Editorial | Aún estamos rezagados

El Índice Departamental de Competitividad (IDC) es una de esas herramientas que tienen los ciudadanos, los gremios y en general lo que llaman la sociedad civil, para determinar qué tan bien lo han hecho los mandatarios territoriales en gestionar el desarrollo a sus regiones.

En términos meramente académicos, la competitividad se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una región”, sin embargo está dada por 106 diferentes indicadores que, combinados, arrojan el IDC   

En el año 2006, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación trazó como una de sus metas centrales lograr que a 2030, Colombia se ubique entre los tres países más competitivos de América Latina.

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Aunque suele no ser un elemento de análisis muy dedicado en los medios de comunicación, la ciudadanía debería estar más pendiente porque desde aquí se puede establecer cómo la región o la ciudad, los gremios y los mandatarios, en su conjunto, trabajan por el bienestar de los habitantes.   

La Gobernación del Meta celebró esta semana haber escalado cuatro puestos en el ranking general del IDC, ya que en el 2021 este departamento ocupaba la posición 21, y hoy está en el puesto número 17. 

Estuvo bien que en su comunicación oficial la administración departamental haya admitido que el compromiso de corto y mediano plazo debe ser desde la Secretaría Competitividad Y Desarrollo Económico “será trabajar de manera articulada con el sector privado, para superar las brechas regionales que se acentuaron en el marco de la pandemia y que el IDC 2022 pone en evidencia”.

Y es una buena conclusión, ya que, si bien se avanzó en algunos aspectos, lo que permitió subir cuatro casillas, el Meta sigue en una posición intermedia entre las regiones del país, con un puntaje de 4,79 sobre 10, aún con una brecha amplia con Bogotá, que es la primera en el IDC, y alcanzó un puntaje de 8,59.

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Se deben crear los ecosistemas innovadores adecuados para los negocios, para la educación tecnológica, la modernización de las entidades, la sostenibilidad del medio ambiente y en especial la transparencia de las gestiones administrativas, con el fin de generar esos climas de confianza entre empresa privada y sector público.   

Estos factores y otros pilares sobre los que se basa la calificación del IDC, están profundamente ligados con la calidad de vida de la ciudadanía, que debería exigir más en esos aspectos e ir abandonando la idea de que un buen gobierno es igual a uno asistencialista.

Estaremos atentos al Índice de Competitividad por ciudades, para establecer cómo le fue a Villavicencio. Ya la pandemia no es excusa. 

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