentra 19 metros –no 23- por debajo de la cota límite.

Grupo de verificación de buenas prácticas

Un mecanismo de participación que tiene la comunidad para poder ser garantes de las actividades y del buen –o mal- comportamiento de Ecopetrol frente a los requerimientos legales ambientales es el grupo de verificación de buenas prácticas.

Se consolida uno por cada proyecto, el de Trogón-1 se conformó en julio. Después de varios intentos de consolidación en los que, según Ecopetrol, los habitantes de la vereda nunca demostraron interés en participar, “lo que hicimos fue ampliar la invitación para que participaran miembros de la comunidad en general de Guamal y se logró la participación de 18 personas, cuatro son de Pio XII. Aun así, teniendo en cuenta la importancia del proyecto dejamos abierta la posibilidad para que las personas de la vereda que quieran integrarse al grupo se unan”, expresó Sánchez.

Alberto Doncel, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, hace parte del grupo de verificación. Resaltó que la participación de los habitantes de la vereda es baja no solo en el grupo sino también en las protestas. “En Pio XII hay más de 500 habitantes y en las protestas no hay más de 20 personas. Guamal tiene muchos problemas de medio ambiente más severos y complicados y la comunidad nunca se interesa por protestar”, resaltó.

La participación en los grupos de verificación de buenas prácticas es no remunerada y de carácter voluntario. Es importante que la comunidad se integre porque “es un grupo que no solamente es de la región sino que conoce la región, el área,  cualquier sugerencia que realicen claro que será válida y tenida en cuenta”, aseguró el gerente del bloque.

Frente a las manifestaciones pacíficas que se han presentado en el último mes, Ecopetrol solicitó el acompañamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios hasta llegar a situaciones como la del pasado 18 de agosto cuando  “integrantes del Esmad arrastraron por el barro a las señoras que estaban encadenadas. Fue humillante”, según testigos que acompañaban la protesta a la entrada de ‘La Porfía’.

Habitantes del municipio como Diego Salcedo, alegan que son 10 años los que han tenido que aprender a convivir con el saqueo de recursos, pero “este pozo específico pretenden ubicarlo en una zona de alto riesgo, por eso estamos solicitando que se den espacios democráticos como la consulta popular”.

Por ley, cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenaza con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se debe realizar una consulta popular. La responsabilidad de dicha consulta queda a cargo del municipio. Así lo establece el artículo 33 de la Ley 136 de 1994.

Lo que se ha hecho. Crear una comisión de verificación conformada por tres diputados y delegados de la gobernación. “Estamos a la espera de que ellos suspendan las actividades y respalden a la población campesina del departamento”, manifestó Salcedo. 

Mientras tanto, continúan obras civiles en Trogón-1. En el último mes, “hemos avanzado un 60%. Esperamos que el taladro llegue a finales de agosto, de ser así, a finales de este año se sabrá si Trogón-1 tiene o no petróleo”, expresó el ingeniero Sánchez.

‘La Porfía’, predio en el que se desarrollan las obras, fue adquirido por Ecopetrol el pasado 17 de noviembre. De su  extensión de 9 hectáreas (3.557 M2), se utilizan actualmente 1,14 para la construcción de la plataforma.

La obra se caracteriza por que las únicas construcciones en concreto son el contrapozo y las cunetas aceitosas que aíslan el área operativa. “Anteriormente lo que se hacía en el área operativa era una planta de concreto. En esta se optó por una estabilización en base en cemento. Son diseños nuevos que vienen jugando un poco con el tema ambiental, que en un futuro se podrían remover”, recalcó el gerente del bloque.

La locación lleva en las áreas de circulación y de equipos auxiliares un relleno en material tipo crudo de rio, apoyado sobre geotextil T 1140 o equivalente. La estructura del taladro se soporta sobre una placa en base estabilizada, soportada por una capa de afirmado, que a su vez  se apoya en relleno y geotextil.

El prospecto exploratorio hace parte del contrato suscrito con Talisman, empresa de la petrolera Repsol, en el que Ecopetrol tiene el 55% de participación y está a cargo de la operación. Con el proyecto la compañía espera confirmar el potencial de hidrocarburos de la zona.

En los llanos orientales la empresa produce 271 mil barriles de petróleo por día. Esto equivale al 26,4% de la producción nacional y a 32,2% del total de Ecopetrol. En los departamentos Casanare y Meta, el sector representó 59% y 54%, respectivamente, del PIB de 2016.