Ecos de disparos

Cuando fuimos críticos de la forma en que se estaban desarrollando los acuerdos de paz en Cuba, muchos fustigaron nuestra posición.

Sin embargo, de una forma argumentada no solo en estas páginas sino en foros y seminarios a los que invitaron a este periódico, mencionamos que en todo el andamiaje que se había montado detrás de las figuras que aparecían en televisión, faltaban las víctimas, quienes conocían a profundidad y como nadie más la guerra.

Producto de recorrer las regiones y lo más profundo de las selvas y las sabanas del Meta y del Guaviare, podíamos observar que esa causa principal, ese pilar fundamental del narcotráfico que durante años sostuvo el conflicto en el país, seguía tan vigente entre las comunidades alejadas de cascos urbanos.

Los campesinos una y otra vez nos dijeron que los cultivos ilegales y el negocio en general había cambiado de manos, muchos de ellos los mismos personajes que vestían de camuflados pero ahora se hacían llamar de otra forma y defendían los mismos intereses: el dinero.
Nunca fuimos enemigos de la paz y añoramos con todas las fuerzas que esta tierra deje la violencia sembrada en el pasado porque eso significa progreso y oportunidad de tener desarrollo en todos los niveles.

El tema infortunadamente volvió a la palestra ahora con la masacre de seis personas en Mapiripán, el lunes de esta semana, y los demás crímenes que siguen ocurriendo en el departamento pero que no salen en medios de comunicación. El mismo temor generalizado que había para hablar abiertamente del negocio de la coca y de quienes ostentan las armas y el poder, continúa.

Hasta ahora, la paz para miles de campesinos no ha sido más que un premio Nobel lejano de un presidente igualmente lejano; la firma de unos acuerdos que pocos entienden y polémicas entre ‘periodistas’ de grandes ciudades, que también parecen alejados de la realidad. Y eso lo demuestra este crimen, del cual las autoridades sospechan seriamente que se trata de problemas por negocios de narcotráfico.

La masacre de seis personas en una alejada vereda a 37 kilómetros del casco urbano significa que el Estado debe reforzar la presencia en sitios en donde desaceleró el control territorial, a raíz de los acuerdos. Es una realidad que mientras se dialogaba, grupos de delincuentes y de disidentes de las Farc asumieron la presencia en esos territorios.

No será nada fácil la misión de la Fuerza Pública, que debe retomar el control en zonas sin cometer los errores del pasado, demostrando que en realidad tanto Policía como Ejército hoy entienden de una mejor forma en materia de respeto de los derechos humanos.