El escandaloso billón de pesos perdido en la reforma agraria de la ANT

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, presentó este martes a la Fiscalía General de la Nación, el  ‘Libro de la Verdad’, un documento de empalme en el que reveló los 82 mayores casos de corrupción, según el nuevo gobierno.

“El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre», enfatizó el Mandatario.

Uno de los más impactantes casos es el relacionado con la Reforma Agraria, una de las banderas de la administración de Gustavo Petro y en donde él mismo le dijo al país que fue una de sus conquistas sociales. Sin embargo,  hoy se podría estar ante un multimillonario hueco fiscal, a costa de la ilusión de  miles de familias campesinas.

El agujero negro en la ANT

De acuerdo con las evidencias aportadas al ente investigador, a través del Fondo de Tierras se reportó la supuesta entrega de 351.463 hectáreas. Sin embargo, la realidad jurídica es desoladora: apenas 98.148 hectáreas (apenas un 7% de la meta trazada para el periodo 2022-2026) cuentan con registro pleno y legal ante las Oficinas de Instrumentos Públicos.

¿Qué pasó con el resto? El gobierno de Petro anterior entregó 206.273 hectáreas de forma provisional. Hoy, miles de campesinos labran la tierra convencidos de que son propietarios, cuando en realidad el Estado los dejó a la deriva sin un solo título legal que los respalde. Fue una ocupación de tierras disfrazada de política pública.

Si el engaño a los campesinos es grave, el descalabro financiero con los recursos de todos los colombianos raya en lo criminal. El patrón de opacidad se repite sistemáticamente en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde el despilfarro alcanzó cifras astronómicas.

La Contraloría ya había encendido las alarmas, y el ‘Libro de la Verdad’ lo ratificó al mencionar que la ANT desembolsó la escandalosa suma de $979.003 millones de pesos para adquirir 537 predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). ¿El resultado? Al corte del 22 de junio de 2026, solo tres de esos predios tenían escritura registrada a favor de la Nación.

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El Estado giró casi un billón de pesos, pagó la totalidad del dinero, pero fue incapaz de consolidar la propiedad de prácticamente todo lo que compró.

Aunque el gobierno saliente dice que fue un «éxito», no hay respaldos en la titularidad real de la tierra que fue entregada, de acuerdo al informe de empalme de De la Espriella.

«El costo de esta opacidad lo pagan los campesinos, no el gobierno que se fue. Sin título registrado un beneficiario no puede vender su tierra, no puede heredarla ni usarla como respaldo de  crédito, y queda expuesto al despojo por terceros. En la práctica, el Gobierno anterior promovió una ocupación de tierras sin garantías legales y la presentó como una conquista social», dice  ‘El Libro de la Verdad’.

El manejo irregular de casi un billón de pesos en predios fantasmas no solo representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, sino que abre una peligrosa caja de Pandora llena de litigios, demandas y posibles focos de corrupción estructural que la nueva administración tendrá que entrar a sanear y que la Fiscalía deberá investigar.

“Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde», afirmó el Mandatario, quien manifestó su respeto por la autonomía constitucional de los organismos de control y por la presunción de inocencia de las personas que eventualmente puedan resultar involucradas en la investigación.